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Con el diputado Eduardo Valdés a la cabeza, una quincena de diputados del Frente de Todos presentó el pedido de juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
El fallo a favor de la CABA en la disputa por los fondos de la coparticipación, la acordada que declaró inconstitucional la conformación del Consejo de la Magistratura y las supuestas comunicaciones entre un funcionario de Horacio Rodríguez Larreta y un colaborador de Rosatti, Silvio Robles se encuentran entre los principales fundamentos que enumeraron los legisladores nacionales para avanzar con el pedido de juicio político.
El proyecto de resolución, en el que se pide la citación de los cuatro magistrados a la Comisión de Juicio Político que preside la albertista Carolina Gaillard, incluye en un anexo el documento suscrito por el presidente Alberto Fernández y los 11 gobernadores, en el que le solicitan a la Cámara de Diputados que impulse el Juicio Político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Entre el proyecto de resolución y los los anexos, la iniciativa suma un total de 410 páginas.
En el proyecto de resolución, los diputados enumeran, entre los "hechos de mal desempeño de los integrantes de la Corte Suprema" haber decidido de manera arbitraria "invadir las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes".
En este sentido, le atribuyen al Máximo Tribunal haber "quebrantando" los "pilares básicos" del sistema republicano, "en especial el principio de división de poderes".
Sobre el fallo de la coparticipación
El fallo de la Corte Suprema de Justicia que favoreció a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el reparto de la coparticipación ocupa un lugar central en el pedido de juicio político.
En proyecto, los diputados acusan a los cuatro magistrados de haber cometido un "grave ataque" tras haber dictado "una arbitraria sentencia que pone en jaque la repartición federal de los recursos que integran el erario público nacional, afectando de manera directa a las provincias y generando un irreparable desequilibrio entre éstas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Rosatti, en la mira
Los diputados del Frente de Todos también le dedican un apartado al presidente del Máximo Tribunal, Horacio Rosatti. Se lo acusa de haber vertido expresiones, aunque el texto aclara "en caso que sean corroboradas", que "denotan la intencionalidad de condicionar el ejercicio de sus facultades constitucionales por parte de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Nación".
La acusación se basa en una nota del diario La Nación. "Horacio Rosatti le envió una clara advertencia al Gobierno por las reformas Judiciales. El presidente de la Corte Suprema dijo que solo funcionarán los cambios que tengan el consenso y participación del Poder Judicial; recordó los fracasos en las transformaciones intentadas en los últimos tres años", dice la nota periodística citada en el proyecto de resolución.
Atropello en el Consejo de la Magistratura
En otro apartado, el pedido de juicio político apunta contra Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda por "los atropellos en el Consejo de la Magistratura". En concreto, se refieren al fallo dictado en diciembre del año pasado que declaró inconstitucional la conformación del organismo que se encarga del nombramiento y remoción de jueces.
Con la medida, el tribunal le dio un plazo de seis meses al Congreso para que avanzara en una ley. Como eso no ocurrió, tal cual estableció la Corte, el organismo volvió a su composición originaria. Esto significó que Rosatti se sumara a su integración, ocupando nada menos que la Presidencia.
FIltraciones
El ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y las supuestas conversaciones que mantuvo con uno de los colaboradores de Rosatti, quien supuestamente le "daba letra" para defender su postura en torno a la conformación del Consejo de la Magistratura también está incluido entre los fundamentos del pedido de juicio político.
Para justificar el uso de las filtraciones, los diputados escribieron: "Más allá de que se desconoce el origen de esas comunicaciones (...) se trata aquí de merituar esa información para dar inmediato inicio a un proceso de juzgamiento político por mal desempeño".
En este sentido, los diputados se basan en un "penoso antecedente". Y citan "La prueba que motivó la reapertura del caso (Memorándum de entendimiento con Irán), un audio de una conversación telefónica que los dos participantes de la misma negaron haber grabado, por tanto ilegal, fue validada por el juez federal de primera instancia, Claudio Bonadío".
Para los diputados del Frente de Todos, "la convivencia y la negociación entre ambos funcionarios ha quedado al desnudo en los chats publicados, los que demuestran que Horacio Rosatti, a través de Silvio Robles, ha desarrollado operaciones políticas específicas ejecutadas a través de arbitrarios fallos judiciales".
Quiénes firman el pedido de juicio político
Los firmantes de la iniciativa, además de Valdés, son Uceda, Marisa Lourdes; Casaretto, Marcelo Pablo; Fernandez, Agustín; Pereyra, Julio; Marin, Vanina Lis; Caparros Mabel Luisa; Herrera Bernardo José; Ginocchio Silvana Gonzalez; Gustavo Carlos Miguel; Parola, María Graciela; Herrera, Ricardo; Leiva, Aldo Adolfo; Osuna, Blanca Inés y Brawer, Mara.
