Acuerdo con el FMI: siguen pateando la pelota afuera

Luego de varios días de discusiones el Gobierno llegó a un acuerdo con el staff técnico del FMI, que era un requisito previo para que el Directorio del organismo multilateral pudiera analizar si aprueba el desembolso de u$s 7500 millones, ahora previsto para finales de agosto. Este monto incluye el que se debía desembolsar en junio que se demoró porque Argentina no cumplió ninguna de las tres metas pactadas (fiscal, reservas y de emisión para financiar al fisco) y el que se debería concretar en septiembre.

Existe bastante incertidumbre respecto a qué deberá hacer el Gobierno post PASO antes de que el FMI gire los fondos. Las medidas ya adoptadas incluyen una devaluación fiscal para algunos bienes y servicios que alcanza a aproximadamente la mitad del volumen que se cursa por el mercado oficial de cambios. El promedio ponderado por volumen es una devaluación puntual del orden del 7% que va desde 0% para varias exportaciones e importaciones que no están alcanzadas por las nuevas medidas, hasta 25% para las importaciones de servicios (excluidos fletes que sufrieron un recargo menor de 7.5%). Algunas exportaciones se beneficiarán de un tipo de cambio más alto ($340 por dólar hasta finales de agosto), pero la pérdida cambiaria se reflejará en la contabilidad del BCRA y no en la del Tesoro.

A diferencia de una devaluación normal, modificar el tipo de cambio a través de impuestos y subsidios genera problemas adicionales. El impacto en insumos y bienes finales varía porque las tasas son diferentes por producto lo cual afecta la protección (desprotección) efectiva que recibe cada sector. Asimismo, también afecta las coberturas que las empresas pudieron haber hecho para cubrir su exposición en mercados de futuros porque éstos se basan en el tipo de cambio oficial, sin incluir los sobrecargos fiscales.

Las causas que explican la inflación

Además, el Gobierno se comprometió a mantener una tasa real de interés positiva, a cumplir la meta fiscal 2023 de déficit primario de 1,9% del PBI y a acumular u$s 1000 millones de reservas de modo que las reservas netas alcancen a u$s 3300 millones a finales de año. La reducción de la tasa de inflación a 6% observada en junio no requiere, al menos por ahora, de cambios en la tasa de política monetaria. Sin embargo, en materia fiscal y de reservas el objetivo parece inalcanzable.

El déficit primario del segundo semestre del año, medido en porcentaje del PBI, debería reducirse a menos de la mitad del observado en la primera mitad cuando lo habitual es que el déficit sea mayor en el segundo semestre que en el primero. La devaluación fiscal y los anticipos adicionales en el impuesto a las ganancias aportarían algunos ingresos extra al gobierno nacional, pero el gasto primario debería reducirse algo más de un punto del PBI para poder llegar al objetivo lo cual parece inalcanzable aún si no se lanza un nuevo 'plan platita'. Entonces, el desequilibrio fiscal será mayor al previsto, lo que presionará al BCRA para emitir más en un contexto donde seguramente ya deberá hacerlo para evitar un incumplimiento en el pago de los vencimientos de deuda local.

El nuevo objetivo de acumulación de reservas tampoco podría cumplirse. Si se contemplan el desembolso de u$s 7500 millones del FMI, la devolución del préstamo a la CAF y al gobierno de Qatar y los pagos/desembolsos previstos al FMI de acá a finales de año, el BCRA debería acumular alrededor de u$s 9000 millones en cinco meses para cumplir con la meta, lo que parece inalcanzable.

Mala suerte o mala praxis

En resumen, el acuerdo evitaría que el país entre en default con el FMI, pero no resulta en un programa que permita anclar las expectativas, paso necesario para poder lograr una reducción sostenida de la tasa de inflación.

El gobierno que asuma el 10 de diciembre tendrá la tarea ardua de armar un programa de estabilización y de reformas estructurales que permitan erradicar la inflación extravagante de los últimos años y siente las bases para que se pueda aprovechar el enorme potencial de la economía argentina. No será una tarea fácil.

Además de las resistencias de grupos de presión a perder sus privilegios, habrá que hacer frente al endeudamiento que ha tomado el Gobierno actual reflejado no sólo en un aumento en la deuda pública (u$s 81.000 millones desde diciembre de 2019), sino también por haber dilapidado las reservas netas del BCRA que eran alrededor de u$s 12.000 millones al momento del cambio de gobierno, haber tomado préstamos del Banco Central de China por alrededor de u$s 10.000 millones y haber forzado al sector privado a postergar pagos de importaciones por alrededor de u$s 15.000 millones. Semejante herencia requiere de un programa económico contundente que despeje las dudas de los inversores internacionales, pero sobre todo de los argentinos.