La apertura de importaciones trajo cambios relevantes en materia de agilización del comercio y abrió una nueva etapa: la de los controles "ex - post" y un nuevo QR; la novedad abrió debate entre especialistas que identifican en la seguridad eléctrica los mayores riesgos.
La resolución (237/2024) puso fin al sello de seguridad eléctrica y su sustitución por un código QR que deberá colocarse en forma previa a la comercialización en un lugar visible del producto o en su empaque primario y debe ser indeleble.
La medida busca dinamizar los controles y resulta positiva para puntos de venta físicos, sin embargo, desde la industria local de eléctricos y electrodomésticos explican que "el Estado cuenta con pocos recursos para fiscalizar tanto importados como venta digital".
El 6 de septiembre se produjo un incendio en la Embajada de Siria en Buenos Aires, ubicada en la avenida Callao entre Paraguay y M.T. de Alvear y, según explicaron fuentes del sector privado a El Cronista, el fuego fue originado por una zapatilla.
Este hecho fue detonante de cuestionamientos por parte de entidades vinculadas a la seguridad y calidad en el país. Además de productos sin "descarga a tierra" se ha detectado la utilización de "cables de aluminio cobreado, pintado de cobre, en lugar de cobre puro, lo que puede generar problemas de calentamiento en las instalaciones eléctricas", alertó Julio Made ingeniero Industrial y CEO del Grupo Lenor.
"Aduana dejó de actuar como punto de control de productos importados, trasladando la responsabilidad hacia un esquema de fiscalización de mercado posterior a la comercialización", explicó Christian Grilauskas, gerente de División Certificación Eléctrica del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM).
La decisión que el Gobierno implementó para agilizar el ingreso de productos que al ser manuales en Aduana generaban demoras y eran más "discrecionales", según reconoció Madepero advirtió que pese a la "inmensa cantidad" de productos defectuosos que se ven en el mercado desde el Gobierno "no se hizo ningún recall".
A esto se suma que el sistema de certificación de tercera parte -donde un organismo independiente como IRAM evaluaba la conformidad del producto- fue reemplazado por declaraciones juradas del propio fabricante o importador; "es decir, de primera parte, lo que implica una modificación sustancial en los niveles de control previo", agregó Grilauskas.
A la par, se modificó el marcado de conformidad: la tradicional marca reconocida por los consumidores durante más de 25 años fue reemplazada por una nueva que incorpora un código QR, en el que el fabricante o importador debe publicar la documentación requerida por las nuevas resoluciones.
Por otro lado, se permite la comercialización de productos con fichas de alimentación que no responden a la IRAM 2073/2063, siempre que se acompañen con una etiqueta que indique la necesidad de utilizar un adaptador certificado. "Desde IRAM no recomendamos el uso de adaptadores, ya que pueden constituir un punto de riesgo de incendio o electrocución", alertó el especialista.
"Nadie quería ver esto", dijo Made y explicó que "los importadores serios que traen productos de buena calidad no quieren competir con basura".
A la par señaló que "hoy, quien trae una marca de primera línea con certificación en el exterior, tiene que competir con un producto que no cumple con ninguna regulación y que puede llegar a costar la cuarta parte".
"Es un despropósito traer productos baratos a costa de la seguridad", cuestionó el ingeniero con 40 años en actividad y agregó el caso de alimentos, cosméticos y juguetes entre otros bienes que ingresan sin fiscalización y "a riesgo del consumidor que no tiene por qué saber de seguridad".
Responsabilidad
En términos de responsabilidad, en caso de incidentes, Made indicó que "el Gobierno le da a los consumidores la libertad de comprar lo que quiera".
En Argentina los controles manuales en Aduana fueron cuestionados por demoras y "discrecionalidad", sin embargo los especialistas coinciden en que la excesiva flexibilización "atrasa".
En la dinámica de las declaraciones juradas de documentos que vienen del exterior "nadie es penalmente responsable en el país".
"Yo declaro que recibí un informe de ensayo de un chino que me dice que el producto es seguro y lo presento y el gobierno me lo acepta", reparó Made.
Según el experto de IRAM, la marca de la Secretaría de Comercio -vigente por más de 25 años- era un sello reconocido que "distinguía a los productos conformes a la normativa vigente".
"Lejos de alinearse con las mejores prácticas internacionales, la eliminación de controles previos y la sustitución por declaraciones juradas debilita los mecanismos de prevención, en lugar de fortalecerlos", agregó.
Menos demora, menos controles
Tras la inmensa cantidad de desregulaciones, el mercado atraviesa una etapa de incertidumbre y desorientación, ya que conviven productos certificados bajo el esquema anterior con otros que deben adecuarse a los nuevos requisitos. "Este proceso de transición requiere tiempo, ajustes técnicos y costos adicionales que pueden incidir en el precio final de los productos", dijo Grilauskas.
Asimismo, marcó que la posibilidad de utilizar fichas no normalizadas representa un "riesgo potencial" para la seguridad de los usuarios y las instalaciones eléctricas, generando además "confusión entre consumidores y distribuidores".
Sobre el actual esquema de fiscalización de mercado, Grilauskas dijo que presenta "importantes limitaciones", dado que "no es tarea simple por parte del Estado realizar controles efectivos y sistemáticos sobre los productos una vez que ya se encuentran en circulación".
En relación a estos controles "ex-post", desde el organismo especializado en calidad alertaron por la presencia de fabricantes o importadores "inescrupulosos" que pueden introducir al mercado productos inseguros. El riesgo se ubica en la detección tardía, una vez que el daño potencial ya se haya producido.
Si bien desde IRAM fueron parte de distintas mesas de trabajo, indicaron que las recomendaciones técnicas y por la experiencia acumulada "no siempre han sido consideradas en el proceso de toma de decisiones".
La respuesta oficial
Ante la consulta de este medio, desde la Secretaría de Comercio de la Nación no brindaron más información a la que ofrece la Resolución 237/2024. Sin embargo, ponderaron que los reclamos de seguridad podrían responder a "partes interesadas".
En tanto desde la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL), no dieron declaraciones sobre la nueva normativa, sin embargo en un informe reciente agregan preocupación por el alto nivel de "informalidad" en más del 60% de las instalaciones.
"El camino hacia un mercado más seguro y confiable es con capacitación, certificación obligatoria y concientización de profesionales y consumidores", agregaron fuentes de la actividad.
