REFORMA JUDICIAL

El sector empresarial también reclama una reforma judicial

Presentaron un documento con ocho propuestas de mejora de la judicatura. Reclaman independencia presupuestaria, la remoción de políticos del Consejo de la Magistratura, y un sistema de condena más ágil para los magistrados.

La reforma judicial ya no es un proyecto exclusivo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, ni del presidente Alberto Fernández. Fracasado el intento de imponer una reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal y reducir la cantidad de votos necesarios para nombrar un Procurador General, las entidades empresarias toman ahora la delantera para marcar la agenda de uno de los tres poderes del Estado.

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, más conocida como AmCham, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina -IDEA- y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires presentaron este miércoles un documento con reclamos de reforma en la Justicia, a fin de tener "un mejor funcionamiento"  y "contar con instituciones sólidas que generen confianza, posibiliten reglas perdurables para atraer inversiones, independientemente del gobierno de turno".

Las entidades empresarias, representantes de los intereses de los inversores norteamericanos, de las principales compañías de capitales nacionales, y de los estudios jurídicos que les asesoran, proponen cambios en ocho aspectos clave de la función judicial. En particular, ponen el acento en el Consejo de la Magistratura, y la independencia económica de la Corte Suprema.

En un documento técnico de 44 páginas, al que accedió El Cronista, el establishment reclama "absoluta autonomía" del máximo tribunal de justicia del país, y del órgano que selecciona, sanciona y remueve magistrados en la planificación y ejecución de su gasto, considerando que "esto incrementa la posibilidad de independencia".

Los promotores de la reforma también llaman "despolitizar el Consejo de la Magistratura", con una composición "equilibrada, que evite una mayor incidencia de parte de los representantes de la política partidaria" en desmedro de los magistrados, abogados con matrícula federal y académicos. "Un Consejo más independiente para tener una justicia más independiente", aseguran.

De igual modo, con dardos al actual funcionamiento del Consejo, la propuesta que contó con el determinante papel del letrado Guillermo Lipera, secretario de IDEA y expresidente del Colegio de Abogados, reclama "fortalecer los principios y valores fundamentales para garantizar el pleno ejercicio de una ética judicial", y acelerar la sanción a magistrados con nuevos métodos, entre los que sugieren la "revisión profunda del reglamento disciplinario que hoy rige en el orden federal", y la incorporación de "tribunales éticos", además de los disciplinarios.

El panorama se completa con un pedido de aplicación de mayor tecnología a la administración de justicia, para mediar el desempeño de los tribunales; la profesionalización de la carrera judicial, la implementación del juicio por jurados, y la limitación de las causas en las que debe intervenir la Corte Suprema, para liberarle trabajo mediante la sanción de magistrados que fallan en cuestiones como los juicios previsionales desoyendo los precedentes jurisprudenciales ya establecidos por el máximo tribunal.

El documento confeccionado con los aportes de los abogados Alberto Garay, María Gabriela Ábalos, Armando Andruet, Enrique Del Carril, Francisco Astolfi y Fernando Díaz Cantón será llevado al ministro de Justicia, Martín Soria, a los consejeros de la Magistratura, y también a jueces federales y del máximo cuerpo, a cargo de Carlos Rosenkrantz.

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