El Gobierno nacional formalizó este martes el envío a Diputados de un proyecto de ley que redefine el régimen de subsidios al gas en zonas frías, con el objetivo de recortar el gasto, ordenar el sistema energético y avanzar en el “sinceramiento tarifario”. La iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, propone eliminar la bonificación generalizada del 50% sobre la tarifa de gas para las zonas incorporadas en la ampliación de 2021 y reemplazarla por un esquema focalizado en hogares vulnerables. El proyecto cuestiona explícitamente esa ampliación —formalizada por la ley 27.637— al considerar que “desnaturalizó” el régimen original, al extender beneficios a regiones sin condiciones climáticas equivalentes y elevar significativamente el costo fiscal. El nuevo esquema mantiene el subsidio pleno únicamente para las regiones históricamente contempladas: la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la zona de la Puna. En el resto del país, el beneficio dejará de ser universal y quedará limitado a los hogares de menores ingresos que estén inscriptos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Ese sistema creado a fines de 2025 alcanza a familias con ingresos de hasta tres canastas básicas totales y a beneficiarios de programas sociales como ReNaBaP o pensiones a veteranos de Malvinas. En paralelo, el subsidio ya no se calculará sobre la tarifa total sino exclusivamente sobre el precio del gas, y se pagará directamente a los productores, eliminando intermediaciones de distribuidoras para evitar distorsiones en la cadena de pagos. El recorte impactará principalmente en las zonas incorporadas en 2021, donde regía una bonificación generalizada. Según el esquema vigente, esas áreas abarcan 55 departamentos en la provincia de Buenos Aires, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 8 en Santa Fe, además de regiones en Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Catamarca, La Rioja y Tucumán. En esos distritos, miles de usuarios dejarán de recibir automáticamente el descuento del 50% y solo mantendrán el beneficio quienes cumplan con los criterios socioeconómicos del SEF. El Gobierno sostiene que el cambio apunta a mejorar la equidad del sistema, al evitar subsidios cruzados financiados por todos los usuarios del país y concentrar la ayuda en quienes realmente la necesitan. El proyecto forma parte de un paquete más amplio de medidas energéticas que incluye la regularización de deudas del sistema eléctrico y la eliminación de regímenes promocionales para petroleras. En el caso del gas, el diagnóstico oficial es que el esquema actual es fiscalmente insostenible. El Fondo Fiduciario que financia los subsidios —alimentado con un recargo de hasta 7,5% sobre el precio del gas— ya no alcanza para cubrir el costo del régimen, lo que obligó a aportar recursos del Tesoro y generó atrasos en los pagos a distribuidoras y productores. “La escasez de fondos y el déficit fiscal han derivado en la ruptura de la cadena de pagos”, advierte el mensaje de elevación del Ejecutivo. Además de la focalización de subsidios, la iniciativa busca reordenar el funcionamiento del sistema energético en su conjunto. Entre otros puntos, establece mecanismos para compensar deudas de distribuidoras eléctricas con CAMMESA, garantiza el traslado automático de costos a tarifas y elimina beneficios cambiarios y fiscales para la producción hidrocarburífera. El oficialismo plantea que el nuevo esquema permitirá reducir el déficit, transparentar los costos reales de la energía y generar condiciones más previsibles para la inversión. La discusión ahora se traslada al Congreso, donde el recorte de subsidios en amplias zonas del país anticipa un debate con fuerte impacto político y territorial. La Ley de Ampliación del Régimen de Zona Fría tuvo su origen en la Cámara de Diputados, donde obtuvo media sanción en junio de 2021 con 190 votos a favor, 16 en contra y 43 abstenciones. La iniciativa, impulsada principalmente por Máximo Kirchner desde el bloque del Frente de Todos, también recogió aportes de legisladores de otras fuerzas, como el mendocino José Luis Ramón y la diputada Liliana Schwindt. El proyecto proponía extender los descuentos en las tarifas de gas natural a localidades de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis, Salta y otras provincias que hasta ese momento quedaban fuera del régimen histórico de subsidios patagónicos. Semanas después, el Senado ratificó la iniciativa con 51 votos afirmativos y 12 negativos, convirtiéndola en ley. La norma prorrogó por diez años el Fondo Fiduciario de Consumos Residenciales de Gas —hasta el 31 de diciembre de 2031— y amplió el universo de beneficiarios a más de tres millones de hogares, que pasaron a recibir descuentos de entre el 30% y el 50% en sus facturas de gas según su situación socioeconómica.
