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Después de varias semanas de negociaciones paritarias fallidas, la Unión Tranviarios Automotor(UTA) convocó a un paro de colectivos por 24 horas en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La medida dispuesta para este jueves 31 de octubre, oficializada el pasado lunes por el sindicato que encabeza Roberto Fernández, podría destrabarse a último momentodependiendo de lo que ocurra en una reunión clave que se llevará adelante este miércoles.
Es que finalmente, y después de varios intentos por sentarse con las autoridades a discutir diferencias en la estimación de compensaciones necesarias para cubrir costos, las empresas del sector serán recibidas en el Ministerio de Economía horas antes de que comience el paro.
" Dado los reiterados planteos por este tema se nos comunicó que seremos recibidos por autoridades del Ministerio de Economía el próximo miércoles a efectos de discutir la corrección de esta diferencia con tarifa o con compensaciones", señaló la parte empresarial en una de las últimas reuniones con los representantes de los choferes.
En caso de recibir una respuesta satisfactoria a sus pedidos, que apuntan a un nuevo aumento de tarifas o a la de mayores subsidios, podrían cubrir las demandas salariales de la UTA, dejando sin efecto cualquier medida de reclamo.
Las empresas apuntan al régimen "cuasi estatista y expropiador" del Gobierno
Al tomar la palabra en la audiencia del pasado jueves, las cámaras (AAETA, CEAP, CTPBA y CEUTUPBA) reiteraron que ya demostraron en diferentes instancias "la imposibilidad material de hacer frente a cualquier ofrecimiento salarial posterior a julio 2024, habida cuenta los groseros errores de cálculo en la determinación de los ingresos de las empresas" publicado por la Secretaría de Transporte de la Nación.
"Los operadores, como ha sido reiteradas veces expresado, no desarrollamos nuestra actividad en un contexto de libre mercado y competencia en donde el precio de nuestro servicio surge de la libre oferta y demanda, obteniendo así los recursos para gestionar luego el costo de insumos y salarios, sino que por el contrario el 100% de los ingresos de los permisionarios son decididos por el Estado en un régimen cuasi estatista y expropiador", reclamaron.
"La voluntad política con la cual se ajustan las tarifas o compensaciones tarifarias, responden a variables que quizás estén relacionadas con priorizar la publicación de índices de inflación más bajos, o en derivar el gasto público en otras prioridades, pero nada tiene que ver con la calidad del servicio o la sostenibilidad de las empresas de transporte automotor de pasajeros del AMBA", remarcaron.
En ese sentido, desde la parte empresarial reclamaron una "planificación" que permita darle previsibilidad al cobro de los ingresos o cómo y cuándo se actualizan las tarifas.
"Por ser hoy Argentina uno de los países de mayor inflación mundial, se requiere en forma imprescindible una planificación que permita asumir compromisos futuros ineludibles como el pago de salarios", agregaron.
Para sostener su argumento, presentaron un cuadro en el que se detalla que, en el período enero 2024/setiembre 2024, los ingresos del sector aumentaron un 27%, mientras que los los salarios del personal presentaron una variación porcentual del 78%.
"En consecuencia, nadie puede decir que el sector empresarial no ha actuado con la responsabilidad inherente al de un buen empleador, cuando ha privilegiado los salarios de su personal, muy por encima de sus ingresos y en el marco de incertidumbre absoluta ya descripto, en el que los costos reconocidos se encuentran lejos de los reales y en donde la rentabilidad no es sino una fantasía", concluyeron.
Finalmente, y respecto a la "sobreestimación de recaudación" que presentó la Secretaría de Trabajo, las empresas adelantaron que lograron ser recibidos por las autoridades del Ministerio de Economía el próximo miércoles, a efectos de discutir la corrección de esta diferencia con tarifa o con compensaciones.
La UTA llamó a las autoridades a evitar el paro
Pese a las explicaciones de las empresas, los representantes de la UTA, con Roberto Fernández (secretario general) y Jorge Kiener (secretario adjunto) a la cabeza, exigieron una respuesta inmediata.
" Lamentablemente los empresarios solo refieren impedimentos, diferencias de estructuras de costos y palabras más palabras, que en nada aportan a la solución", remarcaron.
"Los empresarios saben que nuestros salarios son utilizados para comer, para tener un vivienda digna, para asegurar la educación de nuestros hijos y todo aquello que sea necesario para vivir, sin embargo más a pesar de ello no hay ofrecimiento alguno. ¿Qué pretenden entonces?", arremetieron.
En su descargo, y tal como indicaron en el último comunicado que difundieron a la prensa, los sindicalistas exigieron la intervención de las autoridades nacionales para proteger los derechos de los trabajadores y hacer cumplir con el artículo 14 bis de la Constitución.
"Sabido es que las empresas han recibido un incremento de las asignaciones establecidas en la estructura de costos publicadas por el Estado Nacional, con una lógica previsión de aumento salarial. El Estado Nacional ha efectivizado mayores aportes para los meses de agosto, septiembre y octubre del presente año, en orden a los $ 17.877.000.000, pese a lo cual, las empresas no han ofrecido ningún aumento salarial, reteniendo indebidamente dichas sumas", denunciaron.
"Esperamos que tanto las empresas como las autoridades de transporte nacional, provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires se hagan responsables ante la sociedad y se comprometan a acordar los salarios, evitando la medida que genera tanto daño para los trabajadores y los usuarios", solicitaron.
En esa línea, desde la UTA aún mantienen una mínima esperanza de recibir una buena noticia a último momento. "Muchas veces estas cosas se arreglan sobre la hora, las empresas suelen jugar hasta lo último", se mostró confiado un participante de las negociaciones en diálogo con este medio.
