A Alejandra Gils Carbó le costó mucho convertirse en procuradora General de la Nación. Y no está dispuesta a dejar de serlo después del 10 de diciembre, sea quien sea el nuevo Presidente. Así lo confirmó en sendas entrevistas con los diarios Perfil y Página/12, en relación a los pedidos de renuncia que desde el frente Cambiemos realizaron en su contra. "No voy a dar ningún paso al costado", dijo la jefa de fiscales, amparándose en que, como sucede con los jueces de la Corte, su permanencia en el cargo depende de su "buena conducta" y tiene como techo los 75 años.
Gils Carbó, de 57, fue designada por el Ejecutivo con la aprobación del Congreso en agosto de 2012, en reemplazo de un histórico referente del peronismo como Esteban Righi. Más allá de sus sobrados méritos como fiscal, tuvo una pizca de fortuna para llegar a liderar la Procuración. El vicepresidente Amado Boudou fue quien, indirectamente, le allanó el camino al denunciar a Righi en el marco de la causa Ciccone, lo que motivó que, ofendido por la afrenta, el ex funcionario dejara el cargo al que había llegado en 2004. Como reemplazo, la Presidenta Cristina Fernández promovió al titular de la Sigen, Daniel Reposo, pero su candidatura no convenció al Congreso y, casi a las apuradas, el Gobierno la eligió. Ella sí pudo pasar la prueba legislativa.
"Siempre queda el juicio político, Doctora Gils Carbó. Sobran razones. Cambia, todo cambia", tuiteó Laura Alonso, diputada del PRO, en una ironía destinada a la Procuradora y pensando en iniciativas que podría impulsar un futuro gobierno de Mauricio Macri si el domingo 22 es electo.
Las razones por las que Macri y otros dirigentes de la oposición pretenden que Gils Carbó deje su cargo desde el 10 de diciembre son variadas, aunque todas van en una dirección: la afinidad de la Procuradora con el Gobierno. Durante los tres años y tres meses de mandato, la Procuradora dictaminó a favor de la reforma del Consejo de la Magistratura y de la Ley de Subrogancias, ambas resoluciones promovidas por el kirchnerismo y luego declaradas inconstitucionales por la Corte. Fue también quien impulsó múltiples designaciones de fiscales presuntamente afínes al Gobierno que luego se judicializaron, y quien creó Procuradurías puntuales contra el Lavado de Dinero, el Narcotráfico, la trata de personas y los delitos de lesa humanidad, medidas aplaudidas en la Casa Rosada pero cuestionadas por el arco opositor.
Otras críticas realizadas a Gils Carbó se vinculan a su decisión de mandar a un jury (luego frustrado) en 2014 al fiscal de instrucción porteño José María Campagnoli, por su actuación en una causa en la que se investigaba al empresario santacruceño cercano a los Kirchner, Lázaro Báez. Y también recibió cuestionamientos de la oposición por no haberle dado protección al fiscal de AMIA Alberto Nisman, fallecido en enero de este año en circunstancias todavía no esclarecidas y luego de denunciar a la Presidenta.
Gils Carbó asegura que su intención de continuar en el Ministerio Público Fiscal, que fue respaldada a fines de octubre por procuradores de toda la región, tiene que ver con su intento de profundizar la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal, que impulsó con el aval del Gobierno y que prioriza, a través del sistema acusatorio, la participación de los fiscales sobre los jueces en las investigaciones.
En buena parte, la reforma del Procesal, explica la enorme cantidad de recursos que se le han asignado a la Procuración desde que Gils Carbó la lidera. Cuando asumió en 2012, el presupuesto anual para el sector era de $ 1113 millones; en 2013, pasó a ser de $ 1658 millones; en 2014, de $ 2411 millones y en 2015, de $ 2835 millones. Para 2016, según el presupuesto aprobado por el Congreso, se prevé que el Ministerio Público Fiscal tenga fondos por $ 3884 millones, un 37% más en el balance interanual, y casi cuatro veces más que los fondos que tuvo en su primer año de gestión. Números que ningún índice de inflación logran explicar.
