La Argentina es un país federal, aunque a lo largo de más de un siglo y medio el centralismo porteño se haya transformado en presidencialismo.
La reforma constitucional de 1994 estableció una transformación trascendente: la provincialización de los recursos naturales. Pero este cambio recién se hace evidente y operativo tres décadas después, cuando los hidrocarburos y la minería se proyectan como un nuevo motor económico y decisivo para el aumento de exportaciones.
Cuando fue sancionada la Constitución nacional de 1853, las provincias argentinas eran sólo catorce y cada una tenía sólo dos senadores elegidos por sus legislaturas provinciales cada seis años. Entonces, con sólo un tercio del Senado (diez sobre veinticuatro), el presidente estaba a salvo de que sus vetos fueran rechazados o de que se viese amenazado por un juicio político. Esto no ha cambiado hasta hoy.
Hoy las provincias son veinticuatro (CABA funciona institucionalmente como una de ellas) y además cada una tiene tres legisladores en la Cámara Alta, dos electos por la mayoría y uno por la minoría. Hoy un tercio del Senado son veinticuatro legisladores, cuando en 1853 eran sólo diez. La negociación era más fácil entonces para el presidente.
Para un mandatario que no cuenta con un partido consolidado a nivel nacional, los gobernadores son su apoyatura natural para poder manejarse con un Congreso que no controla. Este sería el camino lógico para alcanzar la gobernabilidad de Javier Milei, pero todavía no lo ha tomado.
Desperdició una oportunidad de iniciar el diálogo con los mandatarios provinciales cuando vetó la ley que modificaba la distribución de los ATN, impulsada por ellos. El proyecto sancionado por ambas Cámaras no modificaba ni un peso el gasto público, sino que ponía fechas precisas a su entrega para evitar su subejecución, como está pasando en este momento. La cifra que corresponde a todas las provincias por este concepto ha sido sub-ejecutada hasta ahora en aproximadamente dos tercios. A ello se agrega que hasta ahora el actual Gobierno -al igual que sus predecesores- ha distribuido estos fondos en forma arbitraria entre las provincias. Es decir, no los ha adjudicado por criterios objetivos, sino los ha utilizado para premiar amigos o castigar enemigos. La ley vetada exige que la distribución sea automática de acuerdo a índices objetivos y quita a la Casa Rosada la facultad de disponer libremente de estos fondos para establecer alianzas políticas.
No es un proyecto irrazonable y quizás el presidente perdió la oportunidad de ponerlo como centro para un diálogo con los gobernadores antes de la elección del 26 de octubre. Además, un acuerdo -o al menos un diálogo- entre el presidente y los mandatarios provinciales habría ayudado a las complejas negociaciones que se desarrollan en Washington para obtener un apoyo financiero en los días previos a los comicios de medio mandato.
Tanto la Casa Blanca como la conducción del FMI esperan que el resultado electoral despeje el horizonte político de la Argentina en la segunda parte del gobierno de Milei. Pero el acuerdo entre el presidente y los gobernadores sería el hecho político más relevante para la gobernabilidad. Es que los gobernadores son quienes orientan el Congreso y no a la inversa.
Uno de los errores del "armado" político del oficialismo ha sido competir electoralmente con la mayoría de los gobernadores. En veinte de los veinticuatro distritos, el oficialismo nacional, bajo la denominación de La Libertad Avanza, se enfrentará con ellos, quienes, dada la situación, han decidido postergar cualquier iniciativa de diálogo con la Casa Rosada hasta después de la elección.
Hoy no se pueden prever resultados electorales en ninguna parte del mundo, pero los gobernadores saben que una victoria electoral en su distrito mejorará su posición para una negociación que seguramente se dará después del 26 de octubre y que estará vinculada inevitablemente a los acuerdos financieros con el exterior para garantizar gobernabilidad económica.
El frente de los mandatarios provinciales no es homogéneo y carece de un liderazgo unificado. Pero la Casa Rosada no ha sabido o no ha querido aprovechar esta oportunidad a su favor. Es así como en los grandes temas de las últimas semanas, los gobernadores vienen coincidiendo, impulsando y permitiendo el rechazo a los vetos del Ejecutivo en ambas Cámaras del Congreso.
La estructura institucional federal de la Argentina, que hunde sus raíces en la primera mitad del siglo XIX con la Constitución de 1853 y ampliada en la reforma de 1994 con el cambio en la propiedad de los recursos naturales, como se dijo, es hoy un tema central: cualquier gobierno débil en el plano nacional debe asumir esto como una prioridad para alcanzar gobernabilidad.
Cabe recordar que, en las últimas cuatro décadas de democracia, en los momentos de crisis los gobernadores fueron la clave para mantener la estabilidad institucional.
