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Donald Trump dio el paso que muchos esperaban, aunque pocos terminaban de creer que pudiera concretarse. Ordenó bombardear Venezuela para capturar a Nicolás Maduro en el marco de una operación militar de fuerzas especiales Delta y trasladarlo primero al buque USS Iwo Jima y de allí rumbo a los Estados Unidos, donde lo espera un proceso judicial por narcoterrorismo.
En el camino, la misión “Resolución Absoluta” quebró abiertamente la Carta de las Naciones Unidas y las reglas del derecho internacional, que ya venía tensionando desde hace tiempo. Incluso la autorización que debe recibir el jefe de Estado estadounidense de su Congreso para cualquier acto beligerante, tal como le advirtieron los demócratas.
Desde el extremo sur del continente, el presidente Javier Milei se apuró a subrayar su alineamiento político e ideológico con Washington. “La Libertad Avanza, ¡Viva la libertad carajo!”, escribió en su cuenta de X al compartir un anuncio periodístico sobre el ataque a Caracas y otros puntos del país. Minutos después, la Oficina del Presidente difundió un extenso comunicado en el que reiteró la posición oficial del Gobierno frente a Maduro.
“El régimen socialista que encabezaba Nicolás Maduro es actualmente el mayor enemigo de la libertad en el continente”, sostuvo el texto. Y agregó: “La República Argentina confía que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y, al mismo tiempo, abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia”.
Ninguna de esas definiciones sorprendió en la Casa Rosada. Apenas unos días antes, en una entrevista aún inédita del periodista Andrés Oppenheimer con Milei para CNN, el mandatario había sido consultado sobre una eventual invasión de Estados Unidos a Venezuela. “No lo llamaría invasión, lo llamaría liberación”, respondió sin matices.
“Maduro es un dictador y está vinculado al narcotráfico y además ha contaminado el continente con espías, con actos subversivos y que han trabajado en contra de gobiernos con signos distintos al socialismo del siglo XXI”, añadió. “Yo estoy de acuerdo con que Estados Unidos avance y si necesitan de mi apoyo lo van a tener”.
Ante la repregunta de Oppenheimer sobre hasta dónde estaría dispuesto a comprometerse ante un eventual pedido de Washington —“¿Tropas, recursos..?”— Milei aclaró: “Lo evaluaremos cuando nos hagan los pedidos. Si los podemos responder, lo vamos a hacer”. Aunque subrayó que, hasta ese momento, no había existido una solicitud concreta.
Hasta diciembre último, se manejaban al menos cuatro hipótesis de intervención militar con tropas argentinas. Una de ellas se localizaba en el Caribe, en zonas periféricas a Venezuela, como parte de la operación de seguridad nacional que desplegó Estados Unidos bajo la premisa de una nueva guerra contra el narcotráfico. Ese escenario implicaba un acuerdo bilateral con Washington.
Las otras opciones que figuraban sobre la mesa incluían un eventual despliegue en Gaza bajo mandato de Naciones Unidas; una participación en Ucrania como parte de una coalición europea ad-hoc y un eventual regreso de los cascos azules argentinos a Haití, donde el país ya tuvo presencia en el pasado.
Si bien el Ministerio de Defensa, bajo la gestión de Luis Petri, fue un activo promotor del despliegue de estos recursos, dentro del propio Gobierno y de las Fuerzas Armadas admiten que la principal limitante de la Argentina es su capacidad logística actual. Sin ir más lejos, la posibilidad de participar de un operativo en el Caribe requería niveles de tecnología naval de los que hoy carecen las embarcaciones disponibles. “Nuestro mayor recurso sigue siendo el talento humano”, resumió ante El Cronista un conocedor del área.
El posicionamiento argentino contrastó con el rechazo explícito que expresaron países como Brasil, Colombia y México frente a la operación militar de Estados Unidos en Venezuela. A contramano, los mandatarios alineados con Trump y Milei como el ecuatoriano Daniel Noboa o el futuro presidente chileno José Antonio Kast, felicitaron a Washington. También en Europa, corrido del tablero, hubo posturas divididas.
