En materia de exportaciones, el sector lechero alcanzó las 425.042 toneladas por un valor total de u$s 1.690 millones en 2025, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía (SAGyP). Se trata del número más alto registrado durante los últimos 12 años. Los datos muestran, además, que el sector exportó 3.129 millones de litros, un 18% más que en 2024, lo que representó el 27% de la producción nacional. Los productos más destacados fueron “leche en polvo entera” (35% sobre el total de toneladas), “suero” (17%), “mozzarella” (13%), “leche en polvo descremada” (7%) y “quesos de pasta semidura” (6%). Aun así, siendo una industria en expansión, dicho crecimiento se ubica a la inversa de la rentabilidad del sector. Precisamente, un trabajo difundido por la Confederación Rural Argentina (CRA) hizo énfasis en la asfixiante presión impositiva y el contexto en el que operan los empresarios. El informe, elaborado por la Mesa de Productores de Leche de Santa Fe (Meprolsafe) y la Confederación de Asociaciones Ruralistas de Santa Fe (Carsfe), presenta dos realidades muy distintas. Por un lado, destacan el crecimiento productivo sostenido impulsado por la eficiencia de los productores, tecnología y clima favorable. La contracara es que la expansión se topa con una creciente alerta, ya que los costos —incluyendo los impuestos— presionan los márgenes operativos y la rentabilidad, amenazada por la desaceleración de la inflación; el mayor volumen no alcanza para compensar la estructura de gastos. Puntualmente, la carga impositiva promedio para una empresa puede representar hasta el 42% de sus ventas. “El número es abrumador”, señalaron. En rigor, un tambero debe afrontar un mínimo de 37 tributos anuales distribuidos entre los principales niveles de gobierno: Nación, provincias y municipios. Los autores del estudio argumentan que la carga tributaria es “un cóctel que invita al abandono”. El año pasado, la cadena láctea ganó competitividad a nivel internacional. Los productos estuvieron presentes en 89 destinos y los principales países consumidores de los lácteos argentinos fueron, según la SAGyP, Brasil (41% de las toneladas), Argelia (19%), Chile (7%), China (7%). Mientras el 27% de la producción se destina al exterior, el consumo interno vive una realidad diferente. Según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), en el acumulado de 2025 hubo un alza del 5,2 % en volumen. En litros de leche equivalentes, el informe detalla que la suba del 6,4% en 2025 no fue suficiente para mitigar el impacto de la caída en 2024. “La recuperación es parcial ya que en 2024 la caída había sido de 9,0% en litros de leche equivalentes, con lo cual quedan por recuperar 2,6 puntos en el volumen de ventas”, remarcó OCLA. Un empresario del sector lechero debe afrontar un total de 37 tributos nacionales, provinciales y municipales. El trabajo difundido por la CRA desglosa la carga que atenta contra la rentabilidad de los tamberos. En cuanto a los impuestos nacionales, Ganancias se aplica en una escala progresiva que varía entre el 25% y el 35% sobre la utilidad neta. Esta última alícuota aplica a rentas superiores a aproximadamente $ 347 millones. Pese a ello, desde Meprolsafe y Carsfe consideran un impuesto que, si todo el sistema impositivo está bien controlado, este sería un tributo justo. En otro orden, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) posee una alícuota general del 21% sobre las ventas, con tasas reducidas del 10,5% para ciertos eslabones de la cadena. “Pedimos que se disminuya de manera que se favorezca el consumo de lácteos”, apuntaron. Otro tributo que figura en la lista es el impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, más conocido como el “impuesto al Cheque”, un gravamen que recae sobre las operaciones de acreditación o débito en cuentas corrientes. “Cuando las operaciones se repiten o superponen generan impuesto sobre impuesto”, subrayan. Asimismo, citaron como ejemplo el impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, el cual se abona cada vez que se carga nafta o gasoil. Afirman que debería eliminarse respecto de los consumidores, ya que esto “favorecería los sistemas productivos y favorecería el consumo y el turismo por parte de los consumidores finales”. El sector lechero también solicitó avanzar hacia un esquema más moderno respecto de las cargas sociales. En tanto, sobre las retenciones y percepciones -que actúan como pagos a cuenta de Ganancias e IVA aplicados en diversas transacciones comerciales- estiman que deberían suprimirse. “Que cada contribuyente pague lo que le corresponda, evitando retenciones indebidas y facilitando a ARCA en control por contribuyente directo”, sostuvieron. Dentro de los impuestos provinciales emergen Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario Rural. Sobre el primer caso, el informe lo cataloga como el tributo de “mayor impacto”, dado que grava la facturación bruta con alícuotas que suelen oscilar entre el 1,5% y el 5%, dependiendo de la actividad y la jurisdicción. Las tasas municipales fueron otro de los aspectos mencionados en el trabajo. Los especialistas en tributación consideran que no son más que “un impuesto disfrazado de tasa”. El punto es que las provincias que poseen municipios, comunas y entidades de fomento tienen potestad fiscal para establecer tributos que recaen sobre la actividad económica. Sin embargo, en el sector tambero evalúan que el inconveniente radica en su estructura: son aplicadas por los gobiernos locales bajo el compromiso de prestar servicios que, finalmente, no se prestan.