El Gobierno pasa la motosierra por un organismo clave para la ciencia: cómo queda

En línea con el programa de ajuste del Estado impulsado por la Ley Bases durante el último año, el gobierno de Javier Milei oficializó una nueva reforma profunda a nivel estructural en uno de los organismos clave en la vinculación entre el sistema científico y el sector productivo argentino. Se trata de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), que había sido creada por decreto durante la gestión de Alberto Fernández, sobre el filo de la pandemia, fusionando la agencia original de fines de los '90 con otro organismo creado en la gestión de Fernando de la Rúa.

El Decreto 447/2025, publicado en el Boletín Oficial modifica el Decreto de Necesidad y Urgencia 157/2020 y elimina ocho de los once cargos del Directorio de la Agencia. A partir de ahora, la conducción quedará en manos de un Comité Directivo de solo tres miembros: un presidente con rango de secretario y dos directores ad honorem, bajo propuesta de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, en la órbita de Jefatura de Gabinete. 

La reestructuración forma parte de un paquete más amplio de reformas que el Ejecutivo justifica con el argumento de mejorar la eficiencia estatal, reducir el déficit fiscal y eliminar estructuras burocráticas que obstaculizan el desarrollo. Según el texto del decreto, los cargos eliminados generaban "gastos de viáticos y comisiones" que impactaban en las cuentas públicas. No obstante, tampoco los diez vocales e la Agencia I+D+i eran rentados.

Desde el sector de los científicos, cuestionan el decreto como una nueva avanzada de la motosierra por organismos de investigación, y alertan sobre otras medidas de similar tenor que pueden sobrevenir con foco en el Conicet, el INTI y el INTA. Pero lo que subyace, denuncian investigadores como Jorge Aliaga, exdecano de la Facultad de Exactas de la UBA y exsubsecretario de Evaluación Institucional del MinCyT, es un cambio en su naturaleza operatoria que esconde el alcance del ajuste: "De impulsar 'el desarrollo científico, tecnológico y de la innovación' a 'la innovación en el sector científico tecnológico".

En efecto, el decreto publicado hoy no se limita a la reducción de cargos. También redefine la misión estratégica de la Agencia, con énfasis en su rol productivo: asevera que el organismo deberá funcionar como puente entre la comunidad científica y el entramado económico, administrando fondos y programas orientados al desarrollo, la innovación y la transferencia tecnológica. 

"Resulta indispensable fortalecer los instrumentos de promoción, promoviendo esquemas que aseguren la vinculación efectiva entre los avances científicos, el desarrollo tecnológico y su implementación en la economía real", argumenta el texto firmado por Milei y el ministro coordinador, Guillermo Francos.

En ese sentido, la nueva estructura permitirá a la Agencia prestar servicios especializados con carácter oneroso, captar recursos públicos y privados -nacionales e internacionales-, e incluso conformar "nodos de innovación" con participación de actores científicos, tecnológicos y productivos. La idea de fondo, acorde al Gobierno, es que la ciencia y la tecnología dejen de estar aisladas y se conviertan en herramientas activas para mejorar la competitividad nacional y generar empleo de calidad. 

No obstante, en el decreto original que daba nacimiento a la Agencia I+D+i en su formato actual, también se contemplaba la cooperación entre el sector público y privado entre sus metas.

La reforma también habilita al organismo a diseñar y ejecutar fondos de inversión y respaldo para la innovación, pero aclara que deben basarse en sistemas de evaluación que incluyan criterios de factibilidad económica, riesgo y recupero del financiamiento otorgado. Allí radicaría uno de los nuevos fundamentos de su operatoria. Además, la Agencia podrá intervenir en la implementación de la Ley 23.877 de promoción del desarrollo tecnológico, dentro del marco de competencias de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, ubicada ahora en el universo de la Jefatura de Gabinete y no ya de un ministerio especializado.

El nuevo presidente del organismo será designado por el Poder Ejecutivo a propuesta de esa Secretaría, que ejercerá el control tutelar del ente. Tendrá amplias facultades de gestión, incluyendo la administración de los recursos humanos, la representación legal del organismo, la firma de convenios y la publicación de la Memoria Anual. Lo mismo sucederá con los dos directores que reemplazarán a los vocales. Aclara que "serán elegidos considerando parámetros de representación de diferentes sectores y disciplinas" sin ahondar en los detalles.

El texto también resalta que la transformación apunta a mejorar el desempeño del organismo ante "el nuevo escenario mundial definido por el impacto en la innovación y la tecnología". En otras palabras, el Gobierno apuesta a alinear ciencia, tecnología e innovación con los objetivos del mercado y el desarrollo económico.

La reforma, que entra en vigencia inmediata, se inscribe en el contexto de emergencia pública declarada por la Ley de Bases, que otorga al Ejecutivo facultades para reorganizar organismos descentralizados creados por ley, como es el caso de esta Agencia. Según el decreto, la nueva estructura busca consolidar un sistema nacional de promoción científica, tecnológica y productiva "con criterios de eficiencia, sostenibilidad financiera y modernización de instrumentos".

En febrero de 2020, a través de una orden ejecutiva, el gobierno de Alberto Fernández fusionó dos entidades que funcionaban de modo paralelo y le dio rango de subsecretario de Estado a su titular. Se trataba de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, creada por el decreto 1660/96, en el ámbito del Ministerio de Cultura y Educación, y la Agencia Nacional de Promoción Científica, Tecnológica y de Innovación, creada por la Ley N° 25.467, cinco años después. La nueva agencia se enmarcó en el nuevo Ministerio de Ciencia que dejó de existir tras el recambio presidencial en 2023.