Ante ese escenario, el canciller Pablo Quirno se escudó en el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático del Mercosur, que suspendió a Venezuela del bloque en 2017, para evitar cuestionamientos directos a la Casa Blanca. Alegó que “Venezuela no es un régimen democrático” sino “un país cooptado por el narcoterrorismo”, por lo que existen “otras reglas” en juego en este caso.
En paralelo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció a través de redes sociales que la Argentina adoptaba nuevas restricciones migratorias “en virtud de la captura del dictador Nicolás Maduro”. Luego se conoció la orden del Ministerio de Seguridad.
En consecuencia, la Dirección Nacional de Migraciones y otros organismos del Estado avanzaron en restricciones para “el ingreso al país de ciudadanos venezolanos relacionados al Régimen de Maduro”, que incluyen funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, empresarios vinculados al oficialismo chavista y personas sancionadas por Estados Unidos, entre otros.
¿Puede el Gobierno avanzar todavía un paso más? En la Casa Rosada nadie lo descarta de plano pero tampoco se arriesgan a anticiparse, atentos al devenir de Venezuela. Cualquier operación que involucre tropas argentinas debería pasar por el Congreso, pero la gestión libertaria ya cuenta con un antecedente reciente de evasión de esta barrera: la autorización por decreto de maniobras conjuntas con Navy Seals de Estados Unidos en puertos de Argentina, entre octubre y noviembre de 2025, para el denominado Ejercicio Tridente.
“La República Argentina reafirma a la comunidad internacional su firme compromiso y plena disposición para lograr, por todos los medios a su alcance, el pleno retorno de la institucionalidad, la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela, velando en todo momento por la libertad, la dignidad humana y el bienestar del hermano pueblo venezolano”, reforzó Quirno en un mensaje publicado en X con su firma.
Fuentes vinculadas a la gestión libertaria recuerdan que durante el gobierno de Cambiemos, en 2017, existió una carpeta interna en la que se evaluó la posibilidad de una intervención militar como parte de una operación humanitaria en Venezuela. “Sabemos que sigue estando allí”, insisten.
Consultados al respecto, exfuncionarios de la administración de Mauricio Macri relativizaron ese antecedente: “En ese momento había una decisión del Grupo de Lima de apoyar a Juan Guaidó (entonces titular de la Asamblea Nacional) como presidente interino y lo que él requiriera”. Argumentan que cualquier acción se hubiera adoptado como parte de una estrategia legitimada por —al menos una parte de— la comunidad internacional.
El devenir de los acontecimientos en las próximas semanas será determinante para establecer si Venezuela se sumerge en una espiral de violencia, con calles militarizadas bajo la amenaza latente de una segunda ola de ataques prometida por Trump, o si el proceso deriva en algún tipo de transición política.
La declaración del mandatario estadounidense de que su país podría “gobernar [Venezuela] hasta que llegue el momento en que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y prudente” mantiene abierto el interrogante. Horas antes, el secretario de Estado, Marco Rubio, había negado públicamente la posibilidad de una nueva incursión. Sin embargo, Trump volvió a correrse del libreto diplomático al elegir Fox News para brindar una entrevista telefónica espontánea desde Mar-a-Lago, una práctica habitual en su estilo político, y poner en duda a su propio funcionario.
En el Gobierno nacional aseguran que los canales de comunicación con Washington se mantuvieron abiertos desde las primeras horas del sábado y que el gabinete estuvo on line todo el tiempo. Admiten sorpresa por la magnitud del operativo, pero también remarcan que las señales se venían acumulando. Sin ir más lejos, en noviembre, la cadena CBS había reportado la presentación de planes concretos a Trump por parte de altos mandos del Pentágono, que incluían incursiones terrestres en Venezuela. Y cerca de fin de año trascendió una autorización de la Casa Blanca a la CIA para operar en esas costas.
