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La apuesta oficial por sacar los “dólares del colchón” ocupar un lugar central en la estrategia económica. En un contexto de ajuste fiscal y necesidad de recomponer el crédito, el Gobierno apunta a canalizar parte del ahorro no declarado hacia el sistema formal, esta vez bajo el paraguas del nuevo régimen de Inocencia Fiscal.

La idea es que los argentinos saquen “los dólares del colchón”. Como recordó en varias oportunidades El Cronista en notas previas, la Argentina acumula entre u$s 200.000 y u$s 300.000 millones fuera del sistema, mayormente en efectivo o en el exterior, tras décadas de inestabilidad macroeconómica, defaults y cambios de reglas. El Gobierno intenta ofrecer un esquema “simplificado”, con menor carga de declaraciones y promesas de efecto liberatorio amplio.

Sin embargo, la implementación empieza a mostrar tensiones técnicas.

El planteo de los contadores

La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), que nuclea a los 24 Consejos del país, elevó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) un documento con aportes técnicos y consultas para la reglamentación del régimen, en especial en lo referido a la modalidad simplificada para personas humanas.

El texto lleva la firma del presidente de la entidad, José Simonella, y de la secretaria, Patricia Sánchez Ruíz, y apunta a despejar una serie de zonas grises que, según los profesionales, pueden convertirse en un freno a la adhesión.

La preocupación no es menor: experiencias anteriores mostraron que la falta de claridad normativa suele desalentar la regularización, incluso cuando los incentivos económicos son atractivos.

Qué puntos generan dudas

Entre los principales reclamos técnicos elevados a ARCA, se destacan:

  • Períodos fiscales a considerar: se pide precisar qué años deben tomarse en cuenta para verificar el cumplimiento de los topes patrimoniales y de ingresos.
  • Valuación de bienes: se solicita aclarar qué criterios y normas se aplicarán para determinar el valor del patrimonio declarado.
  • Condición de residente fiscal: se consulta en qué momento debe verificarse la residencia en el país.
  • Exclusiones de la modalidad simplificada: se requiere definir con precisión el alcance de las exclusiones previstas.
  • Rentas de fuente extranjera: se pregunta qué ingresos del exterior quedan alcanzados y cómo computar impuestos pagados fuera del país.
  • Rentas presuntas: se consulta si deben incorporarse ingresos estimados por ley al total declarado.
  • Rentas exentas o no gravadas: se pide aclarar si deben incluirse o no en la declaración jurada.
  • Vigencia de los beneficios: se solicita definir desde qué períodos fiscales resultan aplicables.
  • Efecto liberatorio del pago: se consulta en qué casos el pago extingue obligaciones, incluso con planes vigentes.
  • Incremento patrimonial no justificado: se pide precisar cómo se detectarán discrepancias relevantes.
  • Contribuyentes monotributistas: se requiere aclarar la situación de quienes tributan monotributo y Ganancias.
  • Saldos a favor: se consulta si pueden compensarse con otros saldos impositivos.
  • Patrimonio de explotaciones unipersonales: se pide definir cómo se computa el patrimonio afectado a la actividad.
  • Aceptación del contenido de la DDJJ: se solicita aclarar el alcance jurídico de esa aceptación.
  • Información predeterminada por ARCA: se propone detallar qué datos pondrá el organismo a disposición.
  • Multas por infracciones formales: se sugiere un criterio proporcional y segmentado.
  • Prescripción: se pide definir plazos y cómputo.
  • Ley penal más benigna: se consulta si se aplicará de forma directa o mediante norma específica.

El dilema de siempre: confianza versus control

Detrás del listado técnico aparece un problema de fondo: el ahorro argentino no está oculto por evasión pura, sino por desconfianza acumulada.

Cada nuevo régimen enfrenta el mismo dilema. Si es muy laxo, choca con la lógica recaudatoria; pero si demasiado rígido, desalienta la adhesión.

En este punto, los contadores advierten que la “modalidad simplificada” solo funcionará si reduce efectivamente la incertidumbre. De lo contrario, el riesgo es que el régimen termine siendo utilizado solo por contribuyentes ya formalizados, sin impacto real sobre los dólares fuera del sistema.

Contexto fiscal y urgencia política

El debate se da, además, en un momento fiscal sensible. El Gobierno necesita sostener el orden de las cuentas públicas sin ahogar la actividad. El ingreso de capitales no declarados aparece como una vía para recomponer la base tributaria, fortalecer reservas y mejorar la intermediación financiera.

Pero la experiencia argentina muestra que los blanqueos exitosos fueron los que combinaron incentivos claros con reglas simples y estables. Cuando la letra chica dominó el esquema, la respuesta fue limitada.

Una señal al mercado

Los profesionales buscan evitar que el régimen nazca con ambigüedades que luego deriven en litigios, ajustes retroactivos o cambios de criterio administrativo.

En un país donde los dólares del colchón son tanto un fenómeno económico como cultural, la clave no pasa solo por el beneficio fiscal, sino por la credibilidad del marco.

El desafío final

El Gobierno apuesta a que el régimen de Inocencia Fiscal marque un quiebre respecto del pasado. Los contadores, en cambio, recuerdan que la confianza no se decreta ni se reglamenta: se construye con reglas claras, previsibilidad y cumplimiento sostenido.

El éxito del esquema dependerá menos del anuncio y más de la respuesta a estas preguntas técnicas. En la Argentina, la historia lo demuestra, la letra chica suele definir el resultado.