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Enrique Piñeyro cobrará del Estado más de $ 9300 millones después de que la Justicia fallara a su favor en el litigio que inició contra el Aporte Solidario y Extraordinario, conocido como impuesto a la riqueza. El piloto y empresario decidió destinará el dinero a la Fundación Garrahan.
La suma que deberá reintegrar la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) asciende, a valores estimados, a $9.377.809.747,37, aunque el monto final será mayor por los intereses correspondientes al período transcurrido desde el pago hasta la devolución.
El reclamo judicial se inició a partir de la discusión sobre la validez y el alcance temporal del tributo creado durante el gobierno de Alberto Fernández. Piñeyro había pagado el impuesto —incluso los punitorios derivados de la demora— y luego recurrió a la Justicia para cuestionar la aplicación de la norma.
La sentencia que finalmente quedó firme abrió el camino para recuperar prácticamente la totalidad de lo abonado. Según explicó el propio Piñeyro, el reintegro representa alrededor del 99% del pago original, aunque la pérdida de valor de la moneda hizo que el resultado sea diferente en términos reales.
Del impuesto al Garrahan
Piñeyro dejó formalizado ante escribano público la decisión de donar el reintegro a la Fundación Garrahan, que ya aceptó la operación.
“Quiero que los impuestos vayan a donde tienen que ir: a la salud, la educación y la nutrición”, sostuvo Piñeyro, al explicar por qué eligió transformar la devolución judicial en una donación. La decisión se produce en un contexto de fuerte discusión por el financiamiento del hospital pediátrico y por el nivel de recursos destinados a la salud pública.
El mecanismo previsto contempla que primero el dinero sea depositado en una cuenta a su nombre y luego transferido a la fundación, como parte del procedimiento administrativo de la devolución.
El empresario defendió la necesidad de que quienes tienen mayores patrimonios contribuyan al financiamiento del Estado, aunque cuestionó la forma en la que se implementó el aporte extraordinario. “Yo creo que hay que pagar impuestos”, afirmó, y sostuvo que el problema está en la falta de una política tributaria estable.
Piñeyro también cuestionó la desigualdad en la asignación de recursos y puso como ejemplo los subsidios a servicios públicos que benefician a sectores de altos ingresos. Su argumento es que una mayor disponibilidad de recursos no alcanza si el Estado no define con claridad qué objetivos sociales busca priorizar.
Su crítica al sistema tributario
Piñeyro sostuvo que su reclamo nunca tuvo como objetivo evitar el pago de impuestos ni quedarse con el dinero. Su cuestionamiento apuntó a la norma que creó el aporte y, más ampliamente, a la sucesión de cambios en materia impositiva que, a su entender, terminan castigando a quienes cumplen con sus obligaciones.
Fuente: EFE
Durante el reclamo judicial había planteado que no correspondía aplicar el tributo de la manera en que lo había hecho el Estado. En ese momento cuestionó lo que consideraba una utilización extraordinaria del sistema tributario y, en sus palabras, sostuvo que no podía tratarse de un “manotazo de ahogado”.
Ahora volvió a apuntar contra la falta de continuidad de las políticas fiscales y mencionó los distintos blanqueos impulsados por gobiernos de diferentes signos políticos. Según su planteo, esas medidas pueden desalentar a quienes mantienen una conducta tributaria regular porque generan la expectativa de que en algún momento aparecerá una nueva moratoria o regularización.
