IMPUTADOS POR LA FISCAL

Lago Escondido: el Gobierno denunció a jueces, funcionarios y empresarios con dos pedidos especiales a la fiscalía

Un día después de la condena a la Vicepresidenta Cristina Kirchner, el ministro Martín Soria avanzó con un escrito judicial ante la fiscalía de Bariloche como había anunciado Alberto Fernández. Quiénes son los apuntados y bajo qué argumentos

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El Gobierno Nacional denunció a los jueces federales, al CEO del Grupo Clarín y a otros participantes del viaje a Lago Escondido realizado a principios de octubre pasado el presunto delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas" y pidió ser querellante en la causa. La movida que ya había sido anunciada por el Presidente Alberto Fernández en una cadena nacional, se concreta un día después de la condena a la Vicepresidenta Cristina Kirchner a 6 años e inhabilitación perpetua para ocupar por cargos públicos por el delito de defraudación al Estado en la causa Vialidad.

Según se consignó desde el Gobierno, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche por instrucción del Presidente "para que se investigue los hechos vinculados al vuelo 26917 de la empresa Flyzar y particularmente lo relacionado a su financiamiento". El Gobierno entiende que esa reunión es la prueba del lawfare sentenció a la exmandataria a partir de la connivencia entre la Justicia, los medios y la política.

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En principio, el escrito presentado en la fiscalía rionegrina apunta contra diez personas aunque el Gobierno se reserva la posibilidad de ampliar la denuncia "por incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas, en los términos de los artículos 248 y 259 del Código Penal" y por "ofrecimiento de dádivas en los términos del art. 259 del Código Penal", acorde a la evolución de la investigación.

"En caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otras actividades de los funcionarios públicos descriptos, entre ellos magistrados de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, no fue solventado por ellos mismos, sino por privados, estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas, dando lugar a la comisión de diversos delitos que el Ministerio Público Fiscal tiene, además, el deber internacional de investigar y sancionar, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción", sostiene el documento judicial.

Asimismo, argumenta que "la recepción de las dádivas no solo constituye una afectación repudiable desde el punto de vista de la independencia judicial y de la ética republicana exigible a los mencionados funcionarios; sino que es, esencialmente, un incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, constitutivo del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal".


Quiénes son los denunciados

La denuncia presentada por el ministro Martín Soria bajo las dos primeras figuras penales apunta contra cinco magistrados y un funcionario porteño. En primer término, el juez Julián Ercolini, del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10, a quien la Vicepresidenta Cristina Kirchner denunció como uno de los responsables de revivir, de forma irregular según sus palabras, la causa de Vialidad Nacional por la que terminó condenada.

En segundo lugar, aparece Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, seguido por Pablo Yadarola, juez del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2 y Pablo Cayssials, juez del Juzgado Nacional de 1º instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9.

En este tramo de la denuncia también figuran el actual Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, y Marcelo D'Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

En el caso del delito de ofrecimiento de dádivas, la denuncia del Gobierno nacional menciona a otras cuatro personas: el CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo; a Nicolás Van Ditmar, administrador del inmueble de Lago Escondido perteneciente al magnate Joe Lewis; Leonardo Bergroth, exdirector de asuntos jurídicos, de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y Tomás Reinke, publicista especializado en el campo digital y político.

Todas las personas denunciadas forman parte de una serie de chats y audios filtrados a la web en los últimos días en los que intercambian mensajes acerca de su estancia en Lago Escondido y cómo evitar que trascienda a partir de la revelación del diario Página/12 a la que se sumaron luego otros medios. Solo D'Alessandro se refirió a la situación a través de una serie de tuits en los que denunció una operación a partir del robo de su línea de celular. Negó que los mensajes fueran reales.

