Caos y colapso inminentes en la Justicia Nacional del Trabajo

Nos habían citado para una audiencia de testigos y esperábamos parados en el pasillo (los asientos para los que esperan están casi todos destruidos) junto a nuestros representados. Estimábamos que el evento se extendería por dos horas de intensa tarea.

En rigor, duró menos de cinco minutos. En efecto, la sala de audiencias, muy estrecha y rodeada de expedientes desde el piso al techo, tenía a la audiencista junto a la ventana en un pequeño escritorio, con una única silla frente a ella.

Nosotros, casi en fila, estábamos parados en la entrada y fuera de la pequeña sala, cuando ingresó un empleado a seguir apilando expedientes, y cuando lo intentó, se produjo el derrumbe de cientos de expedientes sobre el pasillo, y sobre nosotros.

Salimos todos indemnes por obra de la casualidad, y el acta mencionó simplemente, que la audiencia se suspendió y se fijó nuevo encuentro, a la espera de que no haya otro derrumbe inesperado.

La justicia tardía es injusticia, la justicia interesada es arbitrariedad, la justicia tendenciosa es reprochable, y la corrupción en la justicia constituyen delitos. En rigor, todas las generalizaciones son injustas, y sobre todo esto es aplicable a la Justicia Nacional del Trabajo en donde la mayoría de los jueces, secretarios y empleados trabaja con responsabilidad y denodadamente para que en las actuales circunstancias, siga funcionando el fuero.

Las causas del actual estado de situación son innumerables, y es poco serio atribuir el caos a la cantidad de causas que triplica el límite aceptable, o al procedimiento que depende en mucho del impulso de oficio, o a la falta de una superestructura adecuada con los tiempos y el flujo de nuevos casos, a la Ley de Riesgos del Trabajo, a los conflictos individuales que no se resuelven en forma preventiva en el Seclo, a la falta de medios adecuados, a los juzgados que no tienen designado juez en primera y en segunda instancia, a las interpretaciones jurisprudenciales, a los intereses que se devengan, al empleo de mecanismos de actualización confiscatorios, a la llamada industria del juicio, a las falencias edilicias y de infraestructura mínima indispensable, a la falta de espacios o a la existencia de mafias o de conductas mafiosas, que si existen deben ser investigadas.

En realidad la Justicia Laboral está al borde del colapso por múltiples causas, ninguna de las cuales ha sido resuelta.

Es por ello que nos hemos propuesto proyectar las medidas que resulten más eficientes para resolver el cuadro que presenta hoy la Justicia Nacional del Trabajo, a saber:

1- Cobertura de magistrados faltantes: si tomamos los juzgados vacantes y el flujo de juicios laborales, es prioritario avanzar conforme a los procedimientos ya establecidos con la designación de los jueces de primera instancia y con los camaristas que cubran los puestos vacantes de la actual estructura.

Por la cantidad de casos en trámite, es imprescindible crear diez nuevos juzgados (pasar de 80 a 90) y agregar como mínimo una sala más a la Cámara. Es importante revisar la dotación de los juzgados y salas de la cámara con mucho ausentismo originado en enfermedades profesionales.

2- Infraestructura edilicia y equipamiento: dado el estado de hacinamiento y falta de espacio actual, es urgente proceder a la habilitación de nuevos edificios, que parta de la premisa de mejores condiciones para trabajar, para tomar las audiencias, y para archivar los expedientes que todavía tienen el modelo en papel, de modo de generar condiciones dignas y razonables de trabajo. Para reconvertir los edificios se podría comenzar por los nuevos juzgados, reestructurando los espacios para los existentes.

3- Ajuste del sistema informático: la iniciativa ha sido constructiva, pero requiere de unificación de criterios y de ajustes, para preservar el derecho de defensa en juicio, y que asegure la economía de los procesos y su eficacia.

4- Reforma legislativa que simplifique los procesos, garantice el pleno ejercicio de los derechos, y evite las deformaciones de los intereses en pugna.

La Ley de Riesgos del Trabajo y el régimen indemnizatorio y de multas y recargos en general son de reforma urgente y prioritaria.

El fuero del trabajo merece un proceso dinámico de reconversión para que asegure la administración de justicia y brinde respuesta al castigado ámbito laboral con los reclamos y demandas que requieran la intervención seria del Poder Judicial en pleno ejercicio de sus deberes constitucionales.

 

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