Signo de interrogación para el proyecto que busca reformar la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Durante el debate en comisión, los diputados de Juntos por el Cambio modificaron su postura y se mostraron divididos. Como consecuencia, surgen dudas a propósito del futuro de la ley, que se votará mañana en el recinto. El oficialismo, junto con el acompañamiento en disidencia de buena parte del PRO, se alzó este mediodía con el dictamen de mayoría del proyecto que busca modificar la ley de lavado de activos. Así, el plenario de las comisiones de Legislación General, Legislación Penal y Finanzas, dejó listo para llevar al recinto en la sesión de mañana. Se trata de una iniciativa que al gobierno del Frente de Todos le urge tratar. Es que este año habrá una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad. El dictamen impulsado por el gobierno de Alberto Fernández en junio del año pasado tiene tres ejes centrales: las modificaciones al Código Penal, la reforma de la ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y la creación de un registro de activos virtuales, incluyendo a las criptomonedas. Sobre el Código Penal, modifica el monto mínimo punible, que en la actualidad es de $ 300.000. Con la modificación, pasa a 8,6 millones y se implementa una unidad de medida (Salario Mínimo, Vital y Móvil), a los fines de su actualización periódica. El proyecto también convierte a la UIF en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia. Además, amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF y se dispone incorporar a los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios. El principal contrapunto entre el oficialismo y Juntos por el Cambio giraba en torno a dotar -o no- de mayor autonomía a la UIF. Lo que plantea la oposición es modificar los mecanismos de selección y remoción del presidente y vicepresidente de la UIF. Propone que ambos cargos sean elegidos mediante concurso público de oposición y antecedentes por una comisión ad-hoc. Hoy esas designaciones están en manos del Poder Ejecutivo. Asimismo, la coalición opositora propone que ambos puedan ser removidos de sus cargos cuando incurrieren en mal desempeño de sus funciones, grave negligencia, por la comisión de delitos dolosos de cualquier especie o por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación; sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal correspondiente También, JxC busca que ambos cargos duren cinco años, o sea, se le da independencia en la elección y duración respecto del gobierno de turno. En la previa al arranque del debate, el oficialismo daba por descontado que habría un dictamen de minoría "marginal" que firmarían los diputados de la Coalición Cívica. "Nosotros lo que queremos es que esta discusión conduzca a la reformulación de un organismo que quede en línea con las exigencias del GAFI", dijo la diputada de ese bloque, Mónica Frade durante el debate en comisión. "Queremos elevar la calidad institucional", destacó la "lilita" para luego señalar: "Debemos colocar la autonomía en consonancia con lo que piden los organismos internacionales". El asunto fue que a la postura de los "lilitos" se sumó el Interbloque Federal, que conduce Alejandro "Topo" Rodríguez. Fue la diputada de ese espacio, Graciela Camaño quien pidió hacer uso de la palabra para decir: "Voy a seguir reclamando la autonomía". En este punto, coincide con la propuesta de JxC para que las autoridades de la UIF sean elegidos por una comisión ad-hoc. Asimismo, la bonaerense dijo no estar de acuerdo en "cómo se presenta la denuncia ante la Procuración". Para Camaño, "la obligatoriedad de la UIF para ser parte activa en la denuncia que tiene que llevar adelante el procurador tiene que estar bien redactada". Señaló que, con este punto, se busca evitar "el manipuleo que hace la política". Planteadas las diferencias, se supo que el Interbloque Federal y la Coalición Cívica firmarían el mismo dictamen. La jugada conjunta tuvo sus efectos en el resto de los bloques de Juntos por el Cambio. Evolución Radical, que dudaba en firmar un dictamen de minoría o votar con el oficialismo, en disidencia, se inclinó por la primera opción. Lo mismo hizo la UCR. A esto se le sumó que algunos amarillos, optaron por no firmar ningún dictamen. Así, apenas un puñado de los diputados del PRO firmaron el mismo texto que el Frente de Todos. La jugada opositora disgustó al Frente de Todos. Aseguraron que el diputado del PRO Pablo Tonelli había negociado en nombre de Juntos por el Cambio. Y se esperaba que la mayoría, salvo los lilitos, acompañaran al oficialismo en la firma del dictamen. El asunto es que, sobre la marcha, como denuncian del oficialismo, JxC rompió el acuerdo, y se alineó con la CC. Si bien en la bancada que lidera Germán Martínez confían en que aún así conseguirán los votos para aprobar la iniciativa, lo cierto es que deberán "porotear" una ley que, en principio, se descontaba que saldría con amplio consenso.