Con el auge del streaming como principal forma de consumo audiovisual, compartir cuentas entre familiares o amigos se volvió una práctica común para reducir gastos y acceder a más contenido. Sin embargo, este crecimiento también trajo problemas como hackeos y la reventa ilegal de accesos, donde terceros ofrecen cuentas a menor precio. En muchos casos, los usuarios afectados detectan la situación por movimientos extraños o porque pierden el acceso a la plataforma. Ante este escenario, algunas jurisdicciones en Estados Unidos comenzaron a encuadrar estas prácticas dentro de marcos legales ya existentes. En el estado de Tennessee, la normativa sobre robo de servicios fue modificada en 2011 para incorporar también a estas plataformas. La norma incluye a los servicios digitales dentro del delito de “Theft of services”, regulado en el Código Penal de Tennessee. Esta figura tiene en cuenta situaciones en las que una persona accede a un servicio sin pagar o sin tener derecho a utilizarlo. Desde una reforma realizada en 2011, el alcance de esta ley se amplió para incluir plataformas de entretenimiento por suscripción, como servicios de streaming, música o contenido digital. Esto implica que, en términos legales, el uso de una cuenta ajena podría encuadrar dentro de este delito si se considera que hay un acceso indebido. Las sanciones dependen del valor económico del servicio utilizado. En los casos más graves, puede tratarse de un delito menor con penas de hasta un año de cárcel y multas que alcanzan los USD 2.500, aunque en situaciones de mayor gravedad puede escalar a delitos más severos. El objetivo principal de la normativa es combatir el fraude organizado, como redes que roban credenciales o venden accesos a plataformas de forma ilegal. Apunta a esquemas donde hay un beneficio económico sistemático y no a conductas domésticas o informales. Por eso, si bien el encuadre legal existe, su aplicación suele estar reservada a contextos más graves. Esto genera una zona gris entre lo que la ley permite sancionar y lo que efectivamente se persigue. En la práctica, no se registran casos masivos de personas sancionadas por ver contenido a través de cuentas prestadas. Desde un punto de vista estrictamente legal, compartir una cuenta podría ser cuestionado si se interpreta que el usuario no tiene derecho a acceder al servicio. Sin embargo, en la práctica, este tipo de uso no suele ser perseguido penalmente. Además, muchas plataformas como Netflix establecen sus propias condiciones de uso, donde limitan el acceso a un mismo hogar o núcleo familiar. Estas restricciones suelen aplicarse a nivel comercial, por ejemplo mediante bloqueos o cargos adicionales, y no a través de sanciones penales. El riesgo de recibir una multa por compartir una cuenta con amigos o familiares es muy bajo en la práctica, aunque no completamente inexistente desde el punto de vista legal. La diferencia clave está en distinguir entre un uso personal y un esquema de explotación o reventa del servicio.