Opinión

Desorden y precariedad en el mercado de trabajo

Las últimas dos décadas argentinas podrían ser apropiadamente llamadas como "infames" si se definieran en términos de la creciente desorganización económica y social. Para ser precisos, se trata de un periodo caracterizado por un deterioro consistente de la productividad y la instalación de políticas públicas que favorecen la "informalidad" de las relaciones y los contratos de todo tipo en un sentido amplio.

No se trata por lo tanto solo de "informalidad" laboral -en términos de cuantos quedan fuera de la seguridad social, porque las moratorias ocultan la magnitud de la crisis- sino de informalidad en los diseños organizacionales de los mercados de factores y productos, que finalmente se cristaliza en desorden laboral y social. Las políticas públicas "a medida" diseñadas para proteger a algún sector castigan a otros, las que protegen a algunos grupos desprotegen al conjunto, las que tapan los problemas hoy los dejan a la intemperie mañana.

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Este nuevo orden económico, social y político instalado desde 2003 se caracteriza por la proliferación de regímenes y mecanismos ad-hoc que reducen la productividad y el ingreso. La sociedad de "planeros" -incluyendo a buena parte de la clase política, una proporción no despreciable de empleados públicos, una masa de empresarios urbanos proteccionistas y los "planeros" propiamente dichos- es el reflejo de un proceso que lleva más de 80 años de desorganización. Rige en la Argentina una "segunda ley de la termodinámica" de incremento tendencial del desorden, aplicada en este caso a la economía y la sociedad argentinas.

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El mercado laboral es un ejemplo importante -aunque no el único- de la creciente desorganización. Sometido a una regulación laboral cristalizada en el tiempo que genera permanentes contingencias y traba cualquier proceso de reorganización, el empleo que puede soportar la "formalidad" es una proporción cada vez menor del empleo total. La contratación laboral solo crece bajo las formas protegidas del empleo público o con las formas propias de la pobreza: el empleo por cuenta propia y la informalidad. Eso es un proceso de "precarización laboral" que refleja la creciente desorganización del proceso productivo y de la sociedad.

En esta nota nos ocuparemos de presentar algunos indicadores nuevos que procuran seguir la evolución del proceso de precarización (o su eventual reversión cuando ocurra). Ello es indispensable para poder encarar cambios que favorezcan la formalización y las mejoras de la productividad e ingresos de los trabajadores. Cualquiera puede, siguiendo la evolución de datos que se publican por parte de INDEC y del Ministerio de Trabajo, actualizar estos indicadores.

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Propongo aquí diversos índices basados en una idea si se quiere extrema pero muy simple y fértil para el análisis: asumimos que el empleo menos precario es el formal privado asalariado, porque es el de mayor productividad de la economía salvo en una baja proporción. El resto del empleo incluye normalmente sectores de menor productividad -informales, monotributistas sociales, una parte del resto de cuentapropistas y probablemente un tercio de los empleados públicos-. En una economía en la que existe amplia evidencia de empleo público clientelista en provincias, municipios y la Nación, el crecimiento sistemático del empleo público por sobre el empleo privado productivo debería además despertar por sí mismo la sospecha de un deterioro de la productividad media.

Partiendo de los indicadores más agregados que pueden construirse en base a los datos de las cuentas de generación del ingreso de INDEC, se puede definir un primer indicador basado en el cociente (c) de la población ocupada asalariada formal privada (AFP) respecto del total de ocupados (el cociente c es la proporción de trabajadores menos precarios). El índice varia inversamente con esa proporción de modo que el IPL1 se define como uno menos c, IPL1=1-c.

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Este indicador se puede computar al menos para los últimos años. Tiene tendencia creciente desde 63,6% en el primer trimestre de 2016 a 66,6% en el primer trimestre de 2022. Revela que en seis años el indicador creció tres puntos porcentuales (o sea 4.7%). Aumentó la precariedad.

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Un segundo índice puede armarse con datos sobre empleo registrado que provee el Ministerio de Trabajo de la Nación (MTSS). Los datos se inician en enero de 2012 y permiten calcular la proporción de asalariados privados registrados excluyendo servicio doméstico, respecto de todos los asalariados registrados. Esa proporción que llamaremos k refleja la porción de trabajadores registrados sujeta a convenios colectivos en el sector privado de la economía respecto del total de registrados (públicos o privados).

En la medida que k disminuya caerá también la proporción de empleo "de calidad" pues caerá la proporción respecto de todos los trabajos registrados. IPL2 varía por lo tanto inversamente con la proporción k: IPL2=1-k. Este indicador aumenta más fuertemente que IPL1. A comienzos de 2012 el índice asumía valores de 44% que crecieron hasta tocar 48% en 2015, 49% en 2019 y 51.5% en la actualidad. El aumento de 17% entre puntas del índice (2012 a 2022) refleja que en una década los asalariados privados registrados en actividades de bienes y servicios -excluyendo servicio doméstico- que superaban holgadamente al resto, ya no lo hacen.

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Un tercer indicador utiliza los datos de empleo registrado del MTSS pero excluye del análisis al empleo público, por lo que en este caso el cociente k' refleja la proporción de trabajadores asalariados privados (excluyendo servicio doméstico) entre los trabajadores registrados privados: IPL3=1-k'. El índice crece desde 27.2% en enero de 2012 a 34.2% en mayo de 2022 (un aumento de 7 puntos que representa una variación porcentual de casi 26%).

En todos los casos los índices reflejan el aumento -en distintos grados- de la precariedad, que también es reflejo de una caída en la productividad media. No debería sorprender que los ingresos medios hayan caído, y resulta imposible en términos económicos recuperar los ingresos reales de una década atrás si la productividad no mejora.

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No basta la decisión política, hay que hacer algo para que los deseos se hagan realidad. La política de parches sobre un pésimo diseño organizacional de los mercados no puede mejorar los ingresos de todos sino solo, a lo sumo y por un tiempo, los ingresos de los grupos que tengan mejor llegada al poder de turno. Nada de esto tiene que ver con procesos democráticos, por cierto.

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