En esta noticia
- Nueva SIDE: cuáles son los principales cambios del sistema nacional de inteligencia
- 1- Todas las operaciones serán encubiertas
- 2- Facultad para aprehender personas
- 3- Protección armada
- 4- Cambios en los nombres de las agencias
- 5- Nueva estructura de ciberseguridad
- 6- Contrainteligencia como prioridad
- 7- Mayor jerarquización del sistema
- 8- Apoyo de Fuerzas Armadas y policías
- 9- Marco legal para el personal
El Gobierno tiene listo un decreto de necesidad y urgencia que reformará la ley de Inteligencia Nacional y otorgará mayor poder a la SIDE, que conduce Cristian Auguadra. Fuentes del Gobierno confirmaron a El Cronista que el DNU ya tiene la firma del presidente Javier Milei y se publicaría este viernes en el Boletín Oficial.
El objetivo central es concentrar el sistema nacional de inteligencia bajo la conducción de la SIDE. Incluso ampliar su capacidad operativa a partir de la confluencia de información con otros organismos y la eliminación de un órgano vinculado a las fuerzas armadas. No obstante, sus responsables insisten que también se incrementarán los controles sobre el organismo, un punto que no abonan desde la oposición.
Las versiones sobre una serie de “reformas de segunda generación” al universo de la inteligencia nacional tal como lo presentan desde el Gobierno circulan hace tiempo y crecieron tras el desplazamiento de Sergio Neiffert en el contexto de una interna fría que se vivió en el organismo y que se mantiene latente en el Ejecutivo, más allá de la aparente distensión.
Quizás por ello un dato que no pasa desapercibido es que la reestructuración del sistema de inteligencia incluye un control explícito por parte de Jefatura de Gabinete, a través de la Secretaría de Innovación. Siendo que la SIDE forma parte del campo de influencia del asesor todoterreno Santiago Caputo -aún y quizás a raíz incluso del cambio de cúpula reciente-, el punto de control desde el ministerio coordinador que comanda Manuel Adorni, recostado sobre el vértice opuesto del Triángulo de Hierro, no resulta menor.
Acorde a información de fuentes del Ejecutivo, lo que se busca es reordenar y profundizar el funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional, con eje en una mayor concentración, integración y conducción estratégica en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La iniciativa, que se apoya en las modificaciones ya introducidas por el Decreto 614/24 y propone cambios sobre la Ley 25.520, es presentada como un paso clave para “modernizar el sistema, adaptarlo a amenazas contemporáneas y dotarlo de mayor control y legitimidad institucional”.
Se trata, en efecto, de una profundización del plan de modernización integral de la política de inteligencia nacional, tras 20 años sin modificaciones. La iniciativa tiene también como antecedente el Decreto 864/2025 que se conoció a principios de diciembre, apenas 48 horas después del desembarco de Cristian Auguadra como nuevo titular de la SIDE.
Tal como informó El Cronista, la nueva Política de Inteligencia Nacional estableció 10 lineamientos estratégicos que van desde el posicionamiento internacional de la Argentina hasta la lucha contra el crimen organizado, pasando por la protección de recursos estratégicos, la ciberseguridad y la soberanía sobre Malvinas y la Antártida.
Con este nuevo DNU, el objetivo es otorgar mayor poder a la SIDE para concentrar toda la gestión del sistema de inteligencia bajo su control, estableciendo un ordenamiento “que integra al Estado, separa funciones policiales, adapta el sistema a amenazas contemporáneas y lo somete a mayores controles”.
Acorde a la explicación oficial, el objetivo central de esta nueva reforma es mejorar la capacidad estratégica del Poder Ejecutivo, a partir de un sistema de inteligencia más integrado al Estado, separado de funciones policiales y judiciales, y con reglas precisas sobre qué está permitido y qué está prohibido para su personal. En esa línea, el Gobierno subraya que la inteligencia no cumple tareas represivas ni de investigación criminal, sino que produce inteligencia estratégica para la toma de decisiones.
Uno de los ejes centrales del decreto es, en concreto, la creación de una Comunidad de Inteligencia, concebida como un ámbito de integración funcional permanente, bajo conducción de la SIDE. Allí confluirán todos los organismos especializados del Estado que producen inteligencia, con el objetivo de compartir información y evitar duplicaciones históricas.
