

El Gobierno decidió avanzar con la quita de los subsidios a los colectivos en el Interior del país, justo después de que fracasara el tratamiento de la "ley ómnibus" y en medio de una guerra entre el presidente Javier Milei y los gobernadores de las provincias. En 2023, el Fondo Compensador al Transporte Público del Interior demandó $ 102.000 millones.
El Ministerio de Economía anunció esta mañana que los subsidios dejarán de ser a las empresas y serán transferidos directamente a los usuarios, pero su implementación es compleja y -coinciden las fuentes consultadas- por el corto plazo no se esperan cambios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El posible efecto a corto plazo es que los gobernadores se vean obligados a aumentar las tarifas del transporte público, a recortar otros gastos (salarios o dotación de empleados públicos como docentes, médicos y policías) o subir los impuestos como Ingresos Brutos. Las provincias más complicadas, por la penetración de la SUBE, serían Buenos Aires (todo lo que no es el AMBA), Córdoba y Santa Fe.

Aunque la eliminación del Fondo se produce en medio del choque entre Milei y los gobernadores, lo cierto es que ya estaba previsto por Nación, para cumplir con el pacto fiscal de 2017 y 2018.
Las críticas de los gobernadores
Sin embargo, empezó a generar tensión. El primero en contestar fue el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. "La eliminación de subsidios de transporte para el interior del país, sosteniendo los del AMBA, incumple el Pacto Fiscal de 2017. Se mantienen fuertes asimetrías entre el conurbano bonaerense y el resto del país. Bienvenido el orden fiscal, pero debe ser equitativo", escribió en redes sociales.
Por su parte, el gobernador Maximiliano Pullaro afirmó que "a la provincia de Santa Fe siempre la discriminaron. Ahora se le quitan 1500 millones de pesos por mes, que era una partecita de los subsidios que daba Nación para sostener los subsidios al transporte. Nunca creímos que se iban a cortar los subsidios".
Las dudas sobre la letra chica del proyecto
No obstante, el anuncio de la cartera que conduce Luis Caputo es ambiguo: se centra en que los subsidios se dejarán de canalizar a la oferta e irán a la demanda, algo que incluso es bien valorado entre algunas empresas prestatarias del servicio público de "transporte de pasajeros por automotor" (colectivos), pero no detalla cómo se realizará.
Después de dos aumentos consecutivos en el inicio del año, el boleto mínimo pasó a $ 270 (410% por encima frente al valor en el que estaba antes del 15 de enero) y todavía es insuficiente para cubrir los costos de operación. Según las compañías, el "costo pleno" rondaría los $ 1000.
Cómo funcionará el subsidio a usuarios de colectivos
Una posibilidad es que se establezca un precio único que refleje los costos y que en base a eso se defina una compensación para cada usuario, en función de sus ingresos o necesidades.
Igualmente, esa alternativa debería ser sometida a audiencia pública, y la última resolución oficial de la Secretaría de Transporte dejó fijas las tarifas por dos meses.
Las líneas de la Ciudad de Buenos Aires
Otra duda es lo que pasará con las 32 líneas de colectivos que solamente circulan por la Ciudad de Buenos Aires, que todavía no asumió ese costo -podría ser una moneda de cambio por la deuda de coparticipación, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2022-, así como las líneas que cruzan de la Ciudad al Gran Buenos Aires (GBA), de las que también se encarga la Nación.
La tarifa social se mantiene, con un descuento del 55%, y mientras tanto, los usuarios van "nominalizando" (poniendo a su nombre) las tarjetas SUBE, con filas que se extienden por horas en medio de la ola de calor.














