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A partir de ahora, los padres o tutores de los alumnos podrían recibir una multa de al menos $ 1.500.000. El motivo de esta medida es por los casos reiterados de bullying escolar que se dan en la provincia de Mendoza.
De esta manera, aquellos padres de los estudiantes que cometan algún tipo de acoso escolar, serán sancionados bajo esta nueva ley. Vale destacar que el proyecto se creó en noviembre y se promulgó en diciembre.
¿Qué dice la nueva ley contra el bullying en Mendoza?
La Ley N.º 9.682, promulgada el 17 de diciembre de 2025 y en vigencia inmediata, modifica el Código de Contravenciones de Mendoza, incorporando los artículos 100 bis, 100 ter y 100 quater.
Esta normativa busca promover la responsabilidad parental en casos de acoso escolar (bullying) y deberán tener en cuenta estos aspectos:
- Responsables: padres, madres, tutores o guardianes legales.
- Cuándo se aplica la multa: solo después de que la escuela notifique formalmente sobre la conducta de acoso del menor y los adultos no cumplan con su deber de orientación, vigilancia o adopción de medidas para prevenir la reiteración o reparar el daño.
- Proceso: primero interviene la escuela con protocolos educativos y equipos interdisciplinarios. Si no hay cooperación, el caso pasa al Juzgado Contravencional.
¿Cuáles son los montos de las multas por bullying escolar?
Las sanciones económicas en Mendoza se calculan a partir del valor de la Unidad Fija (UF) en la provincia:
- Multa: de 1.500 a 3.000 UF.
- Valor de la multa: aproximadamente $630.000 y $1.260.000.
- Aumento de la UF: desde enero de 2026, subirá a $ 500 la Unidad Fija, por lo que los valores quedarán en $750.000 y $1.500.000.
Además, según la gravedad, se pueden imponer tareas educativas o comunitarias por hasta 30 días en lugar de o junto a la multa. Los fondos recaudados irán a un fondo provincial para prevención de bullying y asistencia a víctimas, además de Bibliotecas Populares.
¿Por qué se aprobó esta ley en Mendoza?
La medida responde a un aumento de episodios graves de violencia escolar en la provincia durante 2025, como casos de alumnos con armas o réplicas en escuelas. Además, un fallo judicial condenó a la Dirección General de Escuelas (DGE) a indemnizar a víctimas de bullying, destacando la necesidad de prevención desde la familia y el Estado.
Esta ley representa un precedente en Argentina para combatir el acoso escolar, enfatizando la corresponsabilidad de los padres en la educación y el comportamiento de sus hijos.
