Avanza el 5G en la Argentina: definiciones y puntos de fricción en dos decisiones estratégicas para la licitación

El Gobierno hizo finalmente su primera movida para avanzar hacia la tan esperada licitación para el desarrollo de la tecnología 5G en la Argentina. En la última reunión del directorio del ENACOM, el pasado jueves 22 de diciembre, se votaron dos resoluciones que encaminan el proceso hacia 2023. No obstante, no hubo unanimidad en el cuerpo decisorio por una serie de puntos que los representantes de la oposición determinaron como conflictivos para la implementación del 5G y de cara a su licitación.

El directorio del ENACOM aprobó, por un lado, la asignación de la banda de 3,5 GHz para ser utilizada para el desarrollo del 5G. En ese punto, no hubo diferencias entre los representantes del Gobierno -hoy el ENACOM se encuentra bajo la dirección de Claudio Ambrosini- y la oposición ya que se trataba de una banda que se venía trabajando desde la gestión previa y que incluso se trabajaba para limpiarla de otras asignaciones, entre el 3,3 y 3,6 GHz, para que migren hacia otras frecuencias.

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Donde sí hubo disidencias fue al momento de someter a votación el reglamento que define una serie de aspectos técnicos para la implementación del 5G en la Argentina y que preconfigurarán, de algún modo, el proceso licitatorio el año próximo. Aquí los representantes de Juntos por el Cambio no acompañaron por completo porque evidenciaron ciertas discrepancias sobre aspectos técnicos que inciden en una eventual licitación y desarrollo del 5G. 

En la oposición piensan que son cuestiones clave si se quiere crear un contexto y condiciones favorables para el interés de las operadoras para competir por la licitación. Desde el Gobierno, lo ven de otro modo: dicen que la coalición opositora aprovecha la oportunidad para plantear cuestiones que hacen a políticas de telecomunicaciones en general, no específicamente a la instrumentación técnica del 5G

Desde el organismo no informaron aún cuándo se comunicaría la información de lo resuelto en el directorio de forma oficial. "Es un procedimiento previo a la etapa de definir operadores que recién podría tener lugar entre marzo o abril", sugirieron a este medio desde el Gobierno. Otros interlocutores se muestran más optimistas respecto a la fecha del llamado a licitación y confían en que puede resolverse antes de esos meses.

En todo caso, la decisión política reposa ahora en el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete de la Nación, al igual que cuando se licitó para una primera prueba del 5G en 2014. Una vez que el reglamento se publique en el Boletín Oficial -y se espera que eso suceda a lo largo de la próxima semana-, el Ejecutivo quedará oficialmente habilitado para determinar una fecha para la licitación, cuyo armado de pliegos y convocatoria dependerá del ENACOM.

puntos conflictivos en la reunión de directorio

Según pudo consignar El Cronista, en la reunión de directorio hubo dos puntos que esencialmente fueron puestos en debate por los representantes de Juntos por el Cambio en relación al proceso de desarrollo del 5G en la Argentina. El primero tiene que ver con el denominado CAP, la cuota de espectro radioeléctrico que las empresas tienen autorizado para su uso y que en la actualidad tiene un límite de 140.

La oposición argumenta que debe elevarse para interesar a las operadoras. Sin embargo, en el reglamento no se define esta cuestión aún. En el Gobierno coinciden en que eso será un paso necesario que se plasmará de manera oportuna en el pliego al momento de la licitación. Por lo que no debería representar, a futuro, un obstáculo irresoluble.

El segundo punto mira hacia una cuestión de fondo que es el decreto 690/2020 que define a internet como un servicio público a la luz de constituir "uno de los derechos digitales que posee toda persona con el propósito de ejercer y gozar del derecho a la libertad de expresión". La oposición considera que debe derogarse porque constituye una traba para que cualquier firma se interese en participar de una eventual licitación. 

Desde el Ejecutivo, en cambio, consideran que no debería constituir un impedimento que se hable de "un precio justo, equitativo y razonable acorde a la visión de Argentina Digital" porque es un paradigma ya vigente en el país. Por ahora, el decreto de la discordia se encuentra suspendido por decisión de la Justicia.

