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La Cámara de Diputados llevará a cabo una sesión especial este miércoles con un amplio temario que incluye los proyectos de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, de Discapacidad, de Morosidad Familiar, entre otros.
El Ejecutivo buscará impulsar así su agenda, incluyendo la restitución de los límites a la Ley de Tierras que la Corte Suprema frenó.
Uno por uno, los proyectos que tratará Diputados
Con el quórum prácticamente asegurado, el oficialismo buscará defender sus dictámenes de mayoría, mientras que la oposición intentará aprovechar la discusión para avanzar con sus propias iniciativas sobre discapacidad y endeudamiento familiar.
La sesión iniciará a las 12 y prevén que pueda extenderse hasta la madrugada del jueves. Los proyectos que tratarán:
Inviolabilidad de la Propiedad Privada y foco en la Ley de Tierras
El proyecto llega a Diputados con media sanción del Senado, donde la oposición peronista le quitó dos capítulos: el vinculado a la Ley de Manejo del Fuego y el que modificaba el régimen de tierras rurales.
El DNU 70/2023 había derogado la Ley de Tierras Rurales (26.737) en su artículo 154. En septiembre, la Corte Suprema revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional esa derogación, por falta de legitimación de la entidad que presentó el amparo. Luego aclaró que no se pronunció sobre el fondo de la cuestión ni limita el debate en el Congreso, donde el Senado ya rechazó el DNU en marzo de 2024 y Diputados lo examina.
En ese contexto, y tras las protestas sociales contra la extranjerización, el Gobierno busca reincorporar el régimen en el tratamiento en Diputados. La propuesta fija un tope del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, además de un límite de 1000 hectáreas en zonas núcleo, espejos de agua y zonas de frontera.
La versión menguada de la Ley de Propiedad Privada que quedó en pie después de la extirpación en el Senado son capítulos que modifican la Ley de Expropiaciones, restringiendo las capacidades del Estado para declarar la utilidad pública de bienes inmuebles, y también una reforma de la ley de Desalojos para permitir acortar drásticamente los tiempos judiciales para la restitución de propiedades usurpadas o con tenencias irregulares.
En cuanto a las expropiaciones, el dictamen de mayoría estableció que habrá tope del 30% de indemnización por lucro cesante si está debidamente acreditado; el proyecto original no ponía ningún porcentaje.
Sobre los desalojos por usurpación, se dispone que el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble y podrá intimar dentro de las 72 horas su devolución si así lo pide el propietario, que deberá mostrar con prueba documental que es el dueño de este terreno, vivienda o campo.
En el caso de desalojos por mora (es decir, cuando no hay una usurpación directa), luego de la intimación al pago, los inquilinos tendrán un plazo de al menos 10 días para regularizar deudas antes de que el locador les pueda iniciar la acción de desalojo, contando desde el momento en que recibieron la notificación.
Ley de Discapacidad
El oficialismo no debería pasar apuros, ya que tiene cerrado el dictamen a partir de concesiones a pedido de Argentina Federal y el MID.
El proyecto de “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad” toma en cuenta casi todo el esquema de beneficios plasmados en la ley 27.793 de Discapacidad, pero le saca el carácter de emergencia y transitoriedad, convirtiéndola en una norma de orden público, con efectos permanentes, que exceden los gobiernos de turno.
En este sentido, para La Libertad Avanza, este proyecto cristaliza una versión “superadora” de la ley de emergencia que la oposición de Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y Elijo Catamarca busca prorrogar por un año más hasta el 31 de diciembre del 2027.
Lo que se mantiene de la ley de emergencia es, por ejemplo, la compatibilidad entre el goce de una pensión no contributiva por discapacidad (70% del haber jubilatorio mínimo) para titulares del CUD y tener un empleo formal o monotributo, siempre y cuando los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles.
Además, se mantiene el principio de nomenclador único, se ratifica la indexación automática periódica de los aranceles de las prestaciones por el índice de movilidad jubilatoria y se garantiza la cobertura básica de protección médica del Plan Federal Incluir Salud para quienes tengan la pensión por discapacidad.
Financiamiento
En cuanto al financiamiento, se establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior en términos reales al ejercicio fiscal del año anterior.
Por otro lado, se crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del debido proceso inclusivo.
Morosidad familiar
La agenda también incluye proyectos vinculados con el endeudamiento de las familias. En este punto, el oficialismo presentará un dictamen con diferencias respecto de las iniciativas impulsadas por Unión por la Patria y Provincias Unidas. La propuesta de LLA, acompañada por aliados del PRO y la UCR, pone el foco en la educación financiera, la transparencia crediticia y la prevención del fraude digital.
El texto no plantea una intervención estatal directa sobre los acuerdos crediticios entre privados. La diputada libertaria Silvana Giudici defendió ese enfoque y sostuvo que el Estado no debe intervenir en ese tipo de relaciones.
Ley contra el vandalismo rural
El proyecto impulsado por el PRO y avalado por LLA, UCR, Provincias Unidas y bloques provinciales busca incorporar la figura del vandalismo rural al Código Penal, con el objetivo de imponer duras sanciones de hasta 8 años de cárcel por la intrusión en los campos y los ataques al sistema de producción agropecuaria.
Trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y el recuerdo de la crisis del fentanilo
Se tratará un dictamen único firmado por unanimidad para la creación de un Sistema Nacional de Alerta y Trazabilidad de Eventos Críticos en Salud, con foco en medicamentos de alto riesgo.
La iniciativa, que tiene como autora principal a Silvana Giudici (La Libertad Avanza), constituye una respuesta a la tragedia sanitaria que comenzó en abril del 2025, cuando el fentanilo contaminado de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo causó al menos 90 muertes y afectó a otras 44 personas.