Los hechos en cuestión ocurrieron semana del 13 de octubre, cuando los magistrados, funcionarios y empresarios denunciados por el Gobierno compartieron un vuelo en un avión privado, desde San Fernando (Buenos Aires) a Bariloche (Río Negro), cuyo financiamiento se puso en cuestionamiento. Allí, según consignan las versiones periodísticas que toma esta denuncia, se habría sumado el CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo, y el director de Asuntos Legales e Institucionales del mismo grupo empresario, Pablo Casey, entre otras personas aún no identificadas.

Luego el grupo se habría dirigido en vehículos privados de Joe Lewis hacia la estancia del magnate británico ubicada en Lago Escondido, acorde al escrito planteado por el Gobierno

La denuncia del Gobierno apunta, en principio, a diez personas "por incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas" y "ofrecimiento de dádivas" en los términos del Código Pebnal


Qué pide el Gobierno en su denuncia

En la denuncia presentada hoy por el ministro Martín Soria, el Gobierno pide que el Estado Nacional se integre a la causa como parte querellante porque "gran parte de los sindicados como autores de los graves delitos ostentan los cargos de magistrados del poder judicial de la nación."

"En ese entendimiento, y sin perjuicio que el artículo 4° de la ley n° 17.516 faculta al ‘estado' en su conjunto asumir el rol de querellante, es el artículo 22 de la ley de ministerios (ley n° 22.520, t.o. 1992 y modificatorias) el que pone en cabeza del ministerio de justicia y derechos humanos, como órgano del poder ejecutivo, la facultad de actuar en todos aquellos asuntos relacionados con el poder judicial y con el ministerio público", fundamenta Soria.

Además, entre las múltiples medidas de prueba que solicita en la denuncia, se requiere la entrega de los aparatos de telefonía celular de todos los implicados y, de ser necesario, el secuestro de los mismos aparatos. Esta medida es para comprobar si hubo, en efecto, una distorsión de los chats por parte del responsable de las filtraciones.

El cuerpo de la denuncia argumenta, por último, que el escrito "responde al objetivo constitucional de preservar la independencia del Poder Judicial" y, en cuanto a ello, agrega que "se han naturalizado en nuestro sistema de justicia las relaciones indebidas entre actores que, para quienes nos preocupa el resguardo de la independencia judicial, jamás deberían producirse".

Cierra con un tiro por elevación al Consejo de la Magistratura, otro órgano en disputa entre el oficialismo y la oposición y parte de la batalla que el Ejecutivo mantiene, además, con la Corte Suprema de Justicia que retomó la conducción del órgano encargado de evaluar magistrados.

"Es justamente la falta de reacción por parte del órgano disciplinario -en este caso, el Consejo de la Magistratura- ante hechos similares que reiteradamente se han denunciado, lo que habilita a que jueces y juezas se desentiendan de sus deberes de no participar activamente en política", atiza el escrito del Gobierno ante la fiscalía a cargo de la investigación en Bariloche.

Imputación de la Fiscalía

Con fecha del 6 de diciembre, la fiscal María Cándida Etchepare, interinamente a cargo de la sede de Bariloche, notificó que imputaba a las diez personas mencionadas en el expediente por la presunta comisión de delito. La magistrada toma como referencia la denuncia presentada en su momento por el abogado Marcelo Hertzriken Velasco a partir de la publicación del artículo en Página/12.

En su dictamen, la fiscal enumera una serie de pruebas recolectadas a partir de lo "genérica" de la denuncia y ubica a los denunciados con imágenes de las cámaras del Aeropuerto Internacional Teniente Candelaria, de Bariloche, en la fecha y lugar correspondiente. Las pruebas, según consta en el documento, las provee la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) 

 Asimismo, confirma que las diez personas arriban al lugar en dos vuelos, con las listas de pasajeros, así como su partida de Bariloche luego abordando un vuelo privado desde dos camionetas de alta gama que ingresan directamente a la pista. Cita como dato que llama su atención el pago al contado de todos los pasajes acorde a la información provista a la fiscalía y el hecho de que las facturas aportadas están fechadas el 28 de octubre cuando los servicios se prestaron, según el expediente, entre el 13 y 15 de ese mes.

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