La crisis económica actual responde a una multiplicidad de factores, pero el más importante es el enorme desequilibrio previsional. El gobierno no sólo no abordó de manera rápida e integral el problema sino que acumuló desaciertos que lo potenciaron. El fallo de la Corte en el caso "Blanco c/ Anses s/ reajuste" explicita uno de ellos.
La controversia se origina en el descalabro que generó el anterior gobierno al no respetar hasta el año 2008 la movilidad previsional. Esto llevó a la multiplicación de los juicios por la aplicación de índices de movilidad por esos períodos. El caso Blanco es uno de ellos solicitando que se aplique el ISBIC (que es un índice que mide la evolución de salarios de convenio de la industria y la construcción) en contraposición a ANSES que había aplicado el RIPTE (que es el que mide la evolución de los salarios efectivamente pagados y se utiliza para los períodos posteriores al 2008).
Conceptualmente el criterio aplicado por ANSES es el correcto porque el RIPTE refleja la evolución de las remuneraciones efectivamente percibidas por todos los trabajadores mientras que el ISBIC, por el contrario, cubre solo una parte de los trabajadores (industria y construcción) y una parte de la remuneración (ya que la mayoría de las empresas pagan adicionales por encima de los básicos de convenio).
El interés de Blanco obedece a que entre los años 2002 y 2008 se dio la particularidad de que los básicos de convenio crecieron más que las remuneraciones totales efectivamente pagadas.
El fallo no cuestiona el índice elegido por la ANSES sino que lo haya aplicado en base a una resolución administrativa cuando correspondía que lo hiciera por ley. Consistente con ello, dispone que el ISBIC sea utilizado como índice de ajuste hasta tanto el Congreso fije un índice para el período en cuestión. Que no se haya aprovechado la sanción de la Ley de Reparación Histórica o la más reciente Ley de Movilidad para subsanar esta debilidad jurídica, que ahora la Corte explicita, es otro caso de impericia previsional.
Para evitar la escalada de juicios que se podría movilizar a partir del fallo Blanco se necesita otra ley. A fin de que el esfuerzo legislativo no sea nuevamente desperdiciado es fundamental enmendar el error señalado por la Corte y aprovechar para arreglar otras distorsiones, más importantes aun, que hacen al sistema previsional altamente inequitativo, insolvente e inviable.
Por ejemplo, modificar la pensión por sobrevivencia que otorga un segundo beneficio a personas que ya cuentan con jubilación (esto le cuesta a la ANSES $120 mil millones por año, bastante más que los $70 mil millones que le costará si avanzan con ISBIC todos los juicios similares a "Blanco") y los regímenes especiales y diferenciales que jubilarán con menos edad, menos cantidad de aportes y/o mayor haber que el régimen general a más de 1,3 millones de trabajadores.
