Casi 60,000 productores del campo llevan años atrapados en un laberinto de deudas impagables, abogados abusivos e intereses que se multiplican sin control. Por eso, el gobierno de México acaba de anunciar que ese ciclo termina: habrá condonación total para los más vulnerables y reestructuración para el resto. Cuando la Financiera Nacional para el Desarrollo Rural entró en liquidación, miles de deudas fueron cedidas a empresas privadas de cobranza. Lo que siguió fue un esquema que la titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, Mónica Fernández, describió sin rodeos: carteras judicializadas, garantías vencidas, abogados que lucraban con la desesperación de los productores. Tasas de entre 50 y hasta 100% de interés, convirtieron deudas manejables en condenas financieras de por vida. El esquema beneficia a 59, 967 personas, el 99.5% de la cartera vencida de la Financiera Nacional para el Desarrollo Rural. Las reglas son claras: La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el anuncio señalando directamente el modelo de cobranza abusiva que se instaló en el sector financiero rural. El caso de la Financiera, dijo, es el ejemplo de lo que ocurre cuando la lógica del lucro privado se impone sobre productores del campo sin acceso a asesoría legal ni recursos para defenderse. La intervención del Estado de México, en este contexto, se presenta no como un rescate financiero sino como la corrección de un daño deliberado.