QUERELLA POR LA DEUDA

El silencio del FMI y los antecedentes judiciales que recuerdan en Washington

Guzmán se prepara para visitar a Georgieva en la semana del 17 al 25, tras el anuncio de una investigación judicial contra funcionarios del macrismo pero también del Fondo, que sigue sin hacer comentarios. Los cruces judiciales del pasado.

El Fondo Monetario Internacional se mantiene en silencio tras el anuncio del presidente Alberto Fernández de poner en marcha una querella criminal contra los funcionarios del macrismo pero también del organismo que firmaron el acuerdo de Stand-By en 2018 y sus revisiones, aunque quienes conocen el organismo aseguran que "cayó mal" y hay antecedentes de cruces judiciales.

"El FMI es responsable de lo que pasó", reforzó el ministro de Economía Martín Guzmán sobre la posible demanda que le apunta a quienes ratificaron en ese momento el acuerdo, bajo la gestión de la hoy presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Guzmán volverá a reunirse con Kristalina Georgieva durante su viaje a Washington, previsto entre el 17 y 24 de este mes, donde también buscará reunirse con la secretaria del Tesoro de los EE.UU, Janet Yellen y su equipo. El Gobierno de Joe Biden sumó como asesor al ex número 2 del FMI, David Lipton, uno de los negociadores del acuerdo con la Argentina y que podría ser alcanzado por la causa.

Pese al silencio oficial, fuentes cercanas al organismo aseguran que la noticia "cayó mal" en Washington y donde recordaron episodios anteriores donde estuvo vinculada la Argentina y los procedimientos judiciales locales.

"El departamento legal del Fondo es conservador y cuando empiezan a sonar estas cosas se pone en modo defensivo", planteó un colaborador que conoce el FMI por dentro. El Fondo ya tuvo "contratiempos" judiciales en la Argentina.

Durante la gestión de Guillermo Moreno en la secretaría de Comercio Interior, en medio de la demanda contra las consultoras privadas por revelar sus propios datos de inflación -que se contradecían con los del intervenido Indec-, la relación con el Fondo "era complicada" y "el juez de la causa citó a declarar como testigo a los representantes del organismo en el país", recuerdan. El FMI, que cerró su oficina en el país después, se negó a participar de la causa indicando que sus archivos "son inviolables" y que el organismo "goza de inmunidad en cuanto a procedimientos judiciales en relación con las palabras escritas o habladas", un argumento que podría repetirse si alguno de sus ex funcionarios fuera citado a declarar en caso de que se presente la querella penal que anunció el Gobierno.

Un caso resonante aunque colateral fue el de Jorge Baca Campodónico, ex ministro peruano, quien estaba en una misión en el país cuando llegó un pedido de detención por parte de Interpol. En esa época el canciller era Carlos Ruckauff, quien en medio de la presión del organismo señaló que no se iba a interponer con un pedido de la Justicia peruana. El representante del Fondo obtuvo la libertad bajo fianza en los tribunales locales pero estuvo más de tres años en un hotel en Buenos Aires hasta su extradición. El ex funcionario fue condenado por cohecho en 2008 pero finalmente fue sobreseído en 2013 después de varias idas y vueltas.

El ex representante ante el FMI Héctor Torres recordó en los últimos días que durante el Gobierno de Néstor Kirchner, también en medio de negociaciones, se señaló la posibilidad de recurrir a la justicia contra los bancos internacionales y el organismo por la deuda. En 2004 hubo acuerdo y en 2005 se pagó anticipadamente u$s 10000 millones para saldar la deuda con el organismo.

Más allá del frente judicial, "en Washington están esperando que la negociación con Argentina no complique la relación con otros países con ideas como la de extender el acuerdo a 20 años", que implicaría reformular las normas del organismo. Sin embargo, aun en ese caso, la deuda "sería impagable" si no se refinancian los vencimientos de capital, según indicó el ex viceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis. Con un acuerdo a 7 años -o 10, bajo los estándares actuales- de todas formas implicaría repagar u$s 16 mil por año durante cuatro años si no se "rollean" los vencimientos de capital, remarcó.


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