Por qué Argentina le puso fin al pacto de Mauricio Macri con el Reino Unido

El Gobierno le puso fin al pacto "Foradori-Duncan" firmado en 2016 durante el gobierno de Cambiemos. Así se lo comunicó esta mañana el canciller Santiago Cafiero a su par británico en el marco de la Cumbre de Cancilleres del G20.

Cafiero se reunió con su par británico James Cleverly en Nueva Delhi y le notificó la decisión del gobierno de Alberto Fernández de ponerle fin al pacto "Foradori-Duncan". Asimismo, el funcionario planteó reiniciar la discusión por la soberanía de las Islas Malvinas en una primera reunión entre ambos países en la ONU, en Nueva York.

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La nota entregada por Cafiero a Cleverly señala que la Argentina ha buscado colaborar en asuntos concretos como vuelos, actividad científica en la Antártida o conservación y preservación de recursos pesqueros, ‘‘sin que la disposición demostrada por la Argentina haya sido respondida de manera recíproca por su gobierno''.

Por el contrario, señala la misiva, ‘‘el Reino Unido ha realizado continuadamente actos unilaterales, que han sido oportuna y debidamente protestados por la República Argentina". 

Además, se plantea que "el Gobierno británico se ha negado sistemáticamente a reanudar las negociaciones de soberanía a que reiteradamente instan las Naciones Unidas y que exige el artículo 2(3) de la Carta. En consecuencia, tampoco se ha permitido dar cumplimiento al mandato impuesto por la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas".

El canciller Cafiero resaltó que esas acciones son incompatibles con la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a las dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las islas están atravesando por el proceso de descolonización. 

Es por eso que el documento presentado por Cafiero ‘‘informa al gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que el Comunicado Conjunto del 13 de septiembre de 2016, conocido como ‘Foradori-Duncan', y sus efectos, se dan por terminados''.

La oferta de la Argentina al Reino Unido

En otro tramo de la nota, el Gobierno plantea la necesidad de reanudar un proceso formal de negociaciones para retomar el espíritu de negociación, cooperación y diálogo que primó tras la aprobación de la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas y que "permitió el abordaje de todos los temas de interés mutuo, entre ellos la cuestión de la soberanía". 

Asimismo, se destaca que la Argentina propuso llevar adelante una primera reunión en la sede de las Naciones Unidas, en la ciudad Nueva York, como cita la comunicación que está dirigida al secretario de Estado para Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad, James Cleverly.

La propuesta que presentó Cafiero indica que ‘‘la República Argentina considera la necesidad de adoptar una nueva agenda bilateral relativa al Atlántico Sur'', y por esto considera que se requiere ‘‘el establecimiento de un proceso formal de negociaciones dentro del marco general establecido por la Resolución 2065 (XX)'', transparente y de buena fe.

Los motivos para anular el pacto Foradori-Duncan

El pacto fue firmado en 2016, durante el gobierno de Cambiemos y para el oficialismo fue uno de los hechos "más lesivos" para el histórico reclamo por el ejercicio de soberanía sobre las islas Malvinas. "Si no hubiera sido por la reacción de amplios sectores políticos y sociales, especialmente del Congreso y de veteranos de guerra, sus consecuencias habrían sido irreparables", plantean desde el Ejecutivo.

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, subrayó que "se deja atrás una etapa oscura" con la decisión de dejar sin efecto "el lesivo" pacto y consideró que esa decisión "se enmarca en la política de Estado sobre la Cuestión Malvinas".

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El funcionario afirmó además que lo dispuesto por el Gobierno argentino "está en línea con las resoluciones de Naciones Unidas", que en 1965 decidieron que hay una "disputa de soberanía" entre la Argentina y el Reino Unido por las islas Malvinas, usurpadas en 1833 por los británicos.

Desde el gobierno de Alberto Fernández sostienen que por medio del acuerdo que se conoce como pacto "Foradori-Duncan", se le intentó garantizar al Reino Unido la remoción de todos los obstáculos para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas, desarmando una estrategia que se había impulsado poner límites a la ocupación ilegal y a la expoliación de los recursos naturales del archipiélago.

En tal sentido, lo describen como un documento que realizaba concesiones a los intereses británicos respecto de la explotación de los recursos naturales argentinos en la región y retrocedía notablemente en el justo reclamo por soberanía. Incluso, la forma que adoptó de "comunicado conjunto", esgrimen, buscó eludir la obligación constitucional de someter a la aprobación del Congreso Nacional los acuerdos internacionales que suscribe el Ejecutivo. 

De este modo, entienden que se trata de un acto con características manifiestamente ilegítimas y agraviantes para los intereses nacionales. La declaración adopta las dos principales demandas británicas que la primera ministra Theresa May le había realizado al Presidente Macri en una carta que le había enviado breve tiempo atrás: remoción de obstáculos para explotación de recursos y vuelos al continente, alegan desde la Cancillería. 

La letra tácita del acuerdo

En términos de recursos naturales, el comunicado expresa se acordó "remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas". Y en lo referido a los vuelos, el comunicado sostiene que las partes "acordaron que serían establecidas conexiones aéreas adicionales entre las Islas Malvinas y terceros países" cuando la demanda de la Argentina siempre fue promover un segundo vuelo desde territorio continental mediante la aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas.

Por último, el comunicado suponía el levantamiento de todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales que había tomado la República Argentina para proteger sus recursos naturales frente a la explotación ilegal de la pesca e hidrocarburos. Todo esto sin incluir ninguno de los históricos reclamos argentinos en el texto como la Resolución 2065 (XX), la violación de la Resolución 31/49 que prohíbe acciones unilaterales o la presencia de la base militar que existe en la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur.

La gestión de Juntos por el Cambio siempre rechazó estas acusaciones y afirmó que se trataba de colocar el reclamo de soberanía bajo una política de "paraguas" con el fin de avanzar en los vínculos bilaterales. Pero en el Gobierno retrucan que el único obstáculo para el desarrollo económico de las Malvinas es, justamente, la persistencia de la disputa de soberanía que el Reino Unido se niega a negociar.