El programa “Economistas” que conducen el contador Antonio Aracre y el economista Ramiro Castiñeira en la Televisión Pública es una producción propia del canal estatal que contrató a ambos para hacer el envío en el que se conversa con distintos analistas y funcionarios sobre la situación del país.
Ambos hosts, conocidos por su respaldo total al Gobierno en la red social X, cobran $ 330 mil por programa y se lo facturan directamente a la emisora. “Pedimos hacerlo ad honorem, pero nos dijeron que no se podía“, explica Aracre, ex jefe de gabinete de asesores de Alberto Fernández y ex CEO de la multinacional Syngenta. “Una charla en un directorio de una empresa la estamos cobrando u$s 3000 por dos horas, así que esto no nos representa una diferencia, si pudiéramos no cobrarlo no lo haríamos", afirma.
Aracre y Castiñeira entrevistaron al presidente Javier Milei el último miércoles en una charla de casi una hora y media, donde el jefe de Estado alabó su gestión y atacó a economistas y periodistas que le hacen críticas. La primera pregunta fue: “¿Cuál es su mayor logro: la llegada de inversiones o la baja de la inflación?”.
En ese contexto, Milei contó que, en la última reunión de gabinete, donde apareció flanqueado por el cuestionado jefe de Gabinete, Manuel Adorni, les dijo a los ministros que “la motosierra sigue encendida” y que no va a abandonar nunca el equilibrio fiscal que ha marcado su gestión. Algunos acontecimientos en las últimas horas demuestran que al menos en el Palacio de Hacienda están dispuestos a obedecer esa regla hasta en situaciones de colapso, como la que se vivió en el sistema de transporte automotor en la zona metropolitana.
La disparada del precio del gasoil, que saltó hasta los $ 2400 pesos el litro, hizo crujir el sistema de subsidios y tarifas que tiene incorporado a la estructura de costos un precio de $ 1750, según dicen las empresas del rubro, un problema que se agravó por una decisión política que emana de Economía: no salen pagos para ningún lado porque como la recaudación cae hace nueve meses en términos reales se revisa y demora cada movimiento hasta el límite de lo posible.
Las compañías de colectivos del área metropolitana recortaron frecuencias al sacar de circulación unas 3000 unidades y la gente explotó en las colas de las paradas y arriba de los vehículos. El tema llegó a los medios y ante una posible huelga de la Unión Tranviario Automotor finalmente las áreas correspondientes reaccionaron.
El miércoles se giraron $ 50 mil millones de deudas que permitieron descomprimir algo la situación, pero todavía la bola de nieve llega a los $ 150 mil millones por subsidios generales en mora y en especial por la falta de compensación de los boletos sociales que pagan distintos sectores de la sociedad.
La crisis del transporte por ahora quedó emparchada. Las empresas tienen que acercarle propuestas a las autoridades para una reestructuración del sistema que lo vuelva viable económicamente. Por un lado, la secretaría del Transporte habló de aumentos de tarifas para darle “autonomía operativa” a las empresas, pero por otro, se pueden venir días más complicados.
La idea de una reorganización, dijeron empresarios que participaron del encuentro, incluirá sin dudas un achique en cantidad de recorridos, líneas y, por ende, puestos de trabajo, lo que potenciará un impacto en la calidad de los viajes y en pérdida de empleo.
En la reunión de este jueves, los funcionarios lo dieron a entender con todas las letras. El atraso en los pagos se produjo porque hay “problemas de caja”, una realidad que en todo caso la disparada de los combustibles por el cierre del estrecho de Ormuz por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán no hizo más que exacerbar y poner sobre la mesa. Pero la “motosierra para siempre” hace crujir todo por un motivo acuciante que es la caída de la recaudación.
Por eso también volvieron a profundizar su crisis los prestadores del sistema de discapacidad y por ende el sufrimiento de las familias con personas que se atienden en especial bajo la cobertura pública de Incluir Salud, que se nutre de fondos públicos que también menguaron.
“No pagan desde noviembre de 2025”, aseguran prestadores en tono desesperado. Primero les dijeron que el atraso se debía a la disolución de la Agencia de Discapacidad, en medio de las denuncias de presunta corrupción en las compras de medicamentos. Luego afirmaron que había trabas por los convenios en documentos físicos y que ahora el nuevo régimen era digital, por lo que estaban “escaneando dos mil expedientes”. Ahora les empezaron a decir a los prestadores que hay convenios vencidos. “Todas excusas para dilatar los pagos”, expresan los prestadores.
El rostro de la decisión de cuidar la caja hasta las últimas consecuencias es el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que, con el respaldo del ministro Luis Caputo, lleva al máximo el mantra de “no hay plata”, al punto de exacerbar tensiones con otras dependencias que quedan expuestas, como Salud y Capital Humano, desde donde aparecen quejas y advertencias de que pueden generarse otra vez situaciones límite que terminen en los medios como pasó con los colectivos en estos días.
En ese contexto, el Gobierno consiguió una victoria en el Congreso y aprobó el cambio en la Ley de Glaciares que pedían las multinacionales mineras para gatillar inversiones millonarias, aún cuando toman como otra variable clave ver señales de una posible reelección de Milei en 2027.
El triunfo parlamentario, sin embargo, no garantiza que vaya a haber una rápida reglamentación e implementación de la norma que provincializa los inventarios de las zonas periglaciares. Este jueves ya había más de 200 mil personas respaldando la mayor demanda colectiva de la historia que se aprestaba a presentarse en la Justicia, que tendrá la última palabra.