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El Gobierno oficializó el pago de un bono a jubilados y pensionados de hasta $ 70.000 que se liquidará en agosto de 2025. La medida busca recomponer el poder adquisitivo de jubilados y pensionados de menores ingresos, afectados por la anterior fórmula de movilidad.
El beneficio fue establecido mediante el Decreto 523/2025, publicado en el Boletín Oficial, y alcanza a quienes perciben jubilaciones, pensiones y asignaciones no contributivas otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
¿Quiénes cobrarán el bono de $ 70.000?
El bono extraordinario de $ 70.000 será otorgado a:
- Jubilados y pensionados.
- Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
- Beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, pensiones graciables y similares.
En el caso de pensiones con copartícipes, como las pensiones por fallecimiento con más de un beneficiario, se considerará un único titular a los fines de calcular el bono.
Quiénes cobran el bono de $ 70.000
El bono se aplicará de forma escalonada para evitar superposiciones con ingresos más altos. De esta manera:
- Quienes perciban un haber igual o inferior al mínimo previsional, recibirán el bono completo de $ 70.000.
- En cambio, quienes cobren por encima del haber mínimo, recibirán un monto menor, que se calculará como la diferencia necesaria para alcanzar el tope equivalente al haber mínimo más el bono.
El requisito para cobrar el bono de $ 70.000
Para acceder al bono, los beneficios deben encontrarse vigentes en el mes de agosto de 2025, momento en que se efectivizará el pago. El extra no será sujeto de descuentos, no se integrará al haber ni influirá en el cálculo de futuras actualizaciones.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) será el organismo responsable de dictar las normas complementarias, supervisar su implementación y realizar eventuales controles en caso de percepciones indebidas.
La medida se enmarca en una serie de acciones tomadas por el Ejecutivo para revertir el efecto negativo que provocó la Ley N° 27.609, sancionada en 2020, cuya fórmula de movilidad jubilatoria no contemplaba la inflación.
Según el decreto, esto afectó en mayor medida a los jubilados de menores ingresos, que desde enero de 2024 comenzaron a recibir ayudas económicas mensuales en forma de bonos compensatorios.
A partir de julio de 2024, y mediante el Decreto 274/24, el Gobierno modificó esa fórmula de movilidad, reemplazándola por una actualización mensual según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, buscando evitar nuevos desfasajes entre ingresos y precios.
