Los movimientos sociales buscan asegurarse fondos que dependen de Desarrollo Social

El desembarco de Zabaleta tiene a los dirigentes territoriales atentos a los pasos que se den para diseñar el despliegue presupuestario de 2022.

A una semana de jurar en el cargo, el flamante ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, peregrinó hasta el Palacio de Hacienda para tener su primer cara a cara con el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el plan de asegurar fondos y ofrecer un pantallazo general de su plan a cargo de la cartera encargada de las partidas presupuestarias que se convierten en transferencias de ingresos a los sectores más vulnerables.

El exintendente de Hurlingham llegó cerca de las 11 al despacho de Guzmán y, según dejaron trascender ambas carteras, el primer encuentro se enfocó en repasar la agenda de "desarrollo social y humano"

Al término del encuentro, ambos funcionarios se preocuparon por resaltar "la importancia de la inversión en infraestructura en los barrios populares", en momentos de tensión creciente en la calle y de definiciones sobre el gasto del Estado a partir de 2022.

Bajo la órbita del ministerio que ahora conduce Zabaleta está engarzada la Secretaría de Integración Socio Urbana, que conduce la militante social Fernanda Miño. No siempre fue así: Miño reportaba al ministerio de Hábitat y Desarrollo Territorial, cuando lo conducía la hoy desplazada María Eugenia Bielsa. Pero el "maltrato" que habría sufrido Miño, aliada de Juan Grabois, motivó el traslado del área.

De la mencionada secretaría depende el Fondo para la Integración Socio Urbana (FISU), creado a instancia de los movimientos populares, como caja con la cual fondear la urbanización de unos 5000 barrios de emergencia en todo el país, donde se estima que hay cerca de 500.000 familias, de acuerdo al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

Militantes y partidos de Izquierda marcharon al ministerio de Desarrollo Social el mismo día que juraba Zabaleta.

El FISU se alimentó en 2021 del 15% de la recaudación del Impuesto a las Grandes Fortunas, y en menor medida con parte de la recaudación por la compra de dólares para consumo y ahorro (Impuesto PAIS). Por estas horas, temen que luego de la elección haya un fuerte recorte en las obras de infraestructura que emplean mano de obra de estos sectores. 

A la vez, los dirigentes sociales protestan porque los gobernadores e intendentes no presentan los proyectos de obra para la mejora de esos asentamientos. ¿O será que tienen la orden de no interactuar con esta área? Todo ello forma parte de un mar de intrigas.

Grabois: "Cristina y Alberto creen que se las saben todas" 

Guzmán y Zabaleta también subrayaron que, de ahora en adelante, las transferencias de ingresos a los más golpeados por la crisis tienen que ir dirigidas "a la capacitación y al trabajo", y acordaron "seguir trabajando juntos" para ajustar un plan que implica aliviar el gasto asistencial mediante el "empalme" de los beneficiarios. Eso también genera desconfianza en los despachos de Desarrollo Social que ocupan los dirigentes territoriales.

Por lo bajo, cerca del nuevo ministro señalan que tiene la tarea "casi artesanal" de abordar a un universo de más de un millón de beneficiarios del programa "Potenciar Trabajo", que percibirán hacia fin de año un beneficio de $ 14.580 (la mitad del salario mínimo) para organizarlos en cooperativas autogestionadas o "transferirlos" al mercado laboral para desanclarlos de la dependencia del Estado. 

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