La posibilidad de crear empresas sin intervención humana dejó de ser un ejercicio teórico y empieza a aparecer en la agenda política.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anunció hacia fines de la semana pasada que su cartera trabaja en un proyecto que permita la inscripción de empresas constituidas por agentes no humanos, algo hoy no permitido por la legislación.
La iniciativa, según dijo, permitiría al país tomar la delantera y afincar en el territorio a buena parte de los emprendimientos de ese estilo, consiguiendo captar una renta específica por esa radicación.
“En diez años, el 90 por ciento del PBI va a estar conformado por agentes de IA. Si creamos el régimen jurídico para que estos agentes se incorporen en la Argentina. Argentina sería 50 millones de argentinos y 500 millones de agentes de IA produciendo para todo el mundo, pero que pagan impuestos acá“, dijo en la ExpoEFI.
El escenario es atractivo: un informe de un banco privado internacional afirma que, por ejemplo, las inversiones en IA física, es decir robots inteligentes, superaron los 41 mil millones de dólares.
Qué ya se puede hacer HOY con IA en empresas
El impacto de la IA no es el futuro, sino el presente de las relaciones laborales.
Recientemente, un estudio realizado en conjunto por la Unión Industrial Argentina (UIA) y Accenture señaló que la IA podría elevar la productividad laboral argentina en 1,2 puntos porcentuales por año.
Sin embargo, solo una de cada tres empresas industriales en Argentina invierte en IA.
Actualmente, la legislación no aborda el tema del uso de estas herramientas. Desde el ministerio explicaron a El Cronista que, una vez confeccionado, se enviará al Congreso un proyecto para modernizar la ley de sociedades actual, con fuerte peso en la digitalización y ese “proyecto va a tener un capítulo que va a permitir la incorporación de sociedades de inteligencia artificial”.
Límites actuales y cuestionamientos
La ley argentina no concibe una sociedad sin personas, sean estas físicas o jurídicas representadas por humanos.
Actualmente, los “socios” deben tener identificación humana y salvo las Sociedades Anónimas Unipersonales, se requiere al menos dos integrantes.
Esas personas, en la actualidad, deben integrar un “capital mínimo” que varía según el tipo de empresa que se está constituyendo. Incluso existen limitaciones a las personas extranjeras que puedan formar parte.
Aunque la noticia no tuvo gran repercusión, algunos tecnólogos y dirigentes opositores señalaron límites a la propuesta.
Por ejemplo, el exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez se preguntó si Argentina será, en el mejor de los casos, el único país que compita por esa instalación que “podría sextuplicar el PBI del país sin generar un sólo puesto de trabajo”.
Por otra parte, la legislación debería abordar temas que hoy figuran como premisas en las sociedades humanas.
¿Quién va preso o quién paga si la IA comete un fraude o quiebra la empresa? Hoy la responsabilidad cae sobre los directores, sobre personas físicas o jurídicas.
¿Puede una IA “tener” fondos propios para integrar ese 25% inicial o siempre dependerá de un humano que le “cargue” el capital? ¿Cómo se compatibilizará el “fondeo” con la legislación antilavado?“.
Más allá del potencial que plantea el Gobierno, la discusión recién empieza y expone un desafío de fondo: cómo adaptar marcos legales pensados para personas a un escenario donde la inteligencia artificial empieza a ocupar un rol central en la economía.