La decisión política de excluir a los asalariados formales del pago del Impuesto a las Gananciasno solo es positiva porque se traducirá en una mejora directa de ingresos para la población beneficiada. Es bienvenida también porque abre la puerta a un debate sobre las inequidades del sistema impositivo argentino, y permite poner en perspectiva los costos que arrastra una presión tributaria que siempre está al límite. Como se mencionó al comienzo, no estamos frente a una corrección más. Hace años que los gobiernos venían ajustando el piso sobre el que se pagaba Ganancias, como forma de compensar el impacto negativo que generaba la inflación. La actualización nominal de los salarios solía dejarlos por encima, y así se formateó la "tradición" de que gremios con paritarias altas (camioneros, bancarios, petroleros, entre otros) reclamaran todos los años excluir del cómputo los pagos de horas extras y el aguinaldo, entre otros conceptos. El esquema que diseñó el equipo económico va mas allá de esta actualización. El nuevo mínimo no imponible equivale a 15 salarios mínimos, y con dos ajustes anuales previstos en el proyecto, dejará afuera de este gravamen a todos los asalariados. Solo 90.000 individuos (los que ocupan puestos de conducción en el sector privado, directores de compañías y jubilados de privilegio) mantendrán la obligación ante la AFIP. La mejora regirá a partir de octubre, por decreto.Pero para que siga en 2024, será necesario aprobar una ley en el Congreso antes de enero (debería estar incluida en el Presupuesto). De más está decir que su impulso estará ligado a la posibilidad de que Sergio Massa llegue a la presidencia. Por algo fue presentado ante la CGT, que recibió este "salariazo impositivo" (que alcanzará un 20% promedio) con entusiasmo y prometió levantarlo como bandera como expresión de apoyo al candidato. La reforma tiene un costo alto, ya que el Estado dejará de recaudar 1 billón de pesos anual, a valores presentes. Esos recursos tendrán que ser reemplazados, una tarea desafiante para una economía deficitaria que tiene la obligación de bajar su rojo. Ni hablar de que Ganancias es un impuesto coparticipado, y que la mitad de lo que genera le corresponde a las provincias. Massa aseguró que el impuesto PAIS a las importaciones y la recaudación que deje el consumo reanimado, contribuirán a cubrir el bache. Pero no es un esquema sostenible: hacia adelante el rebalanceo fiscal deberá ser diferente. A esta altura, también es válido preguntarse si esta transferencia de ingresos se podría haber aplicado con otros objetivos. Los autónomos, por caso, se sienten eternos convidados de piedra. Y en una próxima reforma tributaria (asignatura permanente en la Argentina) en algún momento habrá que repensar el IVA de 21%, que paga toda la población, trabaje o no. La lista de tributos y tasas que esperan ser revisados es larga. Las cargas que suman costos que van a la inflación y suman pobreza, así como las que encarecen el empleo y la inversión, también esperan su turno.