El Gobierno nacional denunció ante la Justicia Federal una "operación de inteligencia ilegal destinada a desinformar y desestabilizar el proceso electoral", tras la difusión mediática de los audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en medio del Caso Spagnuolo.
Frente a esto, el Gobierno solicitó una cautelar que el juez Alejandro Maraniello otorgó a minutos de que se diera a conocer la denuncia. La polémica definición judicial ordenó el cese inmediato de la difusión "únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei" -no es el caso del material de Spagnuolo, que fueron presuntamente grabados en espacio público-.
La denuncia del Gobierno fue realizada por el vocero, Manuel Adorni a través de una publicación en la que además hace alusión a la grabación de otros funcionarios del Ejecutivo. Ante el anticipo de que podía surgir más material comprometedor de otros miembros del Gobierno, aceleraron esta presentación judicial.
"Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido", sentenció. Con la acusación de espionaje ilegal, el Gobierno por ahora descartó señalarse internamente sobre quién podría haber estado grabando las conversaciones privadas de la mesa chica presidencial.
Sin embargo, a raíz de la cautelar judicial, actualmente no solo corre una restricción de difusión para los imputados, sino también para que los medios de comunicación "se abstengan de difundir en forma total o parcial los registros cuestionados".
La denuncia por la presunta "operación de inteligencia" fue presentada por Fernando Soto, el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio deSeguridad, y quedó a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal 12 que subroga el juez Julián Ercolini. En la previa, se aceleraron reuniones en Balcarce 50 en presencia del apoderado de LLA, Santiago Viola; el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio; hasta el Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla; el asesor presidencial, Santiago Caputo y el portavoz presidencial.
"El mensaje es contundente: no se permitirá que las operaciones ilegales ni injerencias extranjeras manipulen la democracia argentina; los responsables deberán rendir cuentas ante la Justicia", agregaron fuentes oficiales.
Desde la Casa Rosada precisaron a El Cronista que el espionaje ilegal detectado "responde a influencias extranjeras" y entre los apuntados se encuentran el periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi, la pareja de la diputada Marcela Pagano y "operador judicial vinculado a Fernando Pocino", según el Gobierno. En el pedido se solicita el allanamiento del domicilio de todos los acusados.
"No tengo nada que ver con Pocino. Mi gran amigo es José Luis Vila", defendió Franco Bindi en diálogo con El Cronista, en referencia al secretario de Asuntos Estratégicos de jefatura de Gabinete, cercano a Guillermo Francos. Fue el foco del la intervención de Marcela Pagano en el informe de gestión la semana pasada: ella acusa a Vila y a Francos de estar atrás de la filtración de los audios y de actuar, junto al ministro coordinador, en una red paralela de Inteligencia.
En la denuncia también se solicita el allanamiento y secuestro forense de las oficinas y estudios de "Carnaval Stream", el medio por el cual se reprodujo por primera vez los audios del extitular de la ANDIS, Diego Sapgnuolo. En este sentido además instan a la Inspección General de la Justicia (IGJ) de requerir estatus, actas y beneficiarios finales de ese medio y todos los vinculados a Franco Bindi, como Extra TV y Radio Extra.
"En lo fundamental, deberá comprobarse el rol que pudieron haber tenido Marcela Pagano y Franco Bindi en la gestación del plan", detalla el documento al que accedió El Cronista. "Al mismo tiempo, deberán disponerse las diligencias probatorias conducentes para verificar la participación de Pablo Tovigginio, financista y propietario del canal Carnaval, en la difusión programada de las grabaciones captadas de modo clandestino. Lo propio corresponde también a Jorge Rial, panelista de esa misma señal, que se adelantó a asegurar que ´había videos´ cuando nadie más lo sabía", agrega.
La cautelar a favor del Gobierno para evitar más filtraciones
Además, en la denuncia se solicitó una medida cautelar para impedir que se siga publicando nuevas filtraciones y "preservar la transparencia del proceso electoral". "Es imperativo dictar como medida cautelar urgente la prohibición de difusión, reproducción y/o circulación por cualquier medio de los audios y/o otro elemento escrito o audiovisual obtenidos en el marco de la operación ilícita denunciada", expresa.
Esto implica que no solamente se aplicaría una restricción para los imputados, sino también a los medios de comunicación "para que se abstengan de difundir en forma total o parcial los registros cuestionados".
El juez Alejandro Maraniello se la otorgó a minutos de que se dé a conocer la denuncia y ordenó el cese inmediato de la difusión "únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei" -no es el caso del material de Spagnuolo, que fueron presuntamente grabados en espacio público-.
Los audios de la hermana del jefe de Estado trascendieron el viernes pasado. "Estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada", reaccionó el portavoz presidencial. "Hay 50 minutos de grabación. Es un podcast. Karina Milei les está reclamando a la gente que se dejen de romper las pelotas. Pide unidad. Pero es solo la puntita", había anticipado Federico en 'Carnaval'.
Concretamente, la cautelar lo que impide es que se dé a conocer el restante que supuestamente habría en carpeta y que pretendía darse a conocer en cuotas, en medio de la campaña electoral. La fecha apuntada es el próximo domingo 7 de septiembre, cuando se llevarán a cabo los comicios bonaerenses. Sin embargo, el material que involucrase a Spagnuolo y otros funcionarios del Ejecutivo a priori todavía no fue restringido por la orden judicial.
