Día D en el Consejo de la Magistratura: Gobierno y oposición se disputan el organismo que nombra jueces

Pasada la Semana Santa, a la hora cero del lunes 18, la composición actual del Consejo de la Magistratura se convertirá en calabaza. Será el primer día hábil luego del plazo fijado por la Corte Suprema (120 días y feriados mediante) al Congreso para que avance en la sanción de una ley que establezca una nueva composición a este órgano fundamental del Poder Judicial. 

De lo contrario, dispuso el máximo tribunal, el organismo que se encarga de la administración de la Justicia deberá volver a su composición original, aquella que rigió hasta el año 2006, cuando el Poder Legislativo, con la por entonces senadora Cristina Kirchner como impulsora, modificó su conformación, dejando al presidente de la Corte afuera de la toma de decisiones.

La demora de su tratamiento en el Senado, primero, y la falta de votos en Diputados, después, podrían generar un descalabro en el organismo encargado del nombramiento, sanción y remoción de jueces.

Tal como estableció la Corte Suprema, si el Congreso no se hacía de una nueva ley en el plazo otorgado, el Consejo de la Magistratura debería retrotraerse a su composición original. Es decir, volver a los 20 integrantes (hoy son 13), y con el juez Horacio Rosatti al frente ese organismo.

Este ítem es el principal reparo del oficialismo. En la ley que recibió media sanción en el Senado la semana pasada directamente no incluye a los cortesanos entre los 17 integrantes que se proponen. 

Si bien es cierto que a Corte contempló en su fallo la posibilidad de que el Congreso no avance en una nueva ley en 120 días, introdujo un Plan B (volver a la composición previa 2006), las sospechas de que el Consejo de la Magistratura quede paralizado -salvo en cuestiones administrativas, como el pago de sueldos- crecen.

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¿parálisis en ciernes?

"Yo voy a seguir trabajando para que constituyamos las comisiones, pongamos en debate la media sanción del Senado y tratemos de tener una nueva ley con el mayor consenso posible", dijo esta mañana el jefe de la bancada oficialista, el diputado Germán Martínez.

Suponiendo que Martínez logre su cometido y se avance en la sanción de una ley, en el mientras tanto (es una quimera pensar que esto ocurrirá en menos de tres días hábiles), el Consejo deberá funcionar como lo hizo hasta 2006. Para una parte de Juntos por el Cambio, este escenario podría traducirse en una parálisis. Al menos hasta noviembre.

En la oposición temen que la vicepresidenta se las ingenie para postergar la puesta en marcha del organismo. ¿De qué manera? De la titular del Senado, y de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, depende la firma de la resolución para nombrar a los representantes por la segunda minoría que establece la ley original. Si alguno de ellos -o ambos- demora el trámite, una interpretación posible es que el resto de los integrantes no pueda asumir.

¿Por qué? Según el fallo de la Corte, todos los consejeros tienen que asumir de forma simultánea. "Entonces, si no están todos nombrados, los que sí lo están, no pueden asumir", explicó una fuente de Juntos por el Cambio a este medio.

De todas maneras, esa fuente interpretó que esa "estrategia de dilación no se puede sostener mucho en el tiempo".

Y dio dos argumentos. Primero, la jefa del Senado no tendría justificativos para hacerlo. Aseguran que la ley de 1997 es muy clara: habla de bloques. "Entonces, no hay duda de que los consejeros que faltan nombrar son para la UCR (en Diputados) y el PRO (en Senado)".

El segundo argumento que dio esa fuente es que como en noviembre se debería renovar la composición, "va a tener que volver a firmar las designaciones". Por lo que prevén "no hay forma" de que CFK "pierda la lapicera" más allá de noviembre.

De todas maneras, algunos referentes de Juntos por el Cambio, como Mario Negri, presidente de la bancada radical en Diputados, y Jimena de la Torre, abogada cercana al PRO que días atrás fue electa consejera, sostienen que con 18 miembros, el consejo tendría quórum para sesionar.

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Escándalo institucional

En declaraciones radiales, este fin de semana el radical aseguró que Massa y Kirchner "deberán aceptar el fallo de la Corte Suprema. No es que pueden tomar decisiones personales, si les gusta o no les gusta". 

"Sería un serio problema institucional si alguno de los dos se niega a firmar las resoluciones para designar al senador y al diputado por la segunda minoría", remató el radical.

Si desde el oficialismo se las ingenian para frenar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, lo que acarrearía, por caso, que se frenen los concursos para cubrir vacantes en juzgados, la implementación de sanciones o la firma de resoluciones, "habrá una crisis institucional gigante", avizoraron desde la oposición.