La Argentina se acostumbró a tomar decisiones de política económica mirando más su impacto de corto plazo que sus beneficios en el crecimiento de largo plazo. El caso más paradigmático es el de las retenciones, que se aplican o se reducen según las necesidades del momento, ya sea recaudar pesos para el Tesoro o sumar dólares para el BCRA. Con el petróleo pasó algo similar. Durante años hubo restricciones a la exportación y un precio interno para el barril destinado a refinar combustibles porque la prioridad era contener el impacto en los precios internos.
El impulso que recibió Vaca Muerta cuando era imprescindible sustituir importaciones subsidiadas de gas fue positivo, pero el escenario cambió por completo cuando las reglas se hicieron más previsibles y desaparecieron los cepos: la inversión no se hizo esperar y hoy la Argentina aspira a convertirse en un jugador relevante del mercado exportador de gas y petróleo. Lo importante es que ese despegue generará un nuevo entramado productivo, con empresas proveedoras de equipos, servicios y logística, entre otros rubros, que serán la base para el desarrollo de provincias que no tenían al petróleo como su principal actividad, como Río Negro, Mendoza y Córdoba.
Hoy quien ofrece potenciar al interior argentino con la misma capacidad de crecimiento que aportaron el agro y la energía es la minería. Su apuesta es igual de poderosa, pero para no repetir errores del pasado, es necesario que su elección como vector productivo sea parte de un diseño virtuoso. No hay que pensar en los proyectos mineros como fuente de reservas o de regalías, sino como una puerta a nuevas oportunidades.
Un trabajo de la consultora Invecq refleja lo que aportó hasta ahora el sector, y proyecta todo lo que puede sumar si recibe los incentivos adecuados. En 2025 sus exportaciones superaron los u$s 6000 millones, el nivel más alto de la historia. Esa cifra implica un aumento de 70% sobre lo comercializado en 2015, con una realidad difícil de explicar al mundo inversor: de 310 proyectos mineros metalíferos, solo 26 están en producción. Según Invecq, con estabilidad macroeconómica y reglas claras, las ventas externas del sector podrían duplicarse en menos de cinco años, y llegar a u$s 19.000 millones al 2035, con el cobre como principal impulsor.
Hay requisitos para ello, claro: garantizar la continuidad de los estímulos tributarios y cambiarios contenidos en el RIGI (las inversiones se recuperan en 10 o 15 años); permitir que las provincias tengan un rol central en la toma de decisiones y despejar incertidumbres legales como la que contiene la Ley de Glaciares.
Su reforma viene detrás de la ley laboral, y su objetivo es dar previsibilidad jurídica y establecer criterios técnicos claros y verificables para compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo responsable de la actividad minera, como bien remarca Invecq. Se trata de un cambio que puede consolidar el desarrollo de territorios que no tienen otros recursos a la mano. Pero ese debe ser el sentido real del debate que en breve deberá dar el Congreso. Si se avanza en este camino, los dólares que siempre necesita la Argentina aparecerán sin que haya que pensar en nuevas muletas.