Desde la mirada oficial, este esquema permite incorporar al análisis estratégico nacional saberes sectoriales que exceden el campo clásico de la seguridad, como información económica, financiera, sanitaria, tecnológica, climática o comunicacional, en un contexto global definido como complejo y multidimensional. Pero desde la oposición, lo tildan de una concentración excesiva del poder que desdibuja las fronteras del accionar de los espías.
En paralelo, la reforma establece una Comunidad Informativa, una red más amplia de organismos estatales que, sin producir inteligencia en sentido estricto, aportarán datos relevantes a la SIDE. Este flujo de información busca ampliar el horizonte informativo del sistema y mejorar la base sobre la cual se elabora la inteligencia estratégica. En términos prácticos, implica que áreas del Estado ajenas al núcleo duro del sistema de inteligencia pasen a nutrir de manera sistemática el proceso de análisis centralizado.
Otro punto destacado por el Gobierno es la separación explícita entre ciberseguridad y ciberinteligencia. El decreto distingue entre la protección de redes, sistemas y activos —función que quedará a cargo del nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad, bajo la órbita de la Secretaría de Innovación de la Jefatura de Gabinete— y la obtención de conocimiento estratégico desde el ciberespacio, que seguirá siendo competencia del sistema de inteligencia.
Una vez más, en el Gobierno destacan esta diferenciación como una mejora para la transparencia a la vez que facilita la cooperación internacional y habilita un mejor acceso a financiamiento en materia tecnológica. La reforma también redefine el rol de la Agencia de Seguridad Nacional, que se reorienta de manera exclusiva a tareas de contrainteligencia para evitar superposiciones con la Policía Federal y dejar la investigación criminal en manos de las fuerzas de seguridad.
En ese marco, el decreto avanza en una explicitación legal de la contrainteligencia, que pasa a definirse como una actividad preventiva destinada a detectar y analizar espionaje, sabotaje e injerencias, interferencias o influencias extranjeras. El Gobierno sostiene que esta precisión normativa permite actualizar el marco legal frente a amenazas de tipo tecnológico, político y cognitivo. A contramano, en la oposición ponen el foco en la amplitud de las categorías que pueden describirse como presuntas amenazas.
En línea con una lógica de optimización de recursos, la reforma habilita formalmente que el sistema de inteligencia pueda solicitar apoyo técnico o logístico a las Fuerzas Armadas, fuerzas federales y policías. Según se aclara desde el Ejecutivo, esta cooperación no implica confusión de funciones, sino el aprovechamiento de capacidades existentes —como sensores, plataformas o medios técnicos— para fortalecer el análisis estratégico.
El decreto también introduce cambios de fondo en el esquema de inteligencia militar. Se disuelve la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) y se establece que la producción de inteligencia estratégica militar quede concentrada en el Estado Mayor Conjunto. Una vez más, el Gobierno alega que este ordenamiento fortalece la inteligencia militar conjunta, elimina duplicaciones y mejora la articulación con el sistema de inteligencia nacional bajo conducción de la SIDE.
En materia de controles, la reforma prevé un fortalecimiento institucional interno. La actual División de Asuntos Internos pasa a denominarse Inspectoría General de Inteligencia, con mayores atribuciones para realizar auditorías, investigaciones internas y controles de legalidad, así como seguimiento presupuestario y de eficiencia. Este punto es presentado como una pieza clave para reforzar la confianza ciudadana, junto con mayores controles legales, técnicos y presupuestarios, y el inicio de una comunicación institucional más clara.
Finalmente, el decreto avanza en una designación centralizada de autoridades: los titulares de los órganos desconcentrados del sistema serán designados por el Secretario de Inteligencia. Desde la óptica oficial, esta medida refuerza la conducción jerárquica y el control interno, consolidando a la SIDE como eje ordenador del conjunto del sistema.
Desde la oposición, las dudas y cuestionamientos no dejan de multiplicarse, a la espera de conocer la letra oficial. El diputado nacional Esteban Paulón (Partido Socialista) cuestionó por caso que el texto del decreto amplía de manera riesgosa el alcance del sistema de inteligencia.
También el diputado del FIT, Christian Castillo, acusó que “entre gallos y medianoche Milei sacó el DNU 941/2025 que modifica la Ley de Inteligencia e implica un salto en el espionaje a opositores políticos y periodistas y en la legalización de un estado policial”.
En un posteo en sus redes, Paulón puntualizó que el DNU incorpora definiciones de “riesgos” que, en la práctica, podrían abarcar a activistas, dirigentes opositores y periodistas. Para el legislador, esto implica una admisión explícita de que el Estado podría utilizar recursos públicos para perseguir a quienes expresan posiciones críticas, lo que calificó como una deriva hacia un “Estado policial”.
En ese marco, Paulón también puso el foco en las disposiciones que habilitan la “preservación de métodos y fuentes” de inteligencia sin establecer límites claros. A su criterio, esta redacción otorga una “carta blanca” a la SIDE y podría derivar en un esquema de impunidad para los agentes, al permitirles actuar por fuera de la ley bajo el argumento de la seguridad nacional.
Otra de las críticas centrales apuntó al nivel de secretismo que, según el diputado, introduce el decreto. Paulón sostuvo que al declarar como “encubiertas” la totalidad de las actividades de inteligencia, se eliminan instancias clave de transparencia y control, en particular sobre el uso de los fondos reservados. En ese sentido, advirtió que el nuevo esquema podría consolidar una “caja negra” financiada con recursos públicos, sin mecanismos efectivos de supervisión.
Sobre los cambios en materia de inteligencia militar, el legislador expresó que el decreto excluye al Congreso del control civil sobre este ámbito al otorgar mayor autonomía al Estado Mayor Conjunto, lo que consideró un retroceso histórico. Desde su perspectiva, esta modificación rompe el consenso democrático construido tras la recuperación institucional, basado en la separación entre Defensa Nacional y Seguridad Interior.
“El Congreso tiene la obligación moral y legal de rechazar este DNU. La inteligencia debe servir para proteger a la Nación de amenazas externas, no para vigilar a los ciudadanos de a pie. Defendamos la libertad, pero la de verdad”, concluyó Paulón.
Nueva SIDE: cuáles son los principales cambios del sistema nacional de inteligencia
1- Todas las operaciones serán encubiertas
Todas las actividades de inteligencia nacional tendrán carácter encubierto “en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”. Esta disposición marca un cambio en la transparencia de las operaciones del sistema.
2- Facultad para aprehender personas
Uno de los puntos más controvertidos, ya que habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en tres situaciones: durante actividades de inteligencia, por auxilio o requerimiento judicial, y en casos de flagrancia. El texto especifica que deberán dar “aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”.
3- Protección armada
Autoriza a los órganos del sistema a “repeler y/o hacer cesar las agresiones” que pongan en riesgo sus instalaciones, bienes, personal, operaciones e información. Esta facultad aplicará tanto en sedes fijas como durante desplazamientos o en lugares donde se desarrollen actividades de inteligencia.
4- Cambios en los nombres de las agencias
Renombra tres organismos clave. La Agencia de Seguridad Nacional pasará a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia. La Agencia Federal de Ciberseguridad se convertirá en Agencia Federal de Ciberinteligencia. Y la División de Asuntos Internos será rebautizada como Inspectoría General de Inteligencia.
5- Nueva estructura de ciberseguridad
Se separan las áreas de ciberinteligencia y ciberseguridad. La primera quedará bajo la órbita de la SIDE, mientras que la segunda pasará a depender de la Jefatura de Gabinete. Se creará un Centro Nacional de Ciberseguridad en la Secretaría de Innovación, que se ocupará de proteger redes, sistemas y activos.
6- Contrainteligencia como prioridad
La Agencia de Seguridad Nacional se reorientará exclusivamente hacia la contrainteligencia, “evitando superposición con la Policía Federal y dejando la investigación criminal en manos de las fuerzas de seguridad”. El foco estará en detectar espionaje, sabotaje, injerencia e influencia extranjera.
7- Mayor jerarquización del sistema
Se establece que los titulares de los órganos desconcentrados serán designados por el Secretario de Inteligencia, reforzando la conducción jerárquica. Se crea un ámbito de integración funcional permanente bajo conducción de la SIDE para compartir inteligencia entre todos los organismos especializados del Estado.
8- Apoyo de Fuerzas Armadas y policías
La reforma habilita formalmente que la inteligencia solicite apoyo técnico o logístico de las Fuerzas Armadas, fuerzas federales y policías, “sin confundir funciones, para optimizar recursos y capacidades”. Además, elimina la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y traslada esa producción al Estado Mayor Conjunto.
9- Marco legal para el personal
El Gobierno aclara que el sistema “no cumple tareas policiales ni judiciales, sino que produce inteligencia estratégica para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo”.
