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Nada es gratis: el lado B de las demoras en el plan de vacunación contra el Covid

En la Argentina no hay que ir muy lejos para escuchar reproches al plan de vacunación contra el Covid. La llegada de vacunas en cuentagotas potencia la incertidumbre tanto en aquellos que aún no recibieron la dosis prometida, como en los adultos mayores que no saben si tendrán la segunda que les corresponde. 

El malestar, como es de esperar, se expande ante cada nueva revelación de privilegios, como sucedió ayer con la pasante de 18 años de un municipio del conurbano, que celebró su inmunización en Instagram y reavivó la ola de enojos.

El gobierno argentino hizo sus apuestas en materia de vacunación. Algunas salieron bien y otras no tanto. Pero lo que hay que remarcar es que hay potencias europeas -en donde incluso se fabrican algunas de las vacunas- que sufren los mismos reproches que escucha Alberto Fernández de este lado del Atlántico. Y en Alemania gobierna Merkel, no el peronismo.

El primer factor real para tener un plan de vacunación exitoso es tener la capacidad financiera para adquirirlas. El segundo es aceptar que esa compra tiene condiciones legales y logísticas, que deben estar evaluadas en función del bien a preservar (la salud de la población).

Si Estados Unidos hoy es el país más avanzado en esta materia, es porque Donald Trump habilitó inversiones millonarias para acelerar el proceso de investigación, aprobación y fabricación. Y aquí aparece un problema para la Argentina, que apostó inicialmente a la provisión de la vacuna de AstraZeneca fabricada en México con insumos locales de mAbxience: EE.UU. bloqueó la exportación de un componente para priorizar la elaboración local y cortó ese circuito.

Uruguay y Chile, los más adelantados en su plan de inmunización, fueron por dos proveedores que la Argentina no tiene: la estadounidense Pfizer y la china Sinovac. Luis Lacalle Pou acordó comprar 2 millones de dosis de la primera y 1,5 millones de la segunda. Con esos contratos cubre a toda su población. Chile pactó 10 millones de cada uno, a las que se sumaran AstraZeneca y Johnson & Johnson.

En la Argentina Pfizer pidió una mayor cobertura legal en su contrato, después de que el Congreso modificara una ley destinada a darle respaldo a estas operaciones. La vacuna de J&J todavía no fue aprobada por la Anmat. Ver si se logra un acuerdo para habilitarlas es una tarea que maneja Cecilia Nicolini, la asesora de Alberto Fernández que selló los acuerdos en Rusia por la Sputnik V junto a Carla Vizzotti.

La Casa Rosada es consciente, como sucede en todos los países de la región, que debe tener más vacunas antes de que llegue el invierno. Su mayor apuesta hoy es por la que produce la también china Sinopharm, que pide cobrar las dosis antes de despacharlas, mientras acá esperan que se avale su uso en mayores de 60 años. Con estos dados se juega el 2021.

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