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Patricia Bullrich volvió a cuestionar este jueves el funcionamiento de la mesa política del oficialismo tras conocerse que el proyecto de presupuesto incluía una derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Aseguró no haber sido informada previamente pese a haber participado de reuniones el día anterior.
“Me salió hoy así de sopetón”, reconoció la jefa del bloque de senadores en diálogo con A24, al explicar su reacción cuando se enteró de que el texto enviado al Congreso incluía ese cambio sin haber sido discutido en la mesa política previa.
Bullrich relató que la noche anterior se habían acordado los números macroeconómicos del proyecto —crecimiento del 4% e inflación proyectada en 21,1%— pero que nadie mencionó la reforma sobre discapacidad, que terminó generando rechazo en Diputados.
Según contó, legisladores se enteraron del cambio a las tres de la mañana, pocas horas antes de una reunión clave en comisión, lo que —advirtió— puso en riesgo los acuerdos alcanzados con aliados y opositores dispuestos a negociar.
“A mí no me tomen de tonta”, dijo la senadora, al remarcar que si participa de una mesa de discusión política espera ser parte de las decisiones que luego se conocen públicamente.
La dirigente advirtió que este tipo de episodios pone en riesgo la gobernabilidad lograda con esfuerzo este año, recordando que el oficialismo había sufrido tensiones similares en 2024 al perder respaldo legislativo en el Senado.
Además, remarcó que el bloque libertario logró sostener una mayoría de 44 votos, apodada internamente “Bloque de 44”, que se pone en riesgo con decisiones no consensuadas como esta.
Bullrich fue crítica con el origen de la medida. “Yo no quiero acusar a nadie, pero sale de economía”, deslizó, sin señalar directamente al ministro Luis Caputo ni a otros funcionarios del equipo económico.
La sensibilidad social exige consenso
La senadora insistió en que la sensibilidad social exige más consenso previo, sobre todo en un tema como discapacidad, que había generado fuerte rechazo social durante gran parte del año.
Consultada sobre si existe una intención de discutir menos dentro del Gobierno, evitó responsabilizar directamente al Presidente. Contó que Javier Milei convoca reuniones de gabinete todas las semanas y que allí se debate con amplitud.
Sin embargo, deslizó una crítica hacia el equipo económico al señalar que hubo un “error no forzado” en la manera en que se manejó el tema, una frase que usó para cerrar su reflexión sobre lo ocurrido.
“El error no forzado te puede hacer perder el partido”, sentenció Bullrich, en una definición que resume su malestar con la falta de anticipación en un tema tan sensible como la discapacidad.
Pese a las críticas, la senadora evitó profundizar la interna y remarcó que hasta ahora siempre pudieron discutir con libertad dentro del espacio libertario, aunque pidió que estos episodios no se repitan en el futuro.
Más temprano, en declaraciones por Radio Rivadavia, la legisladora reconoció que el asunto “no salió a la luz” en las reuniones de la mesa política. “No nos enteramos, yo no miento, es la verdad”, enfatizó, y lamentó el impacto político de la jugada.
“Cuando los legisladores llegan al Congreso sin información previa quedan expuestos ante sus bloques y la oposición, quedando como un tonto o como que engañás; eso resiente las relaciones. Es bueno que nosotros corrijamos esos problemas”, remarcó.
En la misma línea, la referente oficialista reconoció que en Diputados ya existía un entendimiento previo entre el oficialismo y sectores opositores para abordar el tema de la discapacidad “de determinada manera”, un acuerdo que ahora quedaría en cuestión tras la irrupción de estos artículos en el texto presupuestario.
Dado que el Senado interviene como cámara revisora en materia fiscal, la legisladora explicó que deberán aguardar la sanción de la Cámara Baja para fijar una postura: “Está bastante peliaguda la discusión”, admitió.
“A mí no me tomen de tonta”, dijo la senadora, al remarcar que si participa de una mesa de discusión política espera ser parte de las decisiones que luego se conocen públicamente.
Discapacidad: qué cambios introdujo el Gobierno en el Presupuesto 2027
El proyecto de Presupuesto enviado al Congreso introduce, en su Capítulo VI (artículos 36 a 41), modificaciones permanentes que desmantelan pilares históricos del sistema de discapacidad vigentes desde 1997.
Concretamente, la iniciativa deroga varios artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793) e incorpora cambios significativos en la Ley 24.901, que sostiene el sistema de prestaciones básicas de atención integral por casi tres décadas.
La modificación más sensible de la iniciativa recae sobre el Nomenclador de Prestaciones Básicas, al estipularse que dejará de contemplar “valores universales”. Esto elimina los aranceles de referencia obligatorios para obras sociales, prepagas y prestadores. Esto obligaría a las familias a negociar de manera individual el valor de terapias y tratamientos con sus coberturas.
El proyecto también plantea una reconfiguración en el esquema de pensiones por invalidez laboral, donde el Certificado Único de Discapacidad (CUD) dejará de funcionar como garantía directa de acceso. El haber se mantiene en el 70% del haber mínimo jubilatorio, el mismo porcentaje que rige desde la sanción de la ley.
El cambio de nombre no es menor: corre el eje de la discapacidad -definida hoy según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad- hacia el concepto más restrictivo de invalidez laboral. Ese giro se completa con otro artículo: el 41 deroga el artículo 5° de la 27.793, que fija esa definición amplia y remite al modelo social de la discapacidad.
Otro punto de fricción aparece en la compatibilidad con el empleo. La ley vigente permite cobrar la pensión aun con un vínculo laboral formal o inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles; si los superan, la pensión se suspende de forma automática mientras dure esa situación, y el titular puede pedir su rehabilitación inmediata al cesar el vínculo.
El artículo 37 del Presupuesto reemplaza esa lógica por una incompatibilidad total: quien tenga un empleo formal o esté inscripto en el régimen general o simplificado pierde directamente el derecho a la prestación. Esta herramienta, hasta ahora, permitía trabajar a muchas personas con discapacidad sin resignar cobertura.
