El Estado no debe ser el palo en la rueda de las pymes

Necesitamos un Estado que controle, pero siempre dentro de los márgenes de la ley y respetando la sana división de poderes. Donde el Congreso legisle y los organismos del Ejecutivo procedan ceñidos a las leyes.

Desde el inicio de este nuevo gobierno nacional genera mucha preocupación la actividad de funcionarios dedicados, casi exclusivamente, a deshacer avances o medidas valiosas para el conjunto de la sociedad realizadas durante la gestión de Cambiemos, que no son pocos. Estos funcionarios entienden que el éxito de sus gestiones está directamente relacionado con el contraste frente al funcionamiento de lo creado en la administración anterior.

En este aspecto tenemos un enorme problema como argentinos, porque nuestros derechos adquiridos y los avances logrados por un gobierno, se encuentran en una permanente inestabilidad. Aspiramos a una sociedad donde estemos costante avance, y no un Estado que gira exclusivamente en torno a los intereses de los funcionarios que ocupan un cargo en la gestión vigente.

Uno de los tantos ámbitos donde veo esta actitud antidemocrática es la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo dedicado a la inscripción y fiscalización de las empresas. Su titular es un funcionario nombrado por el Gobierno Nacional, pero cuyas medidas impactan con exclusividad en la Ciudad de Buenos Aires, una lamentable herencia que arrastramos en el inconcluso proceso hacia la autonomía de nuestra Ciudad.

Al frente de IGJ se encuentra Ricardo Nissen, quien fuera apoderado de Los Sauces y cuyo nombre apareciera mencionado en los medios de comunicación hace unos días por negar información, que debiera ser pública, sobre el Instituto Patria. Destacado doctrinario, es indiscutible, pero también reconocido por tener posiciones vehementes y despectivas respecto del derecho societario, así como de la administración de Cambiemos. Creo que estas referencias preliminares ayudan para entender el contexto.

Con la sanción de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, el Congreso de la Nación creó una serie de herramientas destinadas al funcionamiento y desarrollo de nuestros emprendedores, entendiendo que éstos son una base esencial para el crecimiento de la economía y el empleo. Siempre con el ánimo de hacer del capital emprendedor una tercera pata de las exportaciones argentinas, sumándolo al modelo agroindustrial y el desarrollo energético.

Entre las herramientas creadas se encuentra un nuevo tipo societario dispuesto con las condiciones ideales para estos modelos de negocios: las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). Este tipo de sociedades son simples, rápidas en su constitución, flexibles en su estructura de gobierno, pero capaces de incorporar a diferentes socios accionistas para potenciar los emprendimientos en sus diferentes etapas. Todos estos objetivos son los mismos que persiguen sus similares en Chile, Colombia, España, Reino Unido, Brasil, y demás países.

La potencialidad de las SAS tuvo una rápida repercusión con un crecimiento entre las sociedades creadas. Pasaron de representar el 35% del total de las constituidas en 2018, al 40% en 2019; y en enero del 2020 llegaron al 50%, siendo el tipo societario más elegido. Esto fue el reflejo de una necesidad privada hacia modelos más sencillos, como también un ejemplo de un modelo productivo asociado a la innovación en crecimiento.

Sin embargo, no importa cuánto se haga desde la construcción del instrumento legislativo si no obtienen estándares de estabilidad jurídica. Desde que inició el 2020, el actual inspector de la IGJ se dedicó a proceder con resoluciones cuyo objetivo fue modificar (con efecto retroactivo) las condiciones de aprobación de las SAS. Incluso habiendo llegado a desconocer la amplia doctrina de los actos propios (que impide tomar decisiones contrarias a decisiones antes tomadas en buena fe).

Sabemos necesaria la fiscalización y el control societario, especialmente cuando algunas sociedades puedan estar actuando desfinanciadas o cuando ocultan bienes en perjuicio de terceros o de AFIP. Pero las recientes resoluciones intentan resolver los problemas societarios históricos con métodos desproporcionados y contrarios a nuestro ordenamiento jurídico.

Necesitamos un Estado que controle, pero siempre dentro de los márgenes de la ley y respetando la sana división de poderes. Donde el Congreso legisle y los organismos del Ejecutivo procedan ceñidos a las leyes. Cambiar el orden de los factores, altera seriamente nuestro sistema republicano.

Cuando el Congreso sancionó esta la ley lo hizo inspirado en un Estado que habilita, potencia y acompaña al emprendimiento. Uno que promueve el desarrollo económico de la Argentina e incentiva la creatividad desde el sector privado. También necesitamos de ese tipo de Estado.

En la tensión natural existente entre el Estado que controla y fiscaliza, y el que acompaña y promueve el desarrollo individual, las soluciones tienen que potenciar ambos extremos y no llevarlos a la colisión. Las últimas resoluciones (como la 22 y la 17, entre otras) directamente promueven una alteración sustancial de la previsibilidad y seguridad jurídica de las empresas. Contradicción que llega en el peor momento económico.

La sinergia entre el ámbito del conocimiento expresado en las universidades, el sector privado expresado en los vehículos de financiamiento y los emprendedores, y el sector público, es una de las claves que permiten la proliferación de estos negocios. Cuando pensamos en las acciones del Estado, no solamente tenemos que pensar en las acciones tendientes al apoyo directo, sino al indirecto, que supone la estabilidad jurídica y macroeconómica.

Estas embestidas son similares a las que cuestionaron la estabilidad fiscal prevista en la Ley del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, en el inicio de la actual administración. En aquel momento también se generó una seria inseguridad respecto de las inversiones en curso de muchos emprendedores que creyeron en la estabilidad de nuestras leyes.

En el momento en que la IGJ optó por revisar la legalidad con la que fueron constituidas las SAS (lo que está haciendo con las nuevas resoluciones), está poniendo en tela de juicio uno de los principios fundamentales del orden económico: el de confianza. Cuando modifica los requisitos en forma retroactiva, está jaqueando los derechos adquiridos de los socios originales, los socios sucesores (si los hubiera habido), pero también a las demás empresas y consumidores que contrataron de buena fe con las SAS.

Justamente con el objetivo de evitar este tipo de cambios abruptos es que tenemos un orden jerárquico y reservamos este tipo de atribuciones exclusivamente al Congreso de la Nación. Si el actual Inspector de IGJ tiene pretensiones de plasmar sus conceptos ideológicos y hacer compatibilizar el texto de las leyes con sus ideas, entonces debería dejar su cargo y trabajar por una candidatura a Diputado o Senador de la Nación.

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