El Banco Mundial contradice a Milei y alerta sobre las brechas de género, más agudas de lo pensado

La brecha de género en el trabajo es mucho más amplia de lo que se pensaba. Así lo alerta el Banco Mundial (BM) en un informe presentado en la antesala del día de la mujer y a contramano de la visión del gobierno de Javier Milei que anunció días atrás que busca "eliminar la perspectiva de género" de las políticas de Estado. El organismo financiero detalló además dónde puede mejorar cada país, incluida Argentina.

Según el Banco Mundial, cuando se tienen en cuenta las diferencias legales relacionadas con la violencia y el cuidado infantil, se observa que las mujeres gozan de menos de dos tercios de los derechos que tienen los hombres. Ningún país brinda igualdad de oportunidades a las mujeres, ni siquiera las economías más ricas.

En ese marco, la Argentina tiene 79.4 puntos en el marco legal, lejos de los líderes Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia y Alemania, entre otros, y por debajo de la mayoría de la región, como Perú, Paraguay, Uruguay, México, Bolivia, Brasil, Chile e incluso Venezuela.

En uno de los apartados, el informe ejemplifica cuáles son las normas legales que se tomaron en cuenta en el mundo del trabajo y señala que hay 59 economías que prohíben que las mujeres realicen determinadas tareas en la industria. En el caso de la manufactura señala que Argentina no permite que las mujeres engrasen o limpien maquinaria en movimiento y usen cierras circulares.

El buen ejemplo de Argentina

Entre otros factores, el informe del BM analizó el indicador de Movilidad que también mide si una política o plan considera explícitamente las necesidades específicas de las mujeres en el transporte público. A nivel mundial, sólo 27 economías reconocen explícitamente tales necesidades. 

"Un ejemplo es Argentina, que cuenta con un plan de género y movilidad que incorpora una perspectiva de género para la planificación de infraestructura y promueve activamente a las mujeres profesionales en el Ministerio de Transporte", advierte el informe elaborado a los datos de la gestión anterior. 

Para el BM, que financia proyectos con perspectiva de género en la Argentina para cerrar las brechas económicas, "estos planes son importantes porque los patrones de movilidad de una mujer, incluido el uso del transporte público, difieren de los de un hombre" y pueden presentar barreras a su educación y sus oportunidades económicas. 

En ese marco, "el acoso sexual es una preocupación particular para la movilidad de las mujeres", pero los planes y políticas deben ir más allá de las preocupaciones de seguridad y abordar de manera integral las necesidades de las mujeres. Las mujeres, por ejemplo, usan más el transporte público que los hombres, con más viajes en el día asociados generalmente a los trabajos de cuidado: llevar o buscar los chicos del colegio, o atender a familiares.

El documento "La mujer, la empresa y el derecho" incluye parámetros como la seguridad frente a la violencia y el acceso a los servicios de cuidado infantil para determinar la participación. Cuando se incluyen esas mediciones, se observa que las mujeres están amparadas, en promedio, por solo el 64% de las protecciones legales de las que disponen los hombres, un valor mucho menor que la estimación anterior, del 77%.

Las mujeres acceden sólo a dos tercios de los derechos que tienen los hombres según la legislación pero además la implementación de los sistemas para que se apliquen esas leyes es baja, del 40%

La brecha de género es aún mayor en la práctica, enfatiza el BM. Además de la falta de reformas legales, hay "una brecha alarmante en la implementación". Si bien según las leyes vigentes las mujeres, en teoría, gozan de aproximadamente dos tercios de los derechos de los hombres, los países han establecido, en promedio, menos del 40% de los sistemas necesarios para su aplicación plena. 

Así, 98 economías han promulgado leyes que exigen que las mujeres reciban igual remuneración por trabajo de igual valor. No obstante, solo en 35 de ellas -menos de una cada cinco- se han adoptado medidas de transparencia o mecanismos de cumplimiento para abordar la brecha salarial.