El plenario de comisiones que trató el proyecto oficial de reforma laboral cumplimentó esta tarde los pasos para rubricar el dictamen y dejar todo preparado para que el pleno de la Cámara Alta pudiera darle media sanción a la iniciativa. Pero, sorpresivamente, habrá que esperar varias semanas para discutir en el recinto.
La senadora Patricia Bullrich anunció que el debate será en febrero.
“Vamos a firmar un dictamen para dejarlo abierto a modificaciones y les proponemos pasar el debate al 10 de febrero. Es para tener en cuenta el pedido de muchos sectores”, señaló.
En ese sentido, dijo que habrá modificaciones atendiendo a las opiniones que se fueron escuchando en estos dos días. Eso supone que el gobierno de Javier Milei deberá volver a llamar a extraordinarias para el segundo mes del año.
De hecho, hubo un señalamiento al improvisado rol de vocera gubernamental de la senadora, quién confirmó que el nuevo período se extendería desde el primer hasta el último día hábil de febrero.
La exministra de Seguridad dijo que, además de la reforma laboral, también quedará para esa fecha el proyecto de Glaciares.
En cambio, convocó a sus pares a sumarse al tratamiento del Presupuesto aprobado en la madrugada por Diputados. Para esa tarea, la fecha será el 26 de diciembre. En esa sesión también se tratará “Inocencia Fiscal”.
Los senadores del peronismo señalaron que es “bueno” que el tratamiento no sea tan exprés como pretendía originalmente el oficialismo.
Qué se había hablado en la comisión
La actividad había comenzado ayer y con polémica por el modo en el que se integraron las comisiones. El peronismo, en una inédita minoría, denunció que no se respetó la proporcionalidad y que impugnará judicialmente el trámite.
Con Patricia Bullrich dirigiendo la acción, el oficialismo apretó el paso y pretendía concluir el primer paso esta tarde, después de que brindaran su testimonio los últimos invitados especiales.
De hecho, el senador Mariano Recalde pidió más tiempo para sumar expositores, pero no obtuvo eco por parte de la presidenta del cuerpo.
Ayer había sido el turno, por ejemplo, de uno de los secretarios Generales de la CGT, Jorge Sola, que hoy por la tarde encabezará el acto que esa y otras centrales realizarán en Plaza de Mayo para repudiar el proyecto de reforma laboral oficialista que avanza en el Congreso.
En la mañana del jueves hubo más representantes sindicales y también de distintas entidades empresarias.
Por ejemplo, los nucleamientos de empresas bancarias se mostraron a favor de la reforma, pero pidieron que se elimine del proyecto el artículo 35, aquel que dispone que las remuneraciones ya no tengan que abonarse obligatoriamente en una cuenta corriente en una entidad bancaria.
Por detrás aparece una puja con las billeteras virtuales que, hace poco tiempo, ya consiguieron quedar habilitadas para el cobro de jubilaciones y planes sociales.
Marcelo Mazzón, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina dijo que el artículo 35 “está redactado pésimamente porque va a afectar la seguridad, el funcionamiento y el crédito que reciben los usuarios bancarios”.
Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina, fue en el mismo sentido: “En principio estamos muy de acuerdo con la reforma laboral. Proponemos eliminar el 35 porque la cuenta sueldo es un pilar del sistema económico, es la protección legal del salario y está supervisada por el Banco Central”.
Además hubo espacio para especialistas en derecho laboral. Por ejemplo, Alejandro Sudera, presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, se refirió a la actualización de indemnizaciones judicializadas a través del IPC.
“No es la primera vez que estamos acá intentando defender los intereses de la cultura en general y de los institutos culturales que promueven esa cultura y los espacios de comunicación que hacen tan importante la cultura argentina a lo largo del mundo”.
“Lo que se propone reformar en el artículo 54 de este proyecto es lo que, desde hace tiempo, viene aplicando la justicia nacional de apelaciones del trabajo. Me parece positivo que se regule y que no se deje librado al criterio de los jueces”, afirmó Sudera.
Por su parte, Guillermo Crespo, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas dijo que la propuesta lo que busca es “potenciar el poder del empleador”.
“Busca hacer del trabajador alguien atado a la voluntad del empleador, y no va a tener la posibilidad de luchar por sus derechos”, dijo Crespo, mientras que Melina Peñarol Méndez, representante del Foro de Abogadas y Abogados de Organizaciones Sindicales señaló al proyecto como “una reforma constitucional encubierta porque deroga el 14 bis de la Constitución Nacional”.
Pablo Topet, asesor legal de la CGT, calificó a la iniciativa como “profundamente anti sindical”, mientras que Pablo Echarri, representante de Actores, sentenció: “No es la primera vez que estamos acá intentando defender los intereses de la cultura en general y de los institutos culturales que promueven esa cultura y los espacios de comunicación que hacen tan importante la cultura argentina a lo largo del mundo”.
