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El Hospital Garrahan solicitó el desafuero de diez gremialistas para avanzar con sus despidos, luego de que en octubre de 2025 ocuparan de “manera ilegal” las oficinas de la dirección del establecimiento, según informó hoy el vocero presidencial Manuel Adorni en su cuenta de X.
El conflicto se originó por la exigencia de “cobrar días no trabajados”, hecho que derivó en la protesta y en la posterior toma de espacios administrativos. Además de los pedidos de desafuero, el hospital aplicará sanciones disciplinarias a otras 29 personas vinculadas al episodio.
El que las hace, las paga.
— Manuel Adorni (@madorni) February 3, 2026
El Hospital Garrahan ha solicitado el desafuero de 10 gremialistas para proceder con sus despidos, tras haber dirigido y tomado ilegalmente las oficinas de la dirección del establecimiento en octubre de 2025. El motivo del conflicto: la pretensión de…
“El que las hace, las paga”, escribió Adorni al difundir la decisión del centro pediátrico. El vocero enmarcó la medida dentro de lo que describió como el final de una etapa de prácticas sindicales indebidas.
Hospital Garrahan: la reacción gremial
Minutos después, uno de los dirigentes señalados por el Gobierno, Alejandro Lipcovich, secretario general de la interna de ATE Garrahan, respondió con dureza. Aseguró que su despido —junto al de otros trabajadores— constituye un “ataque criminal” y una operación política “decidida a escala de la Casa Rosada”.
“Adorni anuncia mi despido y el de más trabajadores del Garrahan, que estamos al frente de ATE, la APyT y, en general, de la lucha que los derrotó. Nos vamos a organizar para enfrentar este ataque criminal que solo busca seguir vaciando el hospital”, afirmó en un mensaje publicado en Instagram.
En una comuniación posterior para medios, Lipcovich sostuvo que el anuncio oficial se produjo “a pocos minutos” de que los trabajadores recibieran el dictamen de la Oficina de Sumarios, lo que —según dijo— confirma el carácter político de la medida. “Es un informe reservado que de ninguna manera debería tener el jefe de Gabinete si esto fuera normal”, expresó.
El dirigente afirmó que la decisión oficial busca “pasar factura por la lucha de 2025”, cuando —según su relato— las movilizaciones del personal del Garrahan lograron frenar medidas impulsadas por el Gobierno. “Nos trataron de ñoquis, nos descalificaron en público y no pudieron quebrarnos”, señaló.
Lipcovich también enmarcó el conflicto en la previa del debate de una reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. “Saben que es una lucha que puede volver a desatarse”, dijo, y denunció un “vaciamiento” del hospital, mencionando recientes recortes y cancelaciones de contratos.
En un audio enviado luego a medios de prensa, el dirigente amplió sus críticas: “Este operativo político busca aleccionar a una de las principales luchas del año 2025. Anuncian despidos y suspensiones a compañeras y compañeros de todas las áreas. Vamos a realizar asambleas, organizarnos y apelar el dictamen, aunque está claro que el veredicto ya está escrito”.
Un conflicto que se profundizó en 2025
La disputa en el Hospital Garrahan se inscribe en una secuencia de reclamos salariales, presupuestarios y laborales que se profundizó a lo largo de 2025, en paralelo al debate parlamentario por la emergencia pediátrica y el financiamiento del sistema de salud. Los trabajadores denunciaron una fuerte pérdida del poder adquisitivo, precarización laboral y recortes en áreas sensibles, mientras el hospital se consolidó como uno de los principales focos de conflictividad social del año.
El conflicto escaló con una serie de medidas de fuerza que incluyeron paros, asambleas y movilizaciones masivas, algunas de las cuales confluyeron con protestas de otros sectores del Estado nacional. Las marchas, que reunieron a miles de trabajadores de la salud, organizaciones sociales y agrupaciones gremiales, tuvieron al Garrahan como emblema de los reclamos contra el ajuste en áreas consideradas críticas.
En ese contexto, el Gobierno sufrió derrotas legislativas clave en el Congreso. El Senado insistió con la ley que declaraba la emergencia sanitaria en pediatría —vetada previamente por el presidente Javier Milei— y también avanzó con la restauración del financiamiento universitario, en ambos casos con mayorías superiores a los dos tercios. Esas votaciones profundizaron el aislamiento del oficialismo y reforzaron el respaldo político a los reclamos del sector salud.
Tras meses de conflicto, los trabajadores del Garrahan obtuvieron un acuerdo salarial que fue presentado por los gremios como una victoria significativa. La recomposición alcanzó un aumento acumulado del 61%, resultado de la presión sostenida mediante protestas, negociaciones y visibilización pública de los salarios, que quedaron documentados en campañas con recibos de sueldo difundidos en redes sociales y medios de comunicación.
Desde los sindicatos, ese resultado fue interpretado como una derrota política del Ejecutivo en uno de los conflictos más sensibles del año. En el Gobierno, en cambio, se buscó encuadrar el desenlace dentro de una estrategia de ordenamiento fiscal y disciplinamiento sindical, un marco en el que ahora se inscriben los pedidos de desafuero y las sanciones anunciadas por la conducción del hospital.