Dos son los puntos que Juntos por el Cambio señaló como conflictivos en la última sesión de directorio del ENACOM: el CAP, o cuota de espectro autorizado a las empresas, y el decreto 690/2020 que piden derogar

Neutralidad de red en la Argentina

Por último, hay un punto más que representa quizás la más política de todas las decisiones que se adoptaron el jueves y es la inclusión del concepto de neutralidad de red en el diseño del reglamento para concursar y comprar espectro de 5G en la Argentina. Esto hay que entenderlo en el marco de la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China en torno a la participación en el mercado del 5G a nivel global.

De ahí que se pueda leer también el desarrollo del 5G y las condiciones que se impongan por parte del Gobierno de Alberto Fernández como una apuesta no solo estratégica -en virtud de los múltiples usos que permite esta tecnología en materia de desarrollo de infraestructura y servicios- sino también geopolítica, por su aplicabilidad en el campo de la seguridad y la defensa.

En diversas partes del mundo, Washington ha difundido su desconfianza respecto a la participación de firmas chinas como Huawei por la privacidad de la información transmitida por esa frecuencia y con sus recursos. También en la Argentina ha buscado desalentar su involucramiento a partir de las reuniones con diversos funcionarios de peso del Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

Así y todo, al incluir la neutralidad de red como concepto dentro del reglamento, el ENACOM resolvió no excluir la participación de ningún actor de una futura competencia por el 5G en la Argentina. Luego esta decisión deberá ser ratificada a nivel de Economía y Jefatura de Gabinete cuando se ordene avanzar con el armado de los pliegos propiamente dichos.

Las empresas que compiten en la Argentina

En la Argentina, Telecom, Claro y Telefónica aparecen hoy como las operadoras con posibilidades de desarrollar la tecnología del 5G en la Argentina. Cada una de ellas, contratan proveedores con capacidad de aportar tanto el hardware como el software y de hecho se han realizado pruebas ya con las firmas Huwaei, Nokia y Ericsson. 

Si bien no son las únicas que intentan competir en el mercado, son hoy las que más porcentaje del mismo han conseguido. Luego hay otras firmas europeas e incluso asiáticas que intentan ingresar al mercado con menos competitividad y desarrollo. Así y todo, la firma china lleva ventajas en su desarrollo a nivel global sobre sus competidoras.

Según explican en el ENACOM, es potestad de cada operadora establecer su proveedora y fijar en base a ello, el monto por el que buscarán competir en 2023, acorde a su ecuación de factibilidad, inversión y precio internacional. En el reglamento se esbozan plazos de despliegue de la red -que podrían rondar, con prórrogas incluidas, los seis años- a partir de sucesivas etapas, desde los centros urbanos a la ruralidad. Se toma como base la primera experiencia de adjudicación de 2014 cuando no había aún una frecuencia limpia como la que se despejó ahora.

Sobre los plazos de adjudicación, que deberán especificarse en los pliegos de la licitación, las fuentes consultadas refieren a las experiencias a nivel global con períodos de 20 a 25 años aproximadamente.

Ninguna de las empresas que hoy buscan posicionarse en la competencia local desconoce el documento porque, según fuentes del organismo, no solo revisaron oportunamente el borrador del reglamento sino que incluso sugirieron modificaciones para acondicionarlo desde el punto de vista técnico. 

Así y todo, la gran incógnita es cuántos dólares invertirán y al respecto hay versiones diversas. Cerca del Gobierno estiman que la cifra rondaría los 1.500 millones de dólares. Pero en el sector privado prima una proyección más austera que parte de los 500 millones.

El pliego deberá terminar de definir otras condiciones para la licitación como si será una competencia abierta o cerrada para las firmas locales y extranjeras. Pero eso recién tomará forma en el plazo de los próximos meses: en los cálculos más optimistas, se piensa en algún momento del primer trimestre si bien puede demorarse. Juntos por el Cambio ya dejó en claro que buscará participar del proceso de diseño y habría consenso en que así sea.