“No creí que fueran a hacerlo, pero, al fin de cuentas, Trump es un rompedor de reglas. Lo extremadamente prudente no aplica a él”, señaló un enlace del Gobierno con acceso a los debates militares entre Buenos Aires y Washington. Aunque Estados Unidos fue durante los últimos años —incluso bajo la presidencia de Alberto Fernández— el principal destino de capacitación de tropas argentinas, el realineamiento explícito impulsado por Milei posiciona ahora a la Argentina como un tapón geopolítico en el extremo sur del área de influencia que busca consolidar la Casa Blanca. Y eso puede acarrear no solo los beneficios que pretende la Casa Rosada de un vínculo tan estrecho como imprevisible sino los deberes del caso.
Ataque de EE.UU. a Venezuela: qué dice la nueva estrategia de seguridad de Trump y los riesgos que conlleva
La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, difundida en diciembre y ajustada al prisma del segundo mandato de Trump, coloca al hemisferio occidental como prioridad central de Washington y revisita la histórica Doctrina Monroe. El desplazamiento de tensiones hacia fuera del continente implica, en los hechos, reafirmar el predominio estadounidense en América. Su relectura otorga un contexto claro tanto a la operación “Resolución Absoluta” como al conjunto de movimientos previos.
Bajo ese nuevo marco doctrinario, la consolidación del dominio sobre el “Hemisferio Occidental” apunta a neutralizar amenazas como la migración masiva, el narcoterrorismo y la influencia de potencias extranjeras —China y Rusia— sobre infraestructura, economías y recursos estratégicos. Todo ello bajo el impulso de construir alianzas estratégicas y de priorizar el nearshoring para las cadenas de suministro, como reacción a los efectos comerciales que acarreó la pandemia.
El control de las rutas marítimas se volvió un pilar central de esa estrategia. De allí el despliegue de la armada estadounidense en aguas del Caribe y los ataques a presuntas embarcaciones narco en las cercanías del territorio venezolano. Aunque el documento evita menciones explícitas, sí alude a gobiernos latinoamericanos alineados con potencias foráneas —China, Rusia e Irán— en sectores clave como energía y minería. Venezuela, bajo el control de Maduro, concentraba todos esos factores.
En la misma línea se inscribe el sorpresivo desplazamiento del almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur, quien había visitado la Argentina en dos oportunidades desde la asunción de Milei. Su reemplazo, Francis Donovan, proviene del Comando de Operaciones Especiales y de la infantería de marina, una fuerza especializada en misiones como las que atestiguó Venezuela en el arranque de 2026. El paso siguiente, ahora, será unificar el Comando Sur y el Norte bajo un único mando hemisférico, de Alaska a la Antártida.
Entre los analistas más veteranos, el movimiento evocó la reconfiguración militar que encaró Donald Rumsfeld, secretario de Defensa de George W. Bush, en la antesala de la invasión a Irak en 2003, cuando apostó por un general que prometía derrocar a Saddam Hussein con una fracción de las tropas inicialmente previstas por quienes advertían a la Casa Blanca sobre las consecuencias de ejecutar ese ataque.
Desde el Capitolio, algunos de los representantes del Partido Demócrata cuestionaron la movida por evadir el permiso del Poder Legislativo. “El Congreso no autorizó esta guerra”, posteó en X el congresista Seth Moulton (Massachusetts) en X. Y añadió: “Venezuela no representaba una amenaza inminente para Estados Unidos. Este es un cambio de régimen imprudente y electivo que pone en riesgo vidas estadounidenses (Irak 2.0) sin un plan para el día después.”
El problema para Estados Unidos en aquella operación de 2003 llegó tiempo después, con la explosión de la violencia interna y el surgimiento de nuevos actores que desbordaron las fronteras de Irak, causaron una peligrosa desestabilización y contagiaron toda la región. ISIS, entre ellos.
