Como si el acuerdo para la refinanciación del préstamo solicitado en 2018 al Fondo Monetario Internacional (FMI) por u$s 57.000 millones ya fuera una realidad, el Gobierno continúa trabajando para delinear una agenda en materia laboral y previsional que estará irremediablemente atravesada por los compromisos asumidos con el organismo acreedor y apuntan a resolver el déficit crónico existe en materia de gasto social.
Con la expectativa de un rápido trámite en el Senado para la homologación del acuerdo negociado por el ministro de Economía, MartínGuzmán, la cartera laboral, a cargo del ministro ClaudioMoroni, reunió el viernes en Mar del Plata a los ministros de las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires para celebrar el Consejo Federal del Trabajo, que dio oportunidad para conversar informalmente sobre los planes que deben pasar próximamente por el Congreso.
Aunque cerca del ministro Moroni niegan y reniegan de un ajuste en los derechos laborales o el sistema de jubilaciones y pensiones, lo cierto es que el acuerdo con el Fondo compromete al Poder Ejecutivo a presentar, a más tardar en diciembre, un estudio con "opciones y recomendaciones para afianzar la equidad y la sostenibilidad del sistema previsional", como hicieron notar desde el kirchnerismo para reafirmar su rechazo a la aprobación parlamentaria del programa. Al margen, también se estudiará el postergar voluntariamente la edad de jubilación.
"Esto no va a ser para meros fines académicos", aducen los kirchneristas, indicando el debate a corto plazo de nuevas condiciones en la materia.
Independientemente de la apreciación del ala kirchnerista de la coalición de gobierno, Moroni ha insistido a sus allegados que no hay una decisión tomada y sí, en cambio, un compromiso al momento de firmar de no ajustar sobre el gasto previsional. Sin embargo, el ministro reconoce que la sostenibilidad del sistema está sometida a debate, "aquí y en todo el mundo", según suele repetir.
El reparto discrecional, bajo la lupa
Otra área donde el Fondo pretende tallar fuerte es en los subsidios y repartos discrecionales de fondos. En la apertura de las sesiones ordinarias, frente a la asamblea legislativa compuesta por diputados y senadores, el presidente AlbertoFernández anticipó el envío de un proyecto de ley para fomentar la capacitación y contratación laboral de la población más joven.
¿Qué trae detrás? El diagnóstico indica que cerca de un tercio de los jóvenes abandonan la escuela secundaria sin terminar los estudios, y sin capacitación acarrearán dificultades para insertarse formalmente en el mercado de trabajo. Pero, además, existen decenas de planes de incentivo a la contratación con incentivos fiscales, como la reducción de contribuciones o aportes patronales, desperdigados entre ministerios - Trabajo y Desarrollo Social se solapan, en ocasiones- y entre la órbita nacional, las provincias y los municipios. Aquí también se quiere pasar la lupa para "eficientizar el gasto". La población de 18 a 30 será el foco de esta política y, en particular, se alentará con mayores beneficios al empleo de mujeres.
La otra política positiva es la equiparación progresiva de las licencias de paternidad con las que actualmente gozan las madres, una vez nacidos sus hijos. Sin aspirar a un sistema escandinavo, el Gobierno trabaja con la idea de ampliar la licencia parental y encontrar un esquema de compartición del tiempo que dure la licencia para el padre o la madre.
Todo el paquete de normas laborales entraría al parlamento para su debate a partir de mayo, indicaron varios funcionarios a El Cronista.
