Atención ley de alquileres: ¿qué pasa si un inquilino puede demostrar que no puede pagar por razones externas?

En España, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece que el impago de la renta es una causa para rescindir el contrato de arrendamiento, lo que podría llevar a un proceso de desahucio si el inquilino no paga el alquiler durante un mes.

Sin embargo, existen opciones que el arrendador puede explorar antes de iniciar un proceso judicial. Como enviar un requerimiento de pago a través de burofax, hablar con el inquilino para entender los motivos del impago y buscar un acuerdo para pagar la deuda en plazos.

Si no se llega a un acuerdo, el propietario tiene el derecho de presentar una demanda de desahucio por falta de pago y reclamación de deuda. Este proceso, aunque efectivo, suele ser largo y costoso, demorando entre seis y ocho meses. 

El lanzamiento, el acto en el que el propietario recobra la posesión de la vivienda, puede ser una experiencia complicada, ya que se realiza en presencia de un personal judicial, un procurador y un cerrajero.

¿Qué sucede si un inquilino puede demostrar que no puede pagar por razones externas?

Aunque la Ley de Arrendamientos Urbanos establece que el impago de la renta es motivo suficiente para el desahucio, existen excepciones o circunstancias que pueden ser consideradas en casos particulares. 

Si un inquilino demuestra que no puede cumplir con el pago del alquiler por razones externas como pérdida de empleo, enfermedad o una situación económica excepcional, el propietario podría optar por llegar a un acuerdo o buscar alternativas de pago. 

Sin embargo, la ley no obliga al arrendador a aceptar estas circunstancias, y el proceso judicial de desahucio podría continuar si no se encuentra una solución mutua.

¿Qué pasa si el contrato llega al límite?

Una de las dudas más comunes en relación con la Ley de Alquileres es qué ocurre cuando el contrato de arrendamiento alcanza el límite de tiempo establecido, que es de 5 o 7 años dependiendo si el arrendador es una persona física o jurídica. 

En estos casos, la ley establece que el arrendatario tiene derecho a permanecer en la vivienda si así lo desea, y el contrato se puede extender automáticamente. 

Si el propietario decide no renovar el contrato o aumenta el alquiler, el inquilino puede negarse a pagar dicho incremento, lo que podría generar un conflicto legal. En caso de no llegar a un acuerdo, el arrendador podría recurrir a la justicia, lo que implicaría un proceso judicial que podría tardar varias semanas o meses. 

Es fundamental que tanto propietarios como inquilinos estén al tanto de los términos del contrato para evitar malentendidos y conflicto.