Desde hace tiempo distintos analistas vienen planteando que existe una relación directa entre los subsidios a la energía, el déficit fiscal y su financiamiento a través de la emisión monetaria pero hasta ahora no se le ha prestado suficiente atención.
De acuerdo a la última información base caja disponible en la Secretaría de Hacienda a octubre de 2015, el resultado fiscal del SPN anualizado fue deficitario por $ 192.604 millones (3,9% del PIB) incluyendo los ingresos por $ 130.897 millones provenientes del Banco Central y ANSES (2,7% del PIB). Sin contabilizar estos recursos el déficit fiscal sería $ 323.502 millones (6,6% del PIB). Si se tiene en cuenta que en 2008 el resultado había sido un superávit del 1,1% del PIB (0,5% sin contar ANSES y BCRA), se observa el deterioro de las cuentas públicas. Esta caída del resultado fiscal se ha dado en el contexto de una notable expansión de la presión tributaria, lo que limita la posibilidad de aumentar los ingresos públicos para financiar el déficit.
En estas condiciones, para avanzar con un programa antiinflacionario y con un plan de consolidación fiscal se requiere desacelerar gradualmente tanto el financiamiento del déficit a través de la emisión monetaria como el crecimiento de determinados componentes del gasto. Allí es donde cobran relevancia los subsidios económicos, y particularmente los energéticos.
En una investigación sobre los Subsidios energéticos en Argentina realizada por la ASAP y el IAE-Gral. Mosconi, se detalla que "...los subsidios al consumo de energía (luz y gas) registraron un crecimiento explosivo durante los últimos diez años. A nivel histórico, nunca se ha visto una partida que aumente en tal magnitud, multiplicándose 123 veces entre 2004 y 2015 (de $ 1.157 millones a cerca de $ 142.000 millones). La magnitud que alcanzaron los subsidios energéticos se manifiesta a partir de que representarían el 2,9% del PIB en 2015, y alcanzarían el 74% del déficit fiscal de 2015. Para ponerlos en contexto, el Estado destina a subsidiar la energía tres veces y media más dinero que al conjunto de las universidades nacionales y casi seis veces más que a la asignación universal por hijo...".
En caso de eliminarse por completo los subsidios energéticos, el déficit fiscal de 3,9% del PIB en 2015 se convertiría en uno de 1% del PIB, y si se reducen al 50% en uno de 2,5% del PIB. Racionalizar los subsidios se torna necesario para contener el problema fiscal y su financiamiento vía emisión.
En este estudio se demuestra que los subsidios energéticos no contribuyen a reducir las desigualdades sociales sino que favorecen a los sectores medios y altos, que son aquellos que tiene acceso a una amplia variedad de aparatos eléctricos de alto consumo.
Desde el punto de vista de la equidad territorial, la estructura de subsidios también está distorsionada. El gobierno nacional financia los aumentos de costos de EDESUR y EDENOR, y no hace lo mismo con las demás empresas distribuidoras, por lo que los usuarios del interior del país llegan a pagar tarifas hasta 10 veces mayores. Esta discriminación geográfica no tiene ninguna justificación técnica.
La falta de actualización tarifaria ha tenido efectos sobre la situación patrimonial de las empresas del sector, lo que las ha llevado a reducir las inversiones necesarias para mantener la prestación del servicio. Los extendidos cortes de luz son la mejor prueba de que este modelo está agotado.
Los subsidios energéticos representan un enorme costo fiscal, explican buena parte del financiamiento monetario del déficit, tienen efectos nocivos sobre la calidad del servicio y profundizan las desigualdades sociales y territoriales, por lo que su reducción es indispensable. Sin embargo, existen otros elementos que deben tenerse en cuenta.
Estos casi tres puntos del PIB que el sector privado recibe cada año bajo la forma de subsidios se vuelcan principalmente al consumo. Eliminarlos de golpe profundizaría la recesión en la que se encuentra actualmente la economía argentina, frenando toda posibilidad de recuperación en el corto plazo. Al mismo tiempo, les efectos inflacionarios de una suba de la energía de estas características, particularmente en los usuarios industriales, serían ineludibles, y se sumarían a los aumentos que han seguido a la devaluación.
Por lo tanto, si bien es urgente avanzar en la recomposición de las tarifas, se debe diseñar un esquema de aumentos que proteja a los sectores más desfavorecidos y que se aplique en etapas, de manera tal de minimizar el impacto recesivo. La dimensión que han tomado los subsidios energéticos hace que su reducción sea ineludible, pero también que el gradualismo sea el único camino.
