Fuente: NA
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El Gobierno envió ayer el proyecto para "blindar" el plan para sacar los dólares de la informalidad en lo que denominaron la Fase II del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos. Pese a que la oposición no mostró señales de apoyo aún, en Casa Rosada confían en que los gobernadores colaborarán para aprobarlos.
El trámite iniciará así en Diputados, la cámara que tiene preeminencia en asuntos tributarios y penales, en donde el oficialismo es más fuerte en representación, pese a que el miércoles la oposición aprobó proyectos que atentan contra el programa económico del Presidente. La antesala es áspera para el Gobierno, ya que eso no hubiese sido posible si no fuese porque las provincias aliadas le soltaron la mano.
La modificación a la Ley Penal Cambiaria y la Ley de Procedimiento Tributario, a la cual llamaron "Ley de Principio de Inocencia Fiscal", le sigue a las disposiciones del decreto 353/2025 y tienen como objetivo que los argentinos que utilicen "los dólares debajo del colchón" tengan la certeza de que no serán perseguidos ante otras futuras administraciones.
Entre las principales disposiciones, se elevan los umbrales por los cuales el Estado "puede perseguirte" por evasión: de $1,5 millones a $100 millones para evasión simple y de $15 millones a $1.000 millones para evasión agravada; y disminuye de 5 a 3 años los plazos de prescripción para quienes hayan presentado su declaración jurada.
A su vez, "blindan" a los ciudadanos que adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias que comenzó a regir por decreto; es decir, todos podrán normalizar su situación patrimonial pagando Ganancias solo con la facturación.
El anuncio corrió por cuenta del titular del ARCA, Juan Pazo, y el diputado y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, quien además es el candidato de Milei en la provincia de Buenos Aires y hace unos días tuvo su foto de reivindicación con Karina Milei en plenas conversaciones sobre el armado de listas bonaerenses.
"Queda en manos de los diputados y senadores elegir entre dos opciones: o acompañan este proyecto y permiten que los argentinos sean libres y normalicen su situación patrimonial; o se oponen y los condenan a esconder sus ahorros bienhadados, condenándolos a la informalidad o a la evasión", apuntó Espert.
Aprovechó, en ese sentido, para señalar a su principal contrincante principal en la provincia; el gobernador Axel Kicillof. "Del gobernador de la provincia de Buenos Aires no esperamos nada porque le ha dedicado su vida entera a arruinarle la vida a los argentinos. Son los culpables del problema, es entendible que no sean parte de la solución".
Puertas adentro en la Casa Rosada y ARCA creen que eventualmente Buenos Aires terminará sumándose a las 14 firmas que acumularon esta semana -la próxima, esperan dos adhesiones más-, pero en cualquier caso Espert advirtió que los ciudadanos no podrán ser perseguidos porque "ARCA los va a apagar directamente y el gobernador no tendrá manera de perseguirlos".
Ante todo, la apuesta está en el peronismo del Congreso donde tiene incidencia sobre gobernadores como Raúl Jalil y Gerardo Zamora. También destacan que la líder del PJ, Cristina Fernández Kirchner, no criticó la medida. "Por poco le faltó decir que estuvo buena", interpretaron las fuentes del Gobierno. Pese a los últimos reveses parlamentarios, se ilusionan con que es posible una pronta aprobación incluso en el Senado, donde UP acumula casi la mitad de las bancas.
De todos modos, en el Congreso son más escépticos. Según lo que le anticipaban a este medio, los problemas atrincherados como la discusión por la Auditoría General de la Nación (AGN) traba cualquier negociación e imposibilita abrir el recinto. "Sin AGN no podemos hablar de Plan Colchón", había advertido una fuente del oficialismo en diálogo con El Cronista.
"A ellos lo único que les importa es que no les toquen el bolsillo y ya les dijimos que incluso va a aumentar la recaudación. Ellos son los primeros interesados en que ingresen dólares", es la lectura que hacen desde Casa Rosada. En este sentido, creen que los volantazos por las jubilaciones no son vinculantes para este caso.
El Gobierno había descartado avanzar con grandes reformas este año por la imposibilidad de llegar a acuerdos políticos, pero para asegurarse de que entren los dólares, deberán arriesgarse. El desafío será primero de Martín Menem y Espert para que no se repita el áspero ida y vuelta de la Ley Bases, que llevó seis meses.
