La discusión sobre cómo calcular los intereses en los juicios laborales volvió al centro del debate tras la implementación de la Ley de Modernización Laboral. Aunque la norma buscaba reducir la litigiosidad y ordenar los criterios de actualización de las indemnizaciones, especialistas advierten que una decisión técnica reciente podría tener el efecto contrario: aumentar fuertemente el monto de las condenas y complicar el pago de los juicios. De acuerdo a un informe elaborado por Idesa, el eje de la polémica es el método utilizado para calcular los intereses. En los tribunales laborales conviven distintas metodologías para actualizar los créditos: algunos jueces aplican índices salariales, otros tasas bancarias y otros inflación, muchas veces con puntos adicionales. Pero además existe una diferencia clave en la forma de cálculo: el cómputo simple, que suma las variaciones del índice elegido, y el cómputo compuesto, que capitaliza intereses sobre intereses. La nueva ley estableció un esquema para ordenar esta actualización. Para los nuevos juicios se prevé aplicar inflación más un 3% anual, mientras que para el stock de litigios se utilizará una tasa pasiva bancaria fijada por el Banco Central, con un tope equivalente a inflación más 3% y un piso del 67% de ese valor. Sin embargo, la norma no definió qué método debía utilizarse para calcular esos intereses. En ese vacío normativo surgió la controversia. El Banco Central puso a disposición una calculadora oficial para estimar los intereses de los juicios laborales, pero lo hizo aplicando el cómputo compuesto. La diferencia no es menor. Según estimaciones técnicas, un crédito laboral de $100 originado en diciembre de 2022 alcanzaría cerca de $280 con cómputo simple, $367 aplicando el esquema de la ley con piso y tope, pero $766 si se utiliza el cálculo compuesto. La magnitud de esa brecha alimenta la preocupación entre empresas y especialistas en derecho laboral, porque el criterio elegido puede multiplicar los pasivos judiciales. En un contexto de alta inflación y de gran acumulación de juicios laborales, el impacto financiero podría ser inmediato. El debate también tiene una dimensión jurídica. El Código Civil y Comercial limita el anatocismo —es decir, la capitalización de intereses— aunque admite excepciones en el marco de procesos judiciales. A su vez, la Corte Suprema se pronunció en distintas ocasiones en favor del cómputo simple para este tipo de actualizaciones, lo que agrega incertidumbre sobre cuál será el criterio predominante en los tribunales. De acuerdo al informe, el conflicto podría resolverse con una reglamentación más clara que unifique el criterio de cálculo. El objetivo sería evitar que cada juzgado adopte metodologías distintas y que el monto final de los juicios dependa más del método elegido que del reclamo original. Si los intereses se calculan con criterios que multiplican los montos de las sentencias, empresas y aseguradoras podrían enfrentar obligaciones difíciles de afrontar. En ese escenario, el problema podría trasladarse al sistema de riesgos del trabajo e incluso al Estado, que administra el fondo de reserva destinado a cubrir eventuales incumplimientos.