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La senadora y titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aseguró que no estaba al tanto de las modificaciones en el sistema de Discapacidad, que el Gobierno incorporó en el proyecto de Presupuesto 2027. “No estaba enterada, tenemos que corregir eso”, sostuvo.
En declaraciones por Radio Rivadavia, la legisladora reconoció que el asunto “no salió a la luz” en las reuniones de la mesa política. “No nos enteramos, yo no miento, es la verdad”, enfatizó, y lamentó el impacto político de la jugada.
“Cuando los legisladores llegan al Congreso sin información previa quedan expuestos ante sus bloques y la oposición, quedando como un tonto o como que engañás; eso resiente las relaciones. Es bueno que nosotros corrijamos esos problemas”, remarcó Bullrich.
En la misma línea, la referente oficialista reconoció que en Diputados ya existía un entendimiento previo entre el oficialismo y sectores opositores para abordar el tema de la discapacidad “de determinada manera”, un acuerdo que ahora quedaría en cuestión tras la irrupción de estos artículos en el texto presupuestario.
Dado que el Senado interviene como cámara revisora en materia fiscal, la legisladora explicó que deberán aguardar la sanción de la Cámara Baja para fijar una postura: “Está bastante peliaguda la discusión”, admitió.
Polémica por los recortes en Discapacidad: qué cambios introdujo el Gobierno en el Presupuesto 2027
El proyecto de Presupuesto enviado al Congreso introduce, en su Capítulo VI (artículos 36 a 41), modificaciones permanentes que desmantelan pilares históricos del sistema de discapacidad vigentes desde 1997.
Concretamente, la iniciativa deroga varios artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793) e incorpora cambios significativos en la Ley 24.901, que sostiene el sistema de prestaciones básicas de atención integral por casi tres décadas.
La modificación más sensible de la iniciativa recae sobre el Nomenclador de Prestaciones Básicas, al estipularse que dejará de contemplar “valores universales”. Esto elimina los aranceles de referencia obligatorios para obras sociales, prepagas y prestadores. Esto obligaría a las familias a negociar de manera individual el valor de terapias y tratamientos con sus coberturas.
El proyecto también plantea una reconfiguración en el esquema de pensiones por invalidez laboral, donde el Certificado Único de Discapacidad (CUD) dejará de funcionar como garantía directa de acceso. El haber se mantiene en el 70% del haber mínimo jubilatorio, el mismo porcentaje que rige desde la sanción de la ley.
El cambio de nombre no es menor: corre el eje de la discapacidad -definida hoy según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad- hacia el concepto más restrictivo de invalidez laboral. Ese giro se completa con otro artículo: el 41 deroga el artículo 5° de la 27.793, que fija esa definición amplia y remite al modelo social de la discapacidad.
Otro punto de fricción aparece en la compatibilidad con el empleo. La ley vigente permite cobrar la pensión aun con un vínculo laboral formal o inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles; si los superan, la pensión se suspende de forma automática mientras dure esa situación, y el titular puede pedir su rehabilitación inmediata al cesar el vínculo.
El artículo 37 del Presupuesto reemplaza esa lógica por una incompatibilidad total: quien tenga un empleo formal o esté inscripto en el régimen general o simplificado pierde directamente el derecho a la prestación. Esta herramienta, hasta ahora, permitía trabajar a muchas personas con discapacidad sin resignar cobertura.
