La CGT definió un plan con paro nacional el 24 de enero para frenar a Milei: los pasos a seguir

Luego de la concentración en Tribunales, la CGT se apresta a dar su siguiente paso tras votar hoy un paro nacional el 24 de enero en el primer congreso confederal de secretarios generales convocado en mucho tiempo. La presión de quienes buscan una respuesta más contundente frente a las reformas disruptivas que impulsa el gobierno de Javier Milei terminó por adelantar los tiempos de una medida de fuerza que se planeaba en la antesala del encuentro para fines de febrero. La Ley Ómnibus con la nueva tanda de cambios dieron impulso a esta postura.

El paro nacional será a partir de las 12 hs del 24 de enero e incluirá una movilización al Congreso Nacional. A la par, se facultará al Consejo Directivo Nacional para dictar las medidas que considere pertinentes en la oportunidad que requiera el actual estado de situación

En el congreso en la sede de la CGT se elaboró un plan de acción que incluye además una reunión con las sedes regionales el 10 de enero como paso previo a la primera medida de fuerza convocada por la central desde marzo de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri. También insistir por la vía judicial contra el DNU, reclamar reuniones con todos los bloques de diputados y senadores frente al DNU y la Ley Ómnibus y la coordinación con las demás Centrales Obreras para articular medidas en conjunto.

La decisión de adelantar las medidas de fuerza no fue sencilla y demandó de duras conversaciones. Hubo incluso quienes pretendían una acción inmediata. Los que sugerían demorar el paro nacional argumentaban que cualquier acción de peso necesita un decantamiento natural en línea con el humor social por lo que las miradas se posaban en la parte final del verano, entre fines de febrero y comienzos de marzo. 

El objetivo de la comisión directiva de la CGT era, de movida, recibir hoy el mandato de la totalidad de los secretarios generales reunidos en el confederal para determinar la fecha concreta cuando llegue el momento. Esto permitiría, eventualmente, adelantar los tiempos de ser necesario. O dilatarlos.

La lectura interna en la dirigencia sindical es que sería recién para ese momento del año, ya sin aguinaldo y al regreso de las vacaciones para quienes puedan tomárselas, cuando el peso de las desregulaciones que promueve Milei se sentirán con mayor fuerza en el bolsillo de las personas. 

También a esa altura pesarán más otras decisiones gubernamentales sobre el poder adquisitivo de las y los argentinos. Los aumentos que se vienen en el transporte, la suba de las prepagas y las tarifas, el precio de los alimentos y paritarias que ya habrán quedado muy desfasadas con respecto a la inflación. Muchos de los sindicatos acudirán a Trabajo en enero para pedir que se reabran las negociaciones.

El llamado al congreso confederal hoy en el salón Felipe Vallese de la sede de la CGT en la calle Azopardo se presentaba como la oportunidad para delinear "la táctica y la estrategia" para llegar hasta ese momento desde una posición política frente a la sociedad distinta a la que el sindicalismo tiene hoy, en clara debilidad. En otras palabras, cómo recorrer las semanas del verano con una presencia activa y el discurso de presionar para negociar, sin romper los puentes con el Gobierno, si bien el diálogo es escueto y sus efectos, nulos, aseguran.

Por eso es que la lectura que primó ayer en la reunión de la mesa chica de la CGT posterior a la concentración en Tribunales fue positiva. "Un buen primer paso, enfocado en el objetivo de declarar inconstitucional el DNU", ilustraron algunos voceros en diálogo con este medio. Pese a que la Justicia laboral se negó a pronunciarse todavía hasta que entre en funcionamiento. Sí prometió celeridad para cuando llegue el momento. No toda la dirigencia sindical se siente tan confiada.

Por qué la CGT se demoró en llamar a un paro nacional

"No lo veo al Gobierno con intenciones de dar marcha atrás", deslizó un secretario general a El Cronista, preocupado por el impacto que tendrán las medidas de desregulación económica pero sobre todo de desinversión estatal en su rubro. "Hay muy poco margen de diálogo por parte del Gobierno porque, en el fondo, lo que apuesta es a desestructurar el sistema laboral", añadió

La postura gradualista que prima hoy dentro de la central trae aparejado un costo interno por parte de quienes leen esa actitud como excesivamente prudente frente a la velocidad que le imprime Milei a cambios que pueden ser terminales para el sindicalismo. Esas voces se hicieron sentir en el confederal. Pero la verdad es que las razones que esgrimen en la CGT para moverse a destiempo de sus urgencias políticas hablan más de sus debilidades estructurales que de sus deseos.

La dirigencia sindical corre en desventaja social frente a Javier Milei, un Presidente al que votaron gran parte de las bases de trabajadores y trabajadoras que ellos pretenden representar. Por eso, la victoria del libertario el 19 de noviembre se leyó como un fracaso en términos de conducción sindical y no son pocos los que reclaman una cruda revisión sobre la crisis de liderazgo que todavía no se dio. El debate que se debe el peronismo también lo buscan dar algunos líderes sindicales al interior del movimiento obrero en particular.

Es por eso que la necesidad de movilizar a las bases contra algunas medidas que plantea el mega DNU de Milei no es proporcional hoy a la capacidad de la CGT para hacerlo. Y la principal central sigue manejando los tiempos políticos por volumen, más allá que las dos CTAs e incluso las y los dirigentes de la economía popular nucleados en la UTEP, que ayer se plegaron a la convocatoria en Tribunales, los corran por detrás con el reloj en la mano. 

Los tiempos del Gobierno corren mucho más rápido que el paso a paso al que apuesta la CGT con su "táctica y estrategia" veraniega: mañana mismo, viernes 29, entran en vigencia las normas del DNU que asestarán un golpe de gracia al sindicalismo argentino. El decreto no solo apunta contra la dirigencia gremial y sus lugares de poder, como las obras sociales, sino que debilita la organización de base de las y los trabajadores y elimina derechos que, a la luz del Gobierno y los actores económicos de mayor peso, constituyen trabas para su productividad. No es casual la influencia de los principales actores económicos y financieros del país detrás del Gobierno.

En la reunión del Consejo Directivo de la CGT la semana pasada no faltaron las voces que reclamaron el llamado a un paro nacional. También estuvieron esta semana presente, en la reunión con legisladores y legisladoras de Unión por la Patria. Pero la apuesta de la CGT es ganar tiempo con la Justicia y que sea el Congreso quien frene en última instancia el DNU. "Es un tema que hay que legislar", subraya uno de los miembros de la mesa directiva de la CGT a El Cronista. Pero UP es allí solo la primera minoría.

De ahí que hay también ya conversaciones en curso con referentes de otras fuerzas como el radicalismo, la Coalición Cívica y el peronismo federal para contener las reformas laborales que pretende Milei.  Los encuentros de corte institucional los llevan adelante los tres cosecretarios generales de la CGT y una delegación de dirigentes de la comisión directiva que se suman de manera circunstancial. Luego hay reuniones privadas, a título individual, con los referentes partidarios propios y ajenos con los que existen vínculos previos y personales.

En el congreso confederal se barajaba la idea de movilizarse al Congreso, tal como se votó, en respaldo a quienes busquen contener el mega decreto, sino también una serie de acciones a nivel federal con las que buscan restablecer los vínculos rotos con las bases de trabajadores y trabajadoras. Se hablará de establecer reuniones con las regionales de la CGT, con el fin de trazar un diagnóstico a nivel nacional del impacto de las medidas del Gobierno, y organizar encuentros en diversos puntos del país a modo de asambleas para explicar los efectos del DNU en términos laborales.

Mientras tanto, las dos CTAs y la UTEP también tendrán su propia reunión hoy para profundizar una estrategia en conjunto con la CGT, aunque sus urgencias sean otras. En el caso de las y los trabajadore estatales, el decreto 84/2023 puso bajo revisión a la totalidad de la planta transitoria del Estado durante los próximos tres meses, el equivalente a unas 70 mil personas. 

Pero además, la Ley Ómnibus que el Gobierno presentó ayer contiene un artículo con el que se fija un descuento en los salarios proporcional a los días que el trabajador o la trabajadora decidan ejercer su derecho constitucional a la huelga. Un apartado que se conoció apenas unas horas después que el Gobierno los llamara a reunión de paritarias sin oferta alguna.