El informe sobre Libertad de Prensa en la Argentina que se dio a conocer en la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció un escenario “crecientemente complejo para el periodismo” en el comienzo de un año que se describió como “de cruciales elecciones” y dentro de un clima de “manifestaciones hostiles y difamatorias por parte de funcionarios, medidas gubernamentales discriminatorias e iniciativas potencialmente restrictivas para la libertad de expresión”.

La síntesis de lo ocurrido durante los últimos meses en el país en materia de libertad de prensa se inició, en la asamblea que sesiona en Panamá hasta el lunes, explicitando las “reacciones del Gobierno” hacia los medios no alineados, en relación a la cobertura de la muerte del fiscal Alberto Nisman.

“El Gobierno reacción acusando a sectores de la Justicia y medios de comunicación de llevar a cabo maniobras de desestabilización política”, señaló el informe

Y, remarcó que “la presidente Cristina Kirchner embistió contra los medios por la cobertura de la multitudinaria marcha que se realizó al cumplirse un mes de la muerte del fiscal, se refirió una vez más a la “cadena nacional del odio y el desánimo”, acusó a Clarín y La Nación de apropiación de la papelera Papel Prensa y calificó a la libertad de expresión como un privilegio aparentemente exclusivo de esos diarios”.

Tras su lectura, se presentó un video de 6 minutos sobre los principales hechos relativos a la libertad de expresión en el último semestre que arrancó con la ruptura de las notas del diario Clarín que hizo el ex jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, a comienzos de febrero en relación al caso Nisman, al grito de “todo esto es basura, todo el tiempo es mentira y basura y es importante que el pueblo argentino sepa quién le miente”.

También recordó que “antes de que se produjera la muerte del fiscal, la prensa ya desarrollaba su actividad en medio de un clima nutrido por manifestaciones hostiles y difamatorias por parte de funcionarios, medidas gubernamentales discriminatorias e iniciativas potencialmente restrictivas para la libertad de expresión”.

El Informe apuntó además a la publicidad oficial y a “la discrecionalidad con que se distribuye” para “condicionar” la opinión, “en contradicción con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia en sus fallos y por las recomendaciones realizadas por la Relatora de Libertad de Expresión de la OEA, entre otros organismos internacionales”.