Mientras desde la Argentina los gobernadores patagónicos se encolumnan detrás de su demanda por la declaración de la emergencia ígnea, en la OEA lanzaron una advertencia sobre las causas detrás de la llamarada que arrasó ya más de 200 mil hectáreas desde el primer chispazo.
Hoy por la tarde, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), puso el foco sobre un conjunto de factores estructurales que, en el caso argentino, agravan el impacto de estos eventos y comprometen el ejercicio de derechos humanos fundamentales.
En un pronunciamiento difundido en las últimas horas, la Relatoría expresó su solidaridad con las personas y comunidades afectadas por los incendios registrados en Argentina y Chile, lamentó las pérdidas humanas y los daños a viviendas e infraestructura, y subrayó las afectaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las poblaciones impactadas.
El organismo alertó que se trata de fenómenos favorecidos por condiciones meteorológicas extremas —altas temperaturas, baja humedad y vientos intensos— que incrementan el riesgo de propagación y generan consecuencias graves y multidimensionales.
En el caso argentino, la REDESCA siguió con especial atención la magnitud de los incendios forestales en la provincia de Chubut, donde algunas estimaciones disponibles calculan alrededor de 25.000 hectáreas arrasadas por el fuego en lo que va del año. De hecho, el propio gobernador de la provincia, Nacho Torres, cifró el número de territorio quemado en las 35 mil hectáreas, en una conferencia en conjunto con sus pares de la región.
Según el reporte, estos incendios no solo provocaron una pérdida significativa de biodiversidad y recursos naturales, sino que también comprometieron el ejercicio de diversos derechos humanos de las comunidades afectadas. La Relatoría reconoció los esfuerzos de coordinación y respuesta desplegados por las autoridades, así como las acciones de asistencia brindadas a las poblaciones impactadas.
Sin embargo, el pronunciamiento incorpora una advertencia central sobre las capacidades estructurales del Estado para prevenir y responder a este tipo de emergencias. En ese sentido, la REDESCA manifestó su preocupación por análisis elaborados por organizaciones especializadas, basados en datos oficiales de ejecución presupuestaria, que señalan insuficiencia de recursos, subejecución y una ejecución concentrada hacia el final del año en partidas vinculadas al Servicio Nacional de Manejo del Fuego. A ello se suma, según el informe, una disminución de las asignaciones previstas para 2026.
Dado que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego brinda asistencia operativa y logística a las provincias a solicitud de las jurisdicciones locales, la Relatoría advirtió que estos patrones presupuestarios podrían incidir negativamente en las capacidades de prevención, preparación y respuesta frente a los incendios forestales.
De manera complementaria, especialistas y organizaciones también alertaron que una reducción de los fondos destinados a la protección de bosques nativos podría debilitar las capacidades provinciales de fiscalización y control de desmontes ilegales, un componente clave para la gestión del riesgo, la protección de los ecosistemas y la preservación de la biodiversidad.
En el marco de la emergencia climática, la REDESCA recordó que los Estados tienen la obligación de fortalecer —y no debilitar— los arreglos institucionales y presupuestarios orientados a prevenir y mitigar riesgos previsibles. En esa línea, subrayó la necesidad de adoptar medidas estructurales de prevención y reducción del riesgo, conforme a los deberes de debida diligencia y de protección frente a amenazas conocidas.
El informe también pone el acento en factores territoriales que incrementan la exposición al fuego. La evidencia disponible en la región, señaló la Relatoría, indica que determinados patrones de uso del suelo y del territorio —como la expansión de la interfaz urbano-forestal, la fragmentación del paisaje y, en ciertos contextos, la presencia de plantaciones homogéneas— pueden aumentar la severidad de los incendios, especialmente bajo escenarios de calor y viento extremos.
Frente a este escenario, el organismo llamó a reforzar el ordenamiento territorial, la protección y restauración de ecosistemas nativos y la gestión preventiva del riesgo, incluida la gestión de combustibles, garantizando además la participación efectiva de las comunidades en las decisiones que las afectan.
La REDESCA remarcó además que, ante alegaciones o indicios de incendios provocados, los Estados deben investigar de manera diligente, imparcial y transparente, sancionar a los responsables y adoptar garantías de no repetición. En términos generales, exhortó a redoblar las medidas de prevención y reducción del riesgo, fortalecer la preparación, la respuesta y la recuperación, y asegurar financiamiento suficiente, oportuno y previsible para atender pérdidas y daños y sostener las capacidades institucionales.
En un segundo plano, la Relatoría también se refirió a la situación en Chile, donde el Gobierno declaró el estado de excepción constitucional por catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío ante la magnitud de los incendios, con al menos 20 personas fallecidas, cientos de viviendas destruidas y miles de evacuados. El organismo tomó nota de las medidas de respuesta implementadas y reconoció los esfuerzos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno para enfrentar la crisis.
De este lado de la Cordillera, el Gobierno recepcionó el pedido de las provincias de incluir en extraordinarias el debate sobre la emergencia ígnea aunque, al momento de la publicación de esta nota, no había novedades sobre el decreto que habilitaría su debate a partir del lunes 2 de febrero.
