ANÁLISIS

¿Acelerando hacia 2023 o el 2023 acelera hacia nosotros?

Haciendo una síntesis, las democracias en el mundo tienen dos grandes formas de organizarse, la forma parlamentaria o la forma presidencialista. Y como habitualmente sucede en la vida, cada una de ellas tienen sus pros y sus contras. Los regímenes parlamentarios permiten garantizar que los gobiernos tengan siempre fortaleza parlamentaria, porque si ese respaldo no está, los gobiernos se caen y se instituye otro que sí tenga el apoyo para sostenerse. Es un régimen más flexible, que permite procesar más fácilmente la pérdida de apoyo popular de los gobiernos de turno, pero por ello se vuelven más inestables. Por el contrario, los regímenes presidencialistas garantizan estabilidad de los mandatos (se gobierna por un período determinado), pero no garantizan que los Ejecutivos tengan mayorías en el Congreso y por ello, les cuesta más procesar las crisis de confianza de los gobiernos que no logran buenos resultados.

En Argentina pareciéramos estar entrando en esa situación dificultosa para todo presidencialismo, cuando el gobierno de turno se debilita a tal punto que empieza a ser costoso para el conjunto social sostenerlo hasta final de mandato. Costoso porque carece de la fortaleza política necesaria para adoptar las decisiones que se requieren para sanar la crisis económica. Tal es así que el propio FMI ofreció un programa económico que, de tan políticamente viable, parece estar siendo económicamente insuficiente para resolver los problemas de fondo. Y costoso porque el tiempo de mandato que le queda no le alcanzará para recuperar fortaleza política para tomar las medidas de fondo necesarias, solo le permitirá aspirar a transitar lo que le queda de la mejor manera posible, y esto lo sabe el FMI.

La gravedad del contexto de debilidad del gobierno de Alberto Fernández no la marcan los cuestionamientos opositores ni su derrota en la elección de medio término, sino la crítica permanente que recibe de buena parte del oficialismo, que le viene cuestionando explícitamente el programa económico acordado con el Fondo.

En esas circunstancias, un gobierno impotente de ofrecer soluciones a las preocupaciones de la gente (inflación) como este, termina contribuyendo a socavar aún más la legitimidad del sistema. A tal punto sucede ello, que un dirigente que propone cerrar el Banco Central, eliminar la moneda nacional o afirma que "todo impuesto es un robo a mano armada", genera simpatías y reúne apoyos que le permitirían protagonizar la pelea por la presidencia en 2023.

Los escenarios disruptivos para lo que queda de mandato siguen siendo de baja probabilidad, pero la probabilidad de ocurrencia sigue aumentando progresivamente, de la mano de una crisis política que incrementa la impotencia del Gobierno. Una impotencia que se vio reflejada en el hecho de que el Presidente se viera forzado a expresar públicamente que el funcionario (es decir, un colaborador de él) que no cumpla con su programa deberá irse.

En cierto modo, la crisis que atraviesa el Gobierno nos muestra un conflicto entre tres actores: Alberto, Cristina y el FMI. Allí el presidente tironeado por quienes lo financian: por un lado, el FMI que es quien lo financia económicamente, es decir, quien le presta la plata para llegar sin convulsiones hasta 2023; por otro lado Cristina, que es quien lo "financia" políticamente, es decir, quien le "presta" el apoyo político que aún sostiene al Presidente.

Visto desde esa óptica, la resolución del problema pareciera no tener solución, ya que los que no se pueden poner de acuerdo no son Alberto y Cristina sino el FMI y Cristina. Si el FMI no convalida lo que Cristina pide (eliminar la necesidad de ajustar el gasto público (subir tarifas) y las limitaciones al financiamiento monetario del déficit y permitir utilizar el tipo de cambio como ancla contra la inflación), será difícil sostener que este conflicto puede tener solución.

¿Cómo salir de este atolladero? ¿Debemos sentarnos a esperar que el tiempo pase? La respuesta es sí, porque el sistema presidencialista no ofrece alternativas a estas rigideces. Y deberemos hacerlo esperando que la crisis no se retroalimente de la propia impotencia del Gobierno en un círculo vicioso, que genere más desconfianza, que aleje las metas del programa, aumentando más la impotencia y volviendo a profundizar más la desconfianza.

Pero esta crisis debería ser una buena oportunidad para reflexionar sobre qué herramientas se podrían incorporar a los regímenes presidencialistas para evitar que los procesos políticos entren en este tipo de pantano. Sobre todo en contextos donde la naturaleza de la representación política en las democracias modernas está enfrentando una crisis de legitimidad por su incapacidad para ofrecer soluciones a los problemas cotidianos, y por sus dificultades para representar a una ciudadanía cada vez más compleja, sofisticada y demandante.

Una de esas herramientas es, como sugiere la politóloga Yanina Welp, la incorporación de mecanismos de democracia directa que permitan sortear los conflictos políticos. ¿Qué hubiera pasado si el acuerdo con el FMI se votaba en un referéndum no vinculante? ¿Podría el kirchnerismo cuestionar el programa si este hubiese recibido el apoyo mayoritario en las urnas como indicaban muchas encuestas?

En definitiva, si la crisis no tiene solución, la pregunta inquietante a hacerse es si ello no irá socavando aún más el capital político del Ejecutivo y la confianza sobre el programa económico, agravando aún más la dinámica económica. Y si ello ocurriese, ¿en qué momento de ese círculo vicioso los escenarios disruptivos terminarán siendo los más probables? Porque cuando ello ocurra, entonces ya no estaremos queriendo acelerar hacia 2023 para resolver el conflicto político, sino que el 2023 estará acelerando hacia nosotros buscando anticiparse, para ver si la intervención del soberano recrea condiciones políticas más propicias para atender las urgencias de la Argentina. Ese es el verdadero riesgo que enfrenta el proceso político.